Malestar en el Colegio de Abogados de Tucumán por convenio de asistencia jurídica firmado por el Gobierno provincial

El reciente convenio firmado entre el Gobierno de Tucumán y el Ministerio Pupilar y de la Defensa, que da inicio al Programa de Asistencia Jurídica Comunitaria (PRO.A.JU.CO), generó un fuerte malestar en el Colegio de Abogados de la provincia. La entidad, a través de un comunicado oficial, manifestó su rechazo al acuerdo, al considerar que afecta el ejercicio profesional de los abogados y podría incurrir en ilegalidades.

El convenio, rubricado el pasado 14 de mayo en un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, establece la creación de Oficinas Móviles de Atención Jurídica Gratuita que recorrerán más de 90 comunas rurales y municipios del interior provincial, brindando asesoramiento legal en diversas áreas del derecho a personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, desde el Colegio de Abogados advierten que el objeto del acuerdo “afecta el ejercicio de la profesión de abogado”, función que, según remarcan, la institución tiene el deber legal de defender. “Nuestra manifestación se fundamenta en la ilegalidad de lo convenido, en tanto afecta el ejercicio de la profesión de abogado, que como Colegio nos corresponde defender”, expresaron desde el Consejo Directivo.

En ese sentido, la entidad aclaró que su postura no implica desconocer la necesidad de asistencia jurídica para personas vulnerables, recordando que por ley el Colegio de Abogados ya brinda este servicio a través del Consultorio Jurídico Gratuito, donde se atienden numerosas consultas y se tramitan causas de quienes no pueden acceder a un abogado particular.

El presidente del Colegio, Alberto López Domínguez, junto con el Consejo Directivo, informó que se encuentran “en reuniones permanentes y en alerta para la defensa del ejercicio de la profesión de abogado”. Asimismo, solicitaron una reunión urgente con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Ministerio Público de la Defensa para plantear sus inquietudes y defender el derecho de los abogados matriculados a ejercer su profesión en un marco de respeto al orden legal e institucional.

“No estamos en contra de las actividades públicas que pudieran hacerse, pero siempre en el marco del respeto del orden legal e institucional, haciendo respetar el derecho de los abogados matriculados de ejercer nuestra profesión”, enfatizaron.

Por otra parte, el Colegio anunció que trabaja en la apertura de nuevas delegaciones en el interior de la provincia, con el objetivo de ampliar la representatividad y el apoyo a los abogados que trabajan en zonas alejadas de la capital.

El martes 14 de mayo se llevó a cabo en el Predio Ferial de Tucumán el lanzamiento oficial de este programa. El convenio firmado establece la puesta en marcha de un sistema de Oficinas Móviles de Atención Jurídica Gratuita, que recorrerán más de 90 comunas rurales y municipios del interior tucumano. El objetivo es acercar asesoramiento legal integral en materia penal, civil, laboral, de familia, violencia familiar y de género, y previsional, entre otros, a sectores históricamente postergados y con dificultades de acceso a la justicia.

Durante el lanzamiento, el gobernador Jaldo remarcó la importancia de descentralizar los servicios jurídicos y destacó que, gracias a la incorporación de tres unidades móviles completamente equipadas, los vecinos del interior podrán recibir atención y orientación legal sin necesidad de trasladarse a la capital. “Los problemas los vamos a empezar a resolver en el lugar donde se generan, mediando en el lugar y en el tiempo que corresponden. Así, no hay duda, que no se van a agravar y se van a solucionar”, expresó el mandatario provincial.

El ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, detalló que el programa comenzará a funcionar a partir del lunes 19 de mayo, con un cronograma coordinado junto a intendentes y comisionados comunales, quienes serán los encargados de difundir la presencia de los móviles en cada localidad. El servicio está destinado prioritariamente a niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y cualquier ciudadano en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el ministro de Interior, Darío Monteros, subrayó que la iniciativa beneficiará a 91 comunas rurales y dos municipios que hasta ahora no contaban con oficinas del Ministerio Pupilar y de la Defensa. “Muchos vecinos del interior no saben a qué puerta golpear ante problemas como violencia de género, alimentos o conflictos vecinales. Hoy eso cambia”, afirmó Monteros, quien calificó el programa como un paso histórico hacia la federalización del acceso a la justicia.

El intendente de Simoca, Elvio Salazar, también celebró la medida, señalando que permitirá a las personas de bajos recursos consultar sobre distintas situaciones sin la necesidad de viajar a la capital, evitando así que los reclamos queden inconclusos por falta de seguimiento.

Con la puesta en marcha de este programa, el gobierno provincial busca garantizar una justicia más cercana, inclusiva y efectiva, eliminando barreras geográficas y económicas. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y prevé acciones conjuntas de capacitación y coordinación institucional, reafirmando el compromiso del Estado con la ampliación de derechos y la presencia activa en el interior profundo de Tucumán.