
Juan Carlos Bernard, exdelegado comunal y actual funcionario provincial, recibió una dura sanción del TC.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán confirmó esta semana una de las sanciones administrativas más duras de los últimos años por irregularidades detectadas en comunas rurales: dos exfuncionarios de El Manantial deberán afrontar de su bolsillo más de $142 millones por la falta de rendición de fondos públicos. Se trata del exdelegado comunal y actual subsecretario de Comercio Interior de la Provincia, Juan Carlos Bernard, y el exsubsecretario habilitado de la comuna, Raúl Dante Rivarola.
El organismo señaló que, tras las revisiones realizadas y la documentación presentada por los apuntados, el cargo fiscal actualizado por la falta de rendición de cuentas del 6° bimestre de 2020 “asciende a la suma de $142.337.233,11, según Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina”.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 5529, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, mediante el cual el Tribunal declaró procedente un Recurso Ordinario de Revisión presentado por Bernard y Rivarola, pero solo en lo referido a la reformulación del monto. La responsabilidad patrimonial, en cambio, quedó plenamente ratificada y ambos deberán devolver de sus bolsillos esa suma multimillonaria al erario público.
El organismo recordó que el proceso se inició por la “falta de regularización de los fondos pendientes de rendir correspondientes al 6° bimestre de 2020”, situación que ya había sido establecida en el Acuerdo Nº 1035 de abril de 2024. En aquella instancia, el Tribunal había formulado un cargo fiscal por $151,1 millones.
Tras un nuevo análisis ordenado en 2025, el Departamento de Rendición de Cuentas señaló que, a partir de la documentación incorporada, “estaría en condiciones de subsanarse el ítem Nº 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 por $8.887.402,17, quedando un saldo de $35.162.949,43”. Ese monto, sin actualización, se transformó luego en la cifra final de más de $142 millones debido a los intereses establecidos por normativa.

En el acuerdo, con fecha de este 3 de diciembre de 2025, el Tribunal subraya que los nuevos elementos aportados por los exfuncionarios habilitan la revisión parcial al configurar el supuesto previsto en la Ley de Administración Financiera. “Existen nuevos elementos probatorios que justifican los hechos condenados”, resume la resolución, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaiben Terraf, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
El organismo de control fue contundente respecto del pago que deberán concretar los exfuncionarios sancionados administrativamente. En su artículo 3°, el acuerdo establece: “Reformular el Cargo Fiscal en la suma de $142.337.233,11, monto que deberá ser actualizado hasta el momento de su efectivo pago”.
Asimismo, el organismo ordena dar nueva intervención al Departamento Judicial para que el abogado fiscal designado, Gustavo Enriquez, “perciba o, en su caso, ejecute el Cargo Fiscal impuesto”.
Con esta resolución, el Tribunal de Cuentas cierra un prolongado expediente iniciado en 2022 y deja firme una sanción millonaria que deberá ser cubierta por el patrimonio personal de ambos exfuncionarios.