Mojada de oreja a Cristina: el Gobierno creó un organismo para gestionar los bienes obtenidos ilícitamente

El Ejecutivo nacional, liderado por Javier Milei, instauró un nuevo marco normativo para la gestión de bienes obtenidos de actividades ilícitas, según el Decreto 575/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la rúbrica del presidente y su Gabinete. Este anuncio coincide con el vencimiento del plazo para que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros condenados en la causa Vialidad cumplan con el decomiso millonario ordenado, una obligación que la expresidenta intenta eludir.

El decreto establece la creación del "Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional", descrito como “el órgano colegiado de supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado”. Este consejo supervisará la gestión de activos provenientes de procesos penales federales, nacionales y de extinción de dominio.El manejo y conservación de estos bienes estará a cargo del Ministerio de Justicia, que también distribuirá los fondos obtenidos por su venta. Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encargará de la venta o concesión de estos activos para su explotación comercial. Según los anexos del decreto, “el producido de la venta de los bienes recuperados deberá destinarse, en primer término, a la reparación de las víctimas del delito”.

El Gobierno subrayó que el nuevo sistema no implica un aumento en el presupuesto público, ya que “crea una fuente alternativa, transparente y controlada de financiamiento, sustentada en activos de origen ilícitos recuperados, lo cual responde a estándares internacionales y principios de justicia restaurativa”. Esta iniciativa busca revertir “una sistemática pérdida de valor, deterioro y desaprovechamiento de activos de significativo potencial económico”, promoviendo medidas para fortalecer los recursos logísticos, tecnológicos y humanos necesarios para garantizar la acción penal, la tutela judicial y el respeto a las garantías constitucionales.

Los fondos sobrantes, tras cubrir la reparación a las víctimas y los costos de administración, inscripción y mantenimiento, se distribuirán anualmente entre los organismos que integran el Consejo de Bienes Recuperados. La asignación será la siguiente: 25% al Ministerio Público Fiscal, 20% al Poder Judicial, 12,5% a las fuerzas de seguridad nacionales y al Ministerio de Justicia, 10% al Ministerio Público de Defensa y a la Unidad de Información Financiera (UIF), y 5% al SEDRONAR y a la asistencia de víctimas de trata de personas.

El nuevo régimen, según el Gobierno, “no solo ordena y sistematiza un conjunto normativo actualmente disperso, sino que amplía sustancialmente el universo de bienes alcanzados por las medidas de conservación, administración y disposición”. Esto se logra al unificar en un solo marco legal los recursos provenientes de procesos penales y de extinción de dominio, lo que “incrementa significativamente el caudal disponible para su redistribución con fines públicos, permitiendo así fortalecer de manera real y sostenida a todos los actores del sistema de justicia y de seguridad”.