Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró el impacto de los 65 decretos delegados emitidos por el gobierno de Javier Milei durante el año de vigencia de las facultades delegadas otorgadas por la Ley 27.742 (Ley Bases), que expiraron el pasado martes. Estos decretos, que abarcaron desde la disolución del INADI hasta la eliminación de Vialidad Nacional, permitieron eliminar 23 leyes, modificar 77 y avanzar en una reforma estructural del Estado, generando un ahorro anual estimado de 2000 millones de dólares. “El Presidente siempre dice que prefiere ‘una verdad incómoda a una mentira confortante’”, afirmó Sturzenegger, defendiendo un enfoque institucional que, según él, contrasta con los excesos de gobiernos anteriores.
El ministro destacó que la Ley Bases definió un marco preciso y temporal, limitado a un año y centrado en cinco áreas específicas, a diferencia de las delegaciones amplias y prorrogadas indefinidamente durante los gobiernos peronistas. “Es interesante comparar con lo hecho por los gobiernos anteriores. Si nos remitimos al período posterior a la sanción de la reforma constitucional de 1994, vemos que estos principios constitucionales se violaron casi siempre”, señaló, citando ejemplos como la Ley 25.561 de Eduardo Duhalde, que permitió salir de la Convertibilidad afectando derechos de propiedad, y las sucesivas prórrogas bajo Néstor y Cristina Kirchner hasta 2017. Sturzenegger criticó especialmente a Alberto Fernández, quien “cuando vio que se le vencía un plazo de facultades delegadas decidió prorrogarlas por DNU”, violando la necesidad de aprobación por parte del Congreso nacional.
“Para entender la doble vara que mencionamos antes simplemente imaginen lo que se diría si el presidente Milei emitiera un DNU hoy extendiendo las facultades delegadas por un año más”, ironizó.
Sin afectaciones
El artículo 76 de la Constitución, que regula las facultades delegadas, establece que estas son excepcionales, limitadas en tiempo y deben responder a un “principio claro e inteligible”, según el fallo de la Corte Suprema en el caso “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”. “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”, citó Sturzenegger, subrayando que el gobierno de Milei respetó estrictamente estos límites, a diferencia de gestiones anteriores que usaron delegaciones amplias para crear instituciones o afectar derechos.
Los decretos se enfocaron en desmantelar, de acuerdo al funcionario, estructuras estatales ineficientes. El artículo 3.a permitió redefinir funciones obsoletas, afectando organismos como el INTA, INV, INTI y las fuerzas de seguridad. El artículo 3.b facilitó la centralización de entes como el INAI y organismos culturales, además de disolver instituciones como el INADI y Vialidad Nacional, consideradas por Sturzenegger “símbolos del uso político e ideológico del Estado” y de la “corrupción kirchnerista”. El artículo 4 transformó empresas públicas como Yacimientos Carboníferos Fiscales y el Banco Nación en Sociedades Anónimas, sujetas a auditorías de la CNV, mientras que el artículo 5 desarticuló fondos fiduciarios, como el FISU, que “habían licuado sus fondos en gastos políticos”. Los artículos 161 y 162, más amplios, reformaron leyes energéticas, pero siempre bajo un control estricto de la Secretaría Legal y Técnica.
Disciplina
Sturzenegger lamentó que el Congreso no aprobara una delegación específica para desregulación, lo que limitó avances en este ámbito a sectores como minería, gas licuado, vitivinicultura, industrias culturales, agroindustria, turismo y economía del conocimiento, donde se simplificaron trámites y eliminaron barreras. “Bajo el ojo vigilante de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia se decidió que el uso de las facultades delegadas sería estrictamente acotado a la letra de la delegación, sin admitir ni generalidades ni librepensadores ni desvíos”, afirmó, destacando la disciplina institucional.
El ministro cuestionó la “doble vara” de la sociedad argentina, que toleró abusos constitucionales del peronismo pero critica el lenguaje directo de Milei, pese a su apego a las instituciones. “Diríamos en este debate sobre las formas que la sociedad prefiere ‘un presidente que habla suave mientras viola la Constitución a un presidente de lenguaje fuerte que la respeta’”, reflexionó, abogando por un nuevo estándar de calidad institucional. Con un ahorro significativo y una reestructuración profunda, Sturzenegger defendió que las reformas no solo racionalizaron el Estado, sino que devolvieron recursos al bolsillo de los argentinos, marcando un cambio de paradigma en la gestión pública.