Sánchez Loria asegura el fin de la crisis citrícola, pero desde el sector lo desmienten y cuestionan su rol

Las recientes declaraciones de Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) y de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) han desatado una fuerte controversia en el sector citrícola de Tucumán. Sánchez Loria afirmó que “estamos en la parte final de esta crisis del citrus que ya lleva más de cinco años”, sostuvo el dirigente en una entrevista con La Gaceta, pero referentes de la industria productiva rechazaron estas palabras, acusándolas de distorsionar una realidad marcada por la profundización de la crisis y desigualdades estructurales.

“La crisis no ha terminado. Continúa profundizándose. Ya se han perdido más de 9.000 hectáreas de limón en Tucumán, y de acuerdo a estudios de imágenes satelitales realizados por la propia EEAOC, hay otras 9.000 hectáreas que podrían seguir el mismo camino, con consecuencias gravísimas: desaparición de productores, pérdida de ingresos para la región, reducción del empleo rural y pérdida de liderazgo internacional de la citricultura argentina”, denunciaron productores citrícolas consultados por este medio. La situación se agrava con la irrupción de competidores como Uruguay y Sudáfrica, que están ocupando mercados históricamente dominados por Argentina.

Críticas a la gestión y conflictos de interés

El optimismo de Sánchez Loria contrasta con las críticas que apuntan a su doble rol como presidente de ACNOA y de la EEAOC, una institución clave para la investigación y el desarrollo del sector citrícola. Los productores señalan un conflicto de intereses, ya que empresas vinculadas comercialmente con Sánchez Loria, incluida una que estaría invirtiendo en nuevas plantas en el exterior, han iniciado una acción judicial contra el cobro de la tasa de la Ley 5020, que financia las actividades de la EEAOC. Esta maniobra, según los críticos, busca desfinanciar la investigación pública y podría constituir un “abuso de posición dominante” que afecta a los pequeños y medianos productores.

“Quien lidera una institución pública debe defender el interés general, no ser vocero de los sectores más concentrados que buscan desfinanciar la investigación pública y desarticular al entramado productivo local”, afirmaron referentes del sector. La deuda millonaria, alrededor de $7.000 millones, que varias citricultoras tucumanas mantienen con la EEAOC, derivada del no pago de esta tasa, agrava las tensiones y pone en riesgo la sostenibilidad de la institución, que depende de esos fondos para sus investigaciones. Entre las firmas, se encuentran: San Miguel (presidida por Gonzalo Tanoira), Argenti Lemon (Carlos Parravicini), Citrusvil (Pablo y su hermano, el imputado por violencia de género, Daniel Lucci) y Citromax (Vivian Glueck y Henry Rosenberg).

Vale recordar que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán falló a favor de la Experimental en su facultad de cobrar las tasas en cuestión, lo que obliga a las empresas a ponerse al día con los pasivos resultantes del no pago del tributo, una situación que lleva más de 15 años de pleitos judiciales, hasta el pronunciamiento del Máximo Tribunal tucumano.

Desigualdades y distorsiones en el sector

Otro punto de conflicto es el esquema de contratos a largo plazo que grandes empresas citrícolas mantienen con multinacionales como Coca-Cola, asegurándoles precios muy superiores a los del mercado. Este modelo beneficia a un grupo reducido de actores, pero genera distorsiones en los precios del jugo, la cáscara y la fruta fresca, dejando al resto del sector en una posición de producción a pérdida. “Este esquema beneficia a unos pocos y compromete el futuro del sector”, lamentaron los productores, que ven cómo la citricultura tucumana pierde competitividad frente a nuevos orígenes exportadores.

La crisis citrícola, lejos de estar en su fase final, amenaza con agravar la desaparición de productores y la reducción de empleo rural en una región donde el sector es un pilar económico. Estudios satelitales de la propia EEAOC advierten que, además de las 9.000 hectáreas ya perdidas, otras 9.000 están en riesgo, lo que podría consolidar la pérdida de liderazgo de Argentina en el mercado global del citrus.

Intentos frustrados de diálogo

Tendencia de Noticias intentó contactar Sánchez Loria para obtener su versión sobre las declaraciones y las críticas, pero todos los intentos fueron infructuosos. Asimismo, durante la última visita del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger a Tucumán, TDN buscó entrevistar a empresarios citrícolas para profundizar en la situación del sector, en especial lo vinculado a la deuda con la EEAOC, pero los referentes declinaron en brindar declaraciones al respecto. Esta falta de acceso a las voces principales del conflicto refleja la sensibilidad del tema y las divisiones internas en la citricultura tucumana.

Un llamado a la acción

Los productores insisten en que la salida de la crisis no llegará con “declaraciones triunfalistas”, sino con medidas concretas que promuevan equidad, diversificación productiva y un Estado presente que defienda a todos los actores del sector por igual. Entre las propuestas, destacan la necesidad de fortalecer la investigación pública, garantizar precios justos para los pequeños y medianos productores, y revisar los contratos que favorecen a grandes empresas en detrimento de la cadena productiva.

La controversia en torno a Sánchez Loria y su doble rol pone de manifiesto los desafíos estructurales que enfrenta la citricultura del NOA. Mientras el sector espera respuestas, la incertidumbre sobre el futuro de las 9.000 hectáreas en riesgo y el impacto económico en Tucumán sigue creciendo.