Omodeo denunció ante la Justicia Federal presuntos desvíos de fondos en municipios peronistas

La diputada nacional por Tucumán, Paula Omodeo (CREO), presentó formalmente este martes ante la Justicia Federal con asiento en la provincia una denuncia penal, basada en una investigación realizada por su espacio político, por el presunto desvío de fondos públicos en municipios donde gobierna el peronismo.

El documento detalla una serie de retiros de fondos públicos en efectivo “sin justificación” que fueron realizados durante 2023 por las Municipalidades de Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules, todas gobernadas por intendentes del oficialismo provincial. En la denuncia se advierte que el monto total retirado sin respaldo asciende a más de $ 36.800.

Según el informe, los movimientos de fondos coinciden con fechas clave del calendario electoral, como las elecciones provinciales del 11 de junio o las PASO nacionales. En su presentación, CREO sostiene que los municipios recibieron durante ese año transferencias muy superiores a las que les habrían correspondido por ley, y que gran parte de ese dinero fue retirado por ventanilla, en efectivo. En el caso de Banda del Río Salí, se registró un 48% más de ingresos respecto a lo estipulado por la coparticipación y el Fondo de Desarrollo del Interior.

“Lo que vimos y denunciamos es algo que se repite hace años: se usa la plata de los tucumanos como si fuera un recurso del partido del gobierno. Los municipios reciben más o menos según su alineamiento político, y eso genera una dependencia que no ayuda a nadie”, explicó Omodeo. Y agregó: “Hay plata que falta en escuelas, hospitales y servicios, y sin embargo aparece justo antes de cada elección en efectivo, sin rastro, sin control. Eso no puede seguir pasando”.

El informe que forma parte de la denuncia presentada por la parlamentaria opositora a la gestión de Osvaldo Jaldo también resalta el esquema de financiamiento que rige desde hace más de dos décadas en Tucumán, a partir del llamado “Pacto Fiscal”, mediante el cual los municipios ceden su coparticipación a cambio del pago de sueldos a través del Gobierno provincial. En la presentación, CREO advierte que este sistema permite un manejo discrecional de fondos que se traduce en ventajas electorales para el oficialismo y condiciona la autonomía de los intendentes.

“Todo esto lo ponemos a disposición de la Justicia porque creemos que los tucumanos tienen derecho a saber cómo se usa su plata. Lo dijimos en el Congreso, lo mostramos con datos, y ahora lo presentamos en la Justicia. Tucumán no puede crecer si seguimos naturalizando estas prácticas”, concluyó Omodeo.

El informe que dio pie a la demanda

El documento elaborado por CREO, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, refleja un exhaustivo análisis de la situación financiera de los municipios de Tucumán tras la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en marzo, lo que abrió una investigación en la Justicia Federal por presuntos delitos de peculado, lavado de activos y asociación ilícita.

El explosivo informe de CREO remonta sus antecedentes al año 2000, cuando el entonces ministro de Economía y luego gobernador, José Alperovich, hoy detenido por abuso sexual, impuso el "Pacto Fiscal", un mecanismo que hasta la actualidad subordina financieramente a intendentes y comisionados rurales, en una dependencia total de la Casa de Gobierno. “En efecto, varios intendentes y delegados acceden a firmar un pacto - renovado hasta el presente - por el cual renuncian a lo que les correspondía por ley (de coparticipación provincial y del fondo de desarrollo del interior) a cambio de que la Provincia se hiciera cargo de sus planillas salariales”, explica el estudio.

También detalla que el núcleo de la denuncia de PROCELAC reveló que ocho municipios del NOA, incluidos cuatro de Tucumán: Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules, realizaron extracciones en efectivo por ventanilla por un total de aproximadamente 45.000 millones de pesos, equivalentes a unos 90 millones de dólares. Estas operaciones fueron calificadas como "inusuales" por la magnitud de los montos y la falta de justificación de los destinos de los fondos.

La investigación de CREO detalla que el Gobierno provincial adelantó fondos de haberes a municipios de forma inédita en abril de 2023, justo antes de las elecciones inicialmente previstas para mayo de ese año. El informe advierte que, tras la suspensión de esos comicios por parte de la Corte Suprema, los retiros en efectivo continuaron, como lo evidencia el llamado "Operativo Mochila", cuando cadetes de la policía retiraron millones de pesos del Banco Macro en mochilas para trasladarlos a la Casa de Gobierno.

En el estudio elaborado por CREO, a cuya presentación asistieron profesionales, docentes y alumnos universitarios, se resalta que, según el informe de PROCELAC, “la inusualidad de este modo de proceder (en varias ocasiones luego de la recepción de fondos públicos de coparticipación federal, provincias y municipales, que se habrían efectuado inmediatas extracciones en efectivo), la magnitud y el tipo de operaciones realizadas, como también la falta de justificación de las transacciones y el destino de los fondos”.

Agrega que “llaman especialmente la atención las extracciones de cuatro municipios tucumanos del mismo partido del gobernador de aquel entonces (Juan Manzur) y dirigentes de confianza del actual gobernador (Osvaldo Jaldo)”, en alusión a Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules.

La investigación realizada por el equipo de profesionales de CREO sostiene que el caso más llamativo dentro de la denuncia de PROCELAC es sin duda el del municipio de la Banda del Río Salí, que encabeza la lista de retiros en efectivo por ventanilla por un total de $17.256.585.514 o aproximadamente 35 millones de dólares.

También resalta que “el intendente de ese momento (entre 2022 y 2023), Darío Monteros, fue el gran armador de la campaña del peronismo en Tucumán y es el actual ministro del Interior y hombre de confianza de Osvaldo Jaldo”. Además, advierte que “el dinero extraído podría haber financiado la campaña del actual intendente de la Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, hijo de Darío y de la diputada nacional por Tucumán, Gladys Medina, esposa de Darío y por supuesto la de Osvaldo Jaldo, actual jefe de Darío”.