Crisis en el Ingenio Ledesma: despidos masivos y reestructuración generan preocupación en la región

El Ingenio Ledesma, uno de los principales empleadores de la provincia de Jujuy, atraviesa una crisis que ha desencadenado una ola de despidos y un programa de reestructuración que genera incertidumbre en la región. En lo que va de 2025, la empresa, propiedad de la familia Blaquier, ha desvinculado a 235 trabajadores, incluyendo 165 en febrero y 70 adicionales en mayo, según denunció el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

La compañía justifica estas medidas como una necesidad para "reducir costos" y "garantizar la competitividad" en un contexto económico desafiante, marcado por la caída de los precios del azúcar y el aumento de los costos de producción. Sin embargo, el gremio y los trabajadores rechazan estas explicaciones, acusando a la empresa de aprovechar la situación para flexibilizar contratos y condicionar las negociaciones paritarias.

Un escenario económico complejo, según Ledesma

Ledesma, con una plantilla de aproximadamente 6.000 empleados, argumenta que el sector azucarero enfrenta un panorama adverso tanto a nivel local como internacional. Según la empresa, los costos de producción, incluyendo salarios (que aumentaron un 220% por paritarias), logística, servicios e impuestos, han crecido significativamente, mientras que los precios del azúcar en el mercado interno y externo han disminuido. En su último balance, la compañía reportó una caída del 5% en las ventas de azúcar durante el ejercicio 2023/24, con 302.000 toneladas vendidas frente a las 318.000 del año anterior. Además, Ledesma pagó $124.061 millones en impuestos durante el ejercicio 2024/25, lo que, según la empresa, agrava la presión sobre sus finanzas.

“En el marco de un escenario complejo, Ledesma está trabajando para dotar a la compañía de una mayor competitividad y continuar invirtiendo en el crecimiento y sustentabilidad del negocio”, señaló la empresa en un comunicado. Entre las medidas adoptadas, se incluye la desvinculación de menos del 3% de su plantilla, asegurando que los trabajadores afectados recibirán la indemnización correspondiente. Sin embargo, el sindicato denuncia irregularidades en estas liquidaciones, afirmando que la empresa paga solo el 60-65% de lo que corresponde, violando derechos laborales.

La respuesta del sindicato: un plan de lucha

El SOEAIL, liderado por Luciano Lezano, ha calificado los despidos como “injustificados y desproporcionados”, acusando a Ledesma de usar estas medidas como una táctica para presionar en las negociaciones paritarias de 2025. “La empresa busca abaratar costos contratando mano de obra temporaria o tercerizada, en lugar de respetar los derechos adquiridos de trabajadores con años de antigüedad”, denunció Lezano. El gremio sostiene que Ledesma, lejos de estar en crisis, reportó ganancias de $40.000 millones en su ejercicio 2023/24, lo que pone en duda la narrativa de dificultades económicas.

En respuesta, el sindicato ha convocado asambleas masivas y medidas de fuerza. En mayo, unos 300 trabajadores votaron por unanimidad realizar un corte de ruta en el puente San Francisco, en Libertador General San Martín, aunque la acción fue frustrada por un fuerte operativo policial. El SOEAIL también anunció que continuará con movilizaciones, ollas populares y acciones legales ante el Ministerio de Trabajo, exigiendo la reincorporación de los despedidos y una recomposición salarial que eleve el sueldo base a $1.800.000, frente a los actuales $800.000, de los cuales la mitad es no remunerativa.

Temor por el impacto social

Los despidos, que afectan a 235 familias en una localidad como Libertador General San Martín, de unos 45.000 habitantes, han generado una creciente preocupación por el impacto social y económico en la región. “Son 235 familias que quedan en la calle, y esto va a impactar tremendamente en la economía local”, advirtió Lezano, quien además señaló que la empresa planea eliminar más departamentos, lo que podría derivar en cientos de cesantías adicionales. Organizaciones de derechos humanos, como CAPOMA, han expresado su solidaridad, destacando que “en épocas de crisis, las empresas que nunca pierden dinero no se ponen en el lugar de estas familias”.

La situación se agrava por la percepción de inacción del Estado. Lezano criticó la ausencia de la Secretaría de Trabajo, que “solo redacta actas” sin mediar efectivamente en el conflicto. Esta falta de intervención estatal, sumada a la postura inflexible de Ledesma, ha intensificado el malestar entre los trabajadores, quienes sienten que la empresa, con una historia de 115 años y un rol clave en Jujuy, explota los recursos naturales y humanos de la región sin retribuir justamente.