El caso de la narcopolítica de Alberdi, a un paso de quedar en manos de la Justicia Federal

El escándalo por el narcogate, que terminó con la intervención de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi en los primeros días de junio, está a un paso de quedar por completo en manos de la Justicia Federal, que vino realizando actuaciones de forma paralela con la Justicia Provincial.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz se declaró competente para avanzar con la pesquisa, que involucra a exfuncionarios de ese municipio ubicado al sur de la provincia, incluidos el depuesto exintendente Luis “Pato” Campos por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.

Para concretar el traspaso definitivo de las actuaciones a la órbita federal y el desplazamiento de la Justicia ordinaria, solamente resta que el juez José Manuel Diaz Vélez convalide el dictamen del fiscal, que es lo que se estima ocurrirá en las próximas horas.

“Había hechos en común que estábamos investigando tanto la Justicia Provincial como la Justicia Federal. Pero hay una manda constitucional que indica que no puede haber dos investigaciones sobre el mismo hecho, por lo que consideramos que en virtud de los delitos de narcotráfico y de lavado de activos correspondía al fuero de excepción, que es el fuero federal, entender en la investigación y unificar las mismas”, explicó el fiscal federal Vehils Ruiz en diálogo con Canal 8.

Como se viene informando, el caso se originó tras la viralización de un audio en el que el empresario Roque “Chipi” Giménez dialoga con Campos y expone supuestos vínculos entre funcionarios de Alberdi con redes de narcotráfico.

El escándalo que desató el contenido de la grabación tuvo consecuencias políticas, institucionales y judiciales. El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el 9 de julio la intervención de la Intendencia y el Concejo Deliberante de Alberdi y hace unos días anunció el llamado a elecciones para cubrir esos cargos el próximo 26 de octubre, junto con los comicios de diputados nacionales. Además, la Justicia Federal y Provincial iniciaron investigaciones en forma paralela.

En el comienzo de las actuaciones, Vehils Ruiz solicitó distintos allanamientos y pidió la detención de Giménez, Campos y del exsecretario de Hacienda, José Roldán, pero el juez Díaz Vélez no hizo lugar a la medida.

En tanto, en la Justicia Provincial, la fiscal Mónica García de Targa, consiguió que dicten la prisión preventiva a Giménez, Roldán, el exsecretario de Desarrollo Social de Alberdi, Pablo Barrionuevo y el exconcejal Albano Loru, quienes permanecen detenidos por el supuesto delito de asociación ilícita.

Debido a que durante las audiencias surgió la hipótesis de la existencia de una red narco con contactos políticos en Alberdi que también sugería maniobras de lavado de dinero, la fiscal García de Targa solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, que tiene competencia para avanzar contra este tipo de organizaciones criminales.

Finalmente, Vehils Ruiz se declaró competente para hacerse cargo del caso por considerar que la magnitud de los hechos investigados así lo determina. “Ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que dice que cuando hay una causa federal y una provincial, o ante la duda, también se inclina la jurisprudencia hacia la hacia el órgano de excepción, es decir hacia la Justicia Federal”, argumentó el fiscal federal.

El magistrado detalló que, desde el inicio de la investigación, tanto la justicia provincial como la federal habían llevado a cabo medidas procesales conjuntas, como allanamientos, siguiendo un camino similar. "Ellos desde la búsqueda de algún delito de índole provincial y nosotros de índole federal, pero en definitiva estábamos los dos recorriendo el mismo camino, por eso es que nosotros nos pareció más prolijo solicitar la declinatoria", señaló.

Vehils Ruiz destacó que la provincia "se anticipó" al declinar su competencia en favor de la justicia federal, lo cual agilizó el proceso. "En el día de ayer, el juzgado nos corrió vista respecto de esa temática y elaboramos un dictamen justamente dando las razones por las cuales sí le corresponde a la justicia federal hacer la investigación", informó.

Aunque el juez aún no se ha expedido formalmente sobre la competencia, el fiscal adelantó que solicitarán medidas complementarias que consideran cruciales. "Nosotros tenemos un número de imputados, pero aparentemente serían más. Entonces, bueno, vamos a pedir que nos corran vista de todo", afirmó, dejando entrever la posible ampliación del alcance de la causa.

Cómo sigue la investigación

Consultado sobre posibles medidas futuras, Vehils Ruiz se mantuvo cauteloso debido al secreto de la investigación. Sin embargo, no descartó acciones de relevancia. "No estamos hablando de la libertad de las personas, o sea, hacer futurología no me parece muy correcto, pero también podría ser", dijo, al ser preguntado sobre la posibilidad de detenciones, como la del ex intendente, o pedidos de desafuero, como el de la legisladora esposa del ex intendente.

El fiscal también confirmó que la investigación federal ha sumado nuevos elementos a partir de la información recabada por la provincia, lo que ha fortalecido la causa. "A la investigación nuestra se sumaron nuevos elementos por parte de la investigación de la provincia. Aparte, tengan ustedes, pero ustedes lo saben que hay gente detenida como consecuencia de la acción de la provincia. Entonces, bueno, también está ese detalle que no es menor", precisó.

Respecto a la colaboración de la intervención en Alberdi, el fiscal aseguró que ha sido total. "Nosotros cuando le pedimos la colaboración de entrar y sacar toda la documentación que creíamos que teníamos que apuntar, la colaboración fue totalmente 100%, fue absoluta", enfatizó.

Finalmente, Vehils Ruiz no descartó que el caso pueda tener ramificaciones más allá de Tucumán, debido a la naturaleza del delito investigado. "Sin ninguna duda, yo lo dije una vez, la cocaína no se fabrica en Alberdi", sentenció.

Sobre los plazos para la decisión del juez federal, el fiscal explicó que la feria judicial se habilitó justamente por la existencia de personas detenidas, lo que acorta los tiempos. "Supongo yo, no me quiero poner en el rol del juez porque no me corresponde, pero ustedes saben cómo son los tiempos de las justicias, no hay un tiempo exacto, un término medio. Sí, por supuesto que como hay personas detenidas, los tiempos son más cortos", concluyó.