Elías de Pérez, sobre el escándalo en El Manantial: “Cuando no hay transparencia, la corrupción se instala”

La dura sanción dispuesta por el Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) contra exfuncionarios de la comuna de El Manantial que deberán devolverle al erario más de 142 millones por falta de rendición de cuentas reavivó el debate sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos en esas jurisdicciones del interior.

La legisladora radical Silvia Elías de Pérez, quien desde hace tiempo viene exigiendo que se avance con un nuevo marco normativo que garantice eficiencia y control en el uso del dinero en las comunas, consideró que “esta falta de rendición de cuentas no es un descuido, sino una decisión política”.

Como anticipó Tendencia de Noticias, a través del Acuerdo N° 5529 el TC declaró patrimonialmente responsables al exdelegado comunal y actual subsecretario de Comercio Interior de la Provincia, Juan Carlos Bernard, y el exsecretario habilitado, Raúl Rivarola, por la falta de rendición de cuentas del 6° bimestre de 2020.

“La sanción del Tribunal de Cuentas a exfuncionarios de El Manantial confirma lo que venimos advirtiendo desde hace años: cuando no hay transparencia ni control, la corrupción se instala y la gente queda desprotegida”, advirtió la parlamentaria opositora al referirse al caso.

Elías de Pérez recordó que hace meses presentó un proyecto de ley para crear una plataforma digital obligatoria que permita a todas las comunas rurales rendir cuentas.

“Si esta ley ya estuviera vigente, casos como el de El Manantial no habrían llegado a este nivel de desorden y perjuicio para la comunidad”, sentenció.

En ese contexto, sostuvo que “la falta de rendición no es un descuido: es una decisión política. Y algunos prefieren justificar la opacidad antes que mostrar los números”, arremetió Elías de Pérez, quien la semana pasada tuvo un fuerte cruce en redes con el ministro del Interior, Darío Monteros, relacionado con el manejo de las comunas rurales..

Irregularidades y sanción millonaria

Como informó este diario, en un Acuerdo firmado el 3 de diciembre el TC declaró procedente un Recurso Ordinario de Revisión presentado por Bernard y Rivarola, pero solo para reformular el monto. La responsabilidad patrimonial quedó ratificada en su totalidad.

En el texto, el organismo señaló que el cargo fiscal —calculado según la Tasa Activa del Banco Nación— surgió tras la revisión de la documentación incorporada al expediente y de la regularización parcial de algunos ítems. En total, se subsanaron observaciones por $8,8 millones, lo que redujo el saldo original, pero que, tras la actualización, culminó en la cifra final de más de $142 millones.

El acuerdo, suscrito por el presidente del organismo de control, Miguel Chaiben Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, subraya que los elementos aportados por los exfuncionarios encuadran en el supuesto previsto por la Ley de Administración Financiera para la revisión parcial, ya que “existen nuevos elementos probatorios que justifican los hechos condenados”.

La resolución fue contundente respecto del pago: “Reformular el cargo fiscal en la suma de $142.337.233,11, monto que deberá ser actualizado hasta el momento de su efectivo pago”, establece el artículo 3°.

Además, ordena que el Departamento Judicial intervenga nuevamente para que el abogado fiscal designado, Gustavo Enriquez, “perciba o, en su caso, ejecute el Cargo Fiscal impuesto”.

“Más control y menos discrecionalidad”

 

Para la legisladora Elías de Pérez, “la única respuesta posible ante estos hechos es más control, más transparencia y menos discrecionalidad”.

Para finalizar, la legisladora del radicalismo señaló que “la plata de los tucumanos no puede depender del relato ni de la voluntad de un funcionario de turno: tiene que estar controlada por ley y visible para todos”, concluyó.