La oposición estalló contra el sobreprecio en la refacción de la sala de Montaldo: "Un lujo mientras las escuelas se caen"

Una fuerte controversia sacude al Ministerio de Educación de Tucumán tras la autorización de una contratación directa para la refacción de la sala de reuniones de la ministra Susana Montaldo, adjudicada a la empresa Detho S.R.L. por $7.490.501,20, un 22% por encima del presupuesto inicial de $6.129.955,27. La obra, justificada por “necesidad y urgencia” según el decreto 1691/5 firmado por Montaldo y el secretario de Gestión Administrativa, Rodolfo Edgardo Bunader Valperga, desató críticas de la oposición, que denuncia prioridades equivocadas, falta de transparencia y un nuevo capítulo de “impunidad administrativa” en un contexto donde las escuelas provinciales enfrentan graves problemas estructurales.

La contratación, informada por Tendencia de Noticias, que incluye instalaciones eléctricas para videoconferencias y pintura de muros para crear un “ambiente confortable”, se ampara en una excepción temporal del DNU 1/3 (MEyP) del 6 de enero de 2025, que exime hasta fin de año la presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal, permitiendo que Detho S.R.L. fuera seleccionada pese a no contar con este documento clave. La oposición cuestiona la falta de licitación pública y la adjudicación a una empresa que, según el Departamento de Compras y Contrataciones, superó a otras dos ofertas (Constructora Ar S.R.L. y Malelu Construcciones S.A.S.), aunque no se detallaron los motivos de la desestimación de esta última.

Voces en contra

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue contundente en su crítica: “Es realmente sorprendente cómo el Ministerio de Educación de Tucumán ha decidido priorizar la refacción de la sala de reuniones de la ministra, mientras las escuelas se desmoronan. Un ‘aula de crisis’ en la oficina de la ministra es más urgente que un techo que se cae”. La radical ironizó sobre el sobreprecio del 22% y la ausencia del certificado fiscal: “La contratación a Detho S.R.L. con un sobreprecio del 22% es una jugada maestra de malabarismo financiero. ¿Para qué hacer una licitación justa cuando se puede ejercer la ‘necesidad y urgencia’ para embellecer un espacio que podría haber sido ignorado? Aparentemente, eso es un detalle administrativo que no debería interponerse en el camino de una buena reforma de oficina”.

Elías de Pérez también señaló las prioridades distorsionadas: “Es irónico que, en un contexto donde las aulas necesitan reparaciones urgentes, el gobierno gaste millones en crear un ‘espacio confortable’ para discusiones que no abordarán los problemas reales de la educación. Tal vez la sala de reuniones ahora tenga un aire tan fresco que olvidaremos que los estudiantes reciben clases en condiciones deplorables. ¡Bravo por la gestión!”. Para Elías de Pérez, “la infraestructura escolar sigue siendo un lujo del que no todos pueden disfrutar. Es hora de que se prioricen las necesidades de nuestras escuelas y no las de una oficina”.

Por su parte, Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, calificó la contratación como un “derroche descarado” y exigió transparencia: “Mientras los establecimientos educativos siguen desplomándose, se destinan millones a embellecer despachos en lugar de salones y aulas. ¿Por qué no se hizo una licitación abierta? ¿Qué vínculo tiene el proveedor beneficiado? Todo llama a sospechas de favoritismo y clientelismo”. Bussi enumeró demandas puntuales: “Exigimos la publicación inmediata del expediente completo de la contratación, una investigación por parte del Tribunal de Cuentas y la Auditoría General, y la suspensión de cualquier nueva contratación discrecional que beneficie a ‘amigos de turno’”. Para el legislador, “los tucumanos merecen aulas con buena calefacción y baños en condiciones, no un escritorio reluciente para el ministro”.

En tanto, el parlamentario José Seleme (Avanza Tucumán) también expresó su indignación: “¿No le alcanza a la Ministra de Educación con lo que tiene? Resulta que en medio de la ola polar cerraron las aulas porque no estaban en condiciones. ¿Por qué no cierra su despacho y se reúne vía Zoom con quienes debe? ¿No hay plata para equipar las aulas pero sí para el despacho de la Ministra?”. Seleme calificó la contratación como “un escándalo por donde se lo mire” y cuestionó los privilegios: “No conformes con tener privilegios sobre los alumnos y maestros, se da el lujo de pagar con sobreprecios y sin licitación las obras. ¿Los chicos que no pueden ir a clases son ciudadanos de segunda y la Ministra tiene privilegios? Estas son las cosas con las que tenemos que terminar”.

Un proceso bajo la lupa

El decreto justifica la contratación directa en el Artículo 59, inciso 2 de la Ley de Administración Financiera, que permite este mecanismo por “necesidad y urgencia”, y en el Artículo 2° de la Ley de Obras Públicas N° 5854, que excluye obras de “montos reducidos o de carácter artesanal”. Sin embargo, la falta de detalles sobre la desestimación de una de las ofertas y la excepción del certificado fiscal alimentan las sospechas de irregularidades. La obra, que tiene un plazo de ejecución de 30 días, fue autorizada con la intervención de la Contaduría General de la Provincia y el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero la oposición insiste en que se trata de un nuevo caso de “impunidad disfrazada de urgencia administrativa”.