Burlando jura hoy en Tucumán y dispara contra la “justicia feudal” y la censura a la prensa

El reconocido abogado Fernando Burlando visitó este lunes el Colegio de Abogados de Tucumán para completar su matriculación local. Al salir, confirmó que mañana prestará juramento formal para ejercer en la provincia y anticipó cuál será su primera intervención profesional en el ámbito tucumano.

Según explicó, su prioridad será involucrarse en la medida cautelar que actualmente prohíbe a la prensa mencionar a miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF). Burlando calificó la resolución como “censura previa” y advirtió que constituye un grave retroceso para la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Anoche el abogado brindó una entrevista en una emisión especial de Enterate Play.

“Hay censura y presiones que vienen desde el poder”

Acompañado por el jurista Javier Ignacio Baños, Burlando criticó duramente el funcionamiento del sistema judicial local y denunció la existencia de una “preocupante falta de garantías” para periodistas y víctimas.

“Hay censura y presiones que vienen desde el poder”, afirmó, al referirse a denuncias de comunicadores que aseguran haber sido intimidados por sectores del MPF. Para Burlando, estos episodios conforman un patrón de disciplinamiento institucional que afecta la calidad democrática: “Se vulnera el derecho a la información y se deteriora el sistema republicano”.

Baños coincidió en el diagnóstico y habló de prácticas propias de una “justicia feudal”, con estructuras que —según planteó— operan con discrecionalidad, opacidad y escaso control. Ambos reclamaron reformas profundas que devuelvan independencia y previsibilidad al sistema judicial tucumano.

El caso Karla Robles y la responsabilidad del Estado

El análisis derivó en el caso de Karla Robles, quien se quitó la vida tras denunciar reiteradamente situaciones de violencia de género. Burlando sostuvo que su muerte expone fallas graves en los mecanismos de protección estatal.

“Cuando el Estado recibe alertas y no actúa con la urgencia necesaria, la omisión se convierte en complicidad”, afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar investigaciones por responsabilidad penal contra funcionarios que no aplicaron medidas de resguardo adecuadas.

Para Burlando y Baños, el caso debe marcar un antes y un después, obligando a revisar protocolos, responsabilidades y estructuras para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

Ambos coincidieron en que Tucumán atraviesa un momento institucional crítico que exige una reacción urgente de los poderes del Estado para garantizar derechos fundamentales como la libertad de prensa y la protección de las víctimas.