"Cuidar el ambiente no puede seguir siendo una promesa vacía"

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) expresó su rechazo al veto impuesto por el Poder Ejecutivo a la Ley que creaba el Cuerpo Provincial de Guardaparques, sancionada por unanimidad el 26 de junio pasado. La norma, que había sido elevada a la Cámara por la radical y promovida por el Grupo de Estudios Rurales de Tucumán (GERTUC) junto a los legisladores Javier Noguera y Claudio Viña, buscaba fortalecer la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de la provincia. El veto se basa en objeciones técnicas, legales y presupuestarias.

“El proyecto de ley que crea el Cuerpo Provincial de Guardaparques fue fruto de un trabajo serio, responsable y, sobre todo, consensuado. No nació del capricho ni de una urgencia improvisada, sino del diálogo con especialistas, técnicos del sector, organizaciones ambientales y académicas, y fue aprobado por unanimidad en la Legislatura, con el acompañamiento de todos los bloques políticos”, afirmó Elías de Pérez. La legisladora destacó el amplio respaldo que la iniciativa recibió tras un proceso participativo y subrayó su relevancia para la protección ambiental.

El proyecto establecía la creación de un cuerpo inicial de 25 guardaparques, con posibilidad de expandirse hasta 165, priorizando a baqueanos locales por su conocimiento del terreno. Sus funciones incluían preservar ecosistemas, fiscalizar actividades que atentaran contra la biodiversidad, promover el turismo sostenible, monitorear el ambiente, combatir incendios forestales y proteger especies en peligro de extinción. Además, proponía el 20 de noviembre como el “Día Provincial del Guardaparque” en homenaje al Parque Provincial La Florida.

Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que la ley presentaba “inconsistencias técnicas, legales, presupuestarias, operativas y administrativas” que dificultarían su implementación. Según el gobierno, el proyecto no especifica fuentes de financiamiento claras, omite recursos logísticos necesarios y carece de un marco claro para los derechos y deberes de los agentes. La Dirección General de Presupuesto señaló que no es posible cuantificar el impacto fiscal, mientras que la Subsecretaría de Medio Ambiente advirtió que la iniciativa podría quedar en una “declaración de buenas intenciones” sin un plan de implementación estratégico. También se cuestionó la alineación con la Ley Nacional N° 22.351 y el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), así como la falta de claridad en las potestades de los guardaparques, como la capacidad de clausurar actividades en infracción.

Desacierto

Elías de Pérez refutó estas observaciones con vehemencia: “El veto del Poder Ejecutivo es profundamente desacertado. No se está rechazando solo una ley: se está frenando una herramienta imprescindible para cuidar nuestros recursos naturales, preservar la biodiversidad y fortalecer las Áreas Naturales Protegidas en la provincia”. La legisladora insistió en que las cuestiones técnicas señaladas, como el financiamiento o el régimen disciplinario, “podrían y deberían haber sido resueltas en la reglamentación”. Además, enfatizó: “El gobierno debe entender que cuidar el ambiente no puede seguir siendo una promesa vacía. Tucumán necesita decisiones valientes y comprometidas. Este proyecto lo fue y por eso vamos a insistir”.

El veto contó con el respaldo de organismos técnicos como la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Fiscalía de Estado, que coincidieron en las limitaciones de la norma. El Ente Autárquico Tucumán Turismo también señaló debilidades en las potestades asignadas a los guardaparques, advirtiendo posibles conflictos legales. A pesar de reconocer el “anhelo histórico” de crear el cuerpo, el Ejecutivo priorizó las objeciones técnicas y recomendó subsanarlas antes de avanzar.