Legisladores repudiaron la represión contra La Bancaria y advirtieron por el "disciplinamiento social" a través de la Policía tucumana

Legisladores provinciales elevaron un enérgico repudio en la Cámara contra el accionar policial ocurrido el 5 de diciembre pasado en Concepción, donde trabajadores y delegados del gremio La Bancaria fueron reprimidos por efectivos de Infantería frente a una sucursal del Banco Patagonia. Las objeciones, articuladas a través de proyectos de resolución presentados por José Cano, Silvia Elías de Pérez y Hugo Ledesma (este último referente del gremio señalado), señalan una preocupación común y profunda: el uso "arbitrario, irracional o violento de la fuerza estatal" para intimidar y castigar reclamos legítimos, en lo que definieron como un mecanismo de "disciplinamiento social". Los proyectos exigen una investigación inmediata y transparente al Ministerio de Seguridad provincial.

Los hechos que motivaron la presentación de las resoluciones se produjeron cuando delegados sindicales y trabajadores del sector bancario se manifestaban de manera pacífica en respaldo a empleados que habían denunciado situaciones de maltrato laboral.

Los documentos describen que la intervención culminó en "agresiones físicas, insultos, empujones y un operativo desmedido contra una protesta pacífica". Los testimonios y la información difundida dan cuenta de "golpes, insultos, empujones y un operativo desproporcionado, incluso contra dirigentes sindicales presentes en el lugar, entre ellos la secretaria general de La Bancaria Tucumán, Cecilia Sánchez Blas", sostuvo Cano. En tanto, Elías de Pérez y Ledesma precisaron que las imágenes que se difundieron públicamente muestran "empujones, golpes y el uso desmedido de la fuerza contra personas que ejercían derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad sindical, la protesta pacífica y la defensa de condiciones dignas de trabajo".

Los legisladores coincidieron en que este tipo de intervenciones vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho, transformando un conflicto laboral en una agresión institucional injustificada.

Silvia Elías, Hugo Ledesma y José Cano, impulsores de los proyectos de repudio.

Los parlamentarios recordaron que el derecho a la protesta está "reconocido en la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la normativa provincial vigente". Argumentaron que la violencia ejercida contra manifestantes desarmados, en un contexto pacífico, "constituye una clara violación a esos principios", ya que las fuerzas de seguridad deben actuar bajo los criterios de legalidad, necesidad, racionalidad y proporcionalidad. El documento de Cano establece que "el uso de la fuerza sólo puede ser la última ratio y en ningún caso puede emplearse como mecanismo de intimidación o disciplinamiento social".

Por su parte, la resolución de la radical y el peronista fue categórica al señalar que "la utilización de fuerzas de seguridad para disciplinar o intimidar reclamos laborales legítimos es incompatible con las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos y con el deber de garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia". Cano sumó que "el rol de la Policía es ser garante de seguridad, no agente de hostigamiento", y que lo denunciado "refleja una desviación funcional que debe ser esclarecida, con rendición de cuentas y sanciones adecuadas".

Informes y transparencia

Como mecanismo de control republicano, ambas resoluciones solicitan formalmente que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, brinde explicaciones y garantice la transparencia en la investigación de los hechos.

El proyecto de Cano exige al Ministerio de Seguridad que informe a la Legislatura "si se encuentra en curso una investigación interna por lo sucedido, indicando organismo interviniente, carátula, estado actual y medidas adoptadas para preservar pruebas y garantizar la transparencia". Adicionalmente, solicitan un detalle sobre "todas las medidas administrativas y disciplinarias que ha tomado respecto del personal policial que participó del operativo" y "qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad y protección del derecho a la protesta de trabajadoras y trabajadores en futuras manifestaciones".

El documento enfatiza que resulta indispensable que la cartera de Seguridad informe "qué protocolos se aplicaron, qué mandos autorizaron el procedimiento y qué acciones inmediatas se tomaron para preservar pruebas y evitar encubrimientos". Finalmente, la impunidad en estos casos, advirtieron los legisladores, "consolida prácticas abusivas que dañan gravemente el tejido democrático", por lo que la sanción efectiva de los responsables es indispensable "para evitar la naturalización de la violencia institucional, promover prácticas policiales respetuosas de los derechos humanos y asegurar que la protesta social sea protegida, no criminalizada".