Nuevo INTA: Advierten que el 75% del personal en la región puede ser despedido, mientras el campo se divide entre críticas y apoyos

El Gobierno nacional, a través del Decreto 462/2025, oficializó la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), justificándola como una medida para corregir ineficiencias y modernizar su estructura. Entre los motivos esgrimidos, se destaca el sobredimensionamiento organizativo, con 932 cargos jerárquicos y una dotación de 6.059 agentes a abril de 2025, así como deficiencias en el control interno señaladas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en 2022. Estas incluyen problemas en la gestión de convenios, finanzas, compras y contrataciones. “La magnitud operativa del organismo, junto con el elevado volumen presupuestario y su extendida red territorial, exigen un modelo de gestión que mejore la coordinación con las distintas áreas de la Administración Pública Nacional y refuerce los controles en la ejecución de los recursos”, argumenta el decreto.

Esta reestructuración, que convierte al INTA en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, elimina el Consejo Directivo, reemplazándolo por un Consejo Técnico con funciones asesoras. Este nuevo Consejo, integrado por el presidente del INTA y siete miembros designados por el Ejecutivo, tendrá un rol limitado a “el establecimiento de los lineamientos científico-técnicos del organismo” y no manejará presupuestos. “Los miembros del Consejo Técnico deberán tener reconocida versación y notoria experiencia en materia agropecuaria y poseer, al menos cuatro de ellos, título de grado universitario. Durarán cuatro años en sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos”, detalla el texto.

El director regional Luis Erazzú que coordina al organismo en Tucumán y Santiago del Estero, sostuvo que "hoy enfrentamos amenazas que podrían modificar gravemente la gobernanza institucional, reduciendo la participación de los sectores productivos en las decisiones del INTA. Además, se habló de despidos que, en nuestra región, afectarían al 75 % del personal. Eso comprometería de manera directa nuestro aporte al desarrollo tecnológico y productivo.”

En tanto, el vicegobernador de la Provincia, Miguel Acevedo destacó la importancia estratégica del INTA para el desarrollo agroproductivo del norte argentino: “Esta institución tiene un prestigio enorme y cumple un rol fundamental en la mejora de la producción local. Respaldamos su tarea frente a un contexto nacional adverso que no siempre comprende su relevancia federal.”

También subrayó la necesidad de visibilizar el trabajo de los organismos científicos y tecnológicos: “Muchos de los productos que tenemos en la mesa, y muchas empresas que han crecido, lo han hecho gracias a desarrollos del INTA y el CONICET. El problema es que muchas veces, desde Buenos Aires, no se alcanza a dimensionar la importancia de estas instituciones en el interior.”

La decisión de la gestión libertaria generó reacciones opuestas en el sector agropecuario. La Mesa de Enlace, que reúne a Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, expresó su “incertidumbre y preocupación” ante la pérdida de autonomía del INTA. “En un país históricamente vulnerable a las modificaciones impulsadas por los sucesivos gobiernos, estamos convencidos de que los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable, para evitar alteraciones que afecten procesos, metodologías y la toma de decisiones”, afirmó el comunicado de la entidad, que también destacó la necesidad de modernizar el INTA, pero sin que pierda su independencia. “Somos plenamente conscientes de que este organismo necesita modernizarse, potenciando sus recursos humanos y consolidándose como motor de investigación, desarrollo y extensión rural en la Argentina”, añadieron, reclamando ser convocados para evaluar las implicancias del nuevo esquema.

Transformación y funcionalidades

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), liderado por José Martins, respaldó las reformas, pero con condiciones, considerando que los cambios representan “una oportunidad histórica para lograr una transformación saludable para el INTA”. Entre sus propuestas, el CAA enfatizó la necesidad de eliminar cargos políticos, recuperar el rol original del organismo, profesionalizar al personal, establecer rendición de cuentas transparente y fomentar la articulación público-privada. Sin embargo, rechazó una posible fusión entre el INTA y el INTI, argumentando que “tienen competencias y territorialidad bien diferenciadas”.

El decreto también redefine las funciones del INTA, que ahora estarán bajo la conducción de un presidente con rango de secretario, designado por el Poder Ejecutivo. Este tendrá amplias atribuciones, como “gestionar los bienes y el patrimonio asignados”, “dictar el reglamento interno” y “determinar los Centros de Investigación, Estaciones Experimentales, Institutos de Investigación y Laboratorios necesarios”. El organismo deberá “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias en todo el territorio nacional y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales de la tecnificación y el mejoramiento de la industria agropecuaria y de la vida rural”, según el texto que modifica la Ley 21.860 de 1956.

En cuanto a los Centros de Investigación y Estaciones Experimentales, el decreto establece que funcionarán bajo la coordinación del presidente del INTA, con asesoramiento del Consejo Técnico, mientras que los Consejos Regionales y Locales mantendrán un rol meramente consultivo. “En cada Estación Experimental podrá funcionar un Consejo Local Asesor integrado por funcionarios técnicos de sus respectivos servicios, productores agropecuarios, representantes de los organismos locales de las provincias adheridas y otras entidades regionales”, indica el texto. Esta centralización de decisiones, que excluye a entidades como CREA y universidades del nuevo esquema de gobernanza, es uno de los puntos más criticados por el sector rural.