Nuevos precios del biocombustible bajo fuego: productores exigen cumplir la ley

La Secretaría de Energía de la Nación publicó, mediante la Resolución 195/2025, los nuevos precios del bioetanol destinado al corte obligatorio con nafta, estableciendo valores de $788,181 por litro para el elaborado a partir de caña de azúcar y $722,395 por litro para el producido con maíz. Estos precios, que rigen para las operaciones de mayo de 2025 hasta una próxima actualización, se enmarcan en la Ley N° 27.640, que regula el sector de biocombustibles en Argentina. Sin embargo, los productores advierten que la metodología aplicada por la Secretaría no cumple con la normativa vigente, generando perjuicios económicos y poniendo en riesgo la viabilidad de la industria.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, también establece que el plazo máximo de pago por la compra de bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la facturación, con vigencia inmediata. Aunque la medida busca ordenar el mercado, los productores de biocombustibles han expresado un fuerte malestar, argumentando que los precios fijados están por debajo de los costos de producción y no reflejan la fórmula oficial establecida por la Resolución 963/2023.

El reclamo del sector

El descontento del sector se intensificó tras la reciente rebaja del 4% en los combustibles anunciada por YPF, efectiva desde el 1 de mayo pasado, que incluyó el precio de los biocombustibles como factor en la reducción. Los productores, nucleados en entidades como la Cámara de Biocombustibles de Santa Fe, consideran que no fueron consultados ni tenidos en cuenta en esta decisión. En una carta dirigida a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y al subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, la industria del biodiesel expresó su preocupación por la determinación “arbitraria” de los precios.

Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara de Biocombustibles de Santa Fe, explicó : “Lo que exigimos es previsibilidad y el cumplimiento estricto de la normativa vigente, no una suba en el surtidor”, sostuvo al sitio especializado Surtidores. Según la carta, desde julio de 2024, la Secretaría de Energía comenzó a fijar precios del biodiesel “muy por debajo” de los valores que resultan de aplicar la fórmula oficial, lo que generó pérdidas acumuladas de más de $68.000 millones en diez meses. “Una reglamentación no puede ir en contra de la ley. Este accionar es ilegal y genera una distorsión que pone en jaque la sustentabilidad de nuestras plantas”, denunciaron los productores.

El sector también cuestionó el rol de YPF, que justificó la rebaja de combustibles parcialmente con el precio de los biocombustibles. “Si el valor del biodiesel ya fue considerado por YPF en su decisión, corresponde que el Estado publique ese mismo precio que surge de aplicar la fórmula oficial. De lo contrario, se estaría subsidiando con el esfuerzo de las PyMES del sector”, enfatizó Kusznierz.

Un problema estructural

Los productores argumentan que la metodología oficial para fijar precios, respetada durante el primer semestre de 2024, fue abandonada sin explicación, rompiendo el compromiso de transparencia. La fórmula establecida en la Resolución 963/2023 toma en cuenta variables como los costos de producción y el tipo de cambio real, pero las entidades denuncian que los valores actuales se basan en un promedio desfasado que no refleja la realidad del mercado. “Pedimos que, hasta tanto se adopte el nuevo mecanismo en dólares que venimos proponiendo, se respete el tipo de cambio real”, señalaron en la carta.

El sector subraya que su reclamo no busca impactar en los precios al consumidor ni en las estaciones de servicio. “No queremos generar más inflación ni trasladar el problema a las Estaciones de Servicio. Solo pedimos justicia en la formación del precio que nos pagan a nosotros. La transparencia es la única garantía de sostenibilidad para el mercado de los combustibles”, afirmó Kusznierz.

Contexto y desafíos

La situación se agrava en un contexto donde el sector de biocombustibles enfrenta otros desafíos, como la competencia con combustibles fósiles y la necesidad de inversiones para modernizar plantas. La Ley N° 27.640, promulgada en 2021, establece un marco para promover los biocombustibles como alternativa sostenible, pero los productores advierten que su aplicación inconsistente amenaza los objetivos de la normativa, como la generación de empleo en regiones productoras y la reducción de emisiones.

En el caso del bioetanol, las provincias del NOA, como Tucumán, Salta y Jujuy, son clave en la producción a partir de caña de azúcar, mientras que Santa Fe y Córdoba lideran la elaboración con maíz. Estas regiones, que dependen económicamente del sector, podrían verse afectadas si las plantas no logran cubrir sus costos. Los productores han solicitado una reunión urgente con la Secretaría de Energía para revisar la metodología de fijación de precios y garantizar la sustentabilidad de la industria.