Dura crítica del PJ legislativo a Montaldo por la ESI: "Su falta de implementación es una grave vulneración de derechos"

En un tono bastante crítico para con la administración a la cual pertenecen y representan políticamente, en especial en lo que refiere al área educativa, las legisladoras peronistas, Nancy Bulacio y Sara Fernández, mediante un proyecto de Resolución, instaron al Ministerio de Educación de la provincia a "dar pleno cumplimiento" a la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y a su adhesión por medio de la Ley Provincial N° 8.197, "garantizando su implementación efectiva en todas las instituciones educativas públicas y privadas" de Tucumán.

De acuerdo a lo señalado por las parlamentarias, a pesar de esta adhesión legal (sancionada en 2022 por la Legislatura local), diversos informes y estudios realizados en los últimos años "evidencian que la implementación de la ESI en Tucumán es parcial, desigual y, en muchos casos, inexistente. Esta situación no solo representa un incumplimiento normativo, sino también una grave vulneración de derechos para

niñas, niños y adolescentes tucumanos".

Es en este sentido que, la iniciativa plantea asimismo requerir al Ministerio, conducido por Susana Montaldo, la elaboración y presentación, en el plazo de 60 días, de un informe detallado ante la Cámara sobre el estado de implementación de la ESI en la provincia, incluyendo estadísticas desagregadas por nivel educativo, departamento y tipo de gestión. Seguidamente, se insistió en la necesidad que dicho informe contemple las acciones realizadas para la formación docente continua en ESI, así como las estrategias para la evaluación y monitoreo de su implementación en las aulas.

Equiparación de culpas

Las legisladoras del PJ sostuvieron en sus fundamentos que, por segundo año consecutivo, en el ciclo lectivo 2025 en las escuelas tucumanas, los estudiantes no contarán con la ESI, y los docentes no tendrán espacios formativos sobre la temática.

"El desfinanciamiento de este Programa Nacional por parte del gobierno de Javier Milei y el desmantelamiento del equipo de ESI del Ministerio de Educación provincial son las causas de esta pérdida. Como consecuencia, niños, niñas y adolescentes tucumanos quedaron sin su derecho a recibir una educación que promovía el autocuidado, la prevención de situaciones de riesgo y la formación de vínculos respetuosos", advirtieron las representantes de la bancada peronista.

Al respecto, Bulacio y Fernández recordaron que la ESI no se limita a contenidos biológicos o reproductivos, sino que abarca aspectos emocionales, afectivos, psicológicos y sociales. Remarcando, a su vez, que la normativa en cuestión, se basa

en cinco ejes fundamentales: el cuidado del cuerpo y la salud; el reconocimiento

de la perspectiva de género; el respeto por la diversidad; la valoración de la

afectividad; y el ejercicio de los derechos. "La ESI es una herramienta fundamental para garantizar derechos, prevenir abusos sexuales, embarazos no intencionales, enfermedades de transmisión sexual (ETS e ITS) y promover relaciones saludables, el respeto a la diversidad y la equidad de género", detallaron.

Tras señalar que la ESI en las escuelas permitió que los estudiantes identifiquen situaciones de maltrato, violencia y abuso sexual, las legisladoras marcaron que el Ministerio de Educación de la Nación, a través de sus boletines oficiales, y el propio INDEC mediante la Encuesta Nacional de Niñez y Adolescencia (ENIA), "han advertido que los niveles más bajos de implementación de la ESI se registran en provincias del NOA, entre ellas Tucumán".

Colegios católicos, en la mira

Paralelamente, en la iniciativa se recuerda que desde 2011 hasta 2023 funcionó un equipo de ESI dependiente del Ministerio de Educación. Sus funciones incluían dar capacitaciones de manera permanente y gratuita a docentes de todos los niveles y acompañar a escuelas y a equipos de orientación escolar en situaciones complejas, que representaban vulneraciones de derechos. Sin embargo, Bulacio y Fernández hicieron hincapié en que "Tucumán es una de las cinco provincias que desmanteló sus equipos de ESI en sintonía con el ajuste del Gobierno Nacional. Las otras provincias que tomaron la misma medida son Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz y Río Negro".

Además, cargaron sobre el real cumplimiento de la ley, sobre todo en las instituciones confesionales o privadas, "donde a menudo se restringe o tergiversa el enfoque integral y laico que establece la normativa", aseguraron.

Ante lo expuesto, las parlamentarias del PJ insistieron en que "resulta imperioso que la Legislatura, como poder del Estado con responsabilidad en el diseño y control de las políticas públicas provinciales, inste al Poder Ejecutivo a cumplir con una ley que protege derechos fundamentales", concluyeron Bulacio y Fernández en sus argumentos.