El Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo, aplicó una sanción de apenas 30 días de suspensión a María José Espeche, una agente estatal que accedió de manera irregular al Programa Potenciar Trabajo mientras prestaba servicios en la administración pública provincial. La medida, reflejada por el Tribunal de Cuentas mediante el Acuerdo N° 1830 del 21 de mayo pasado, contrasta con el anuncio del Gobierno provincial de dar de baja los contratos de quienes incurrieran en esta incompatibilidad, investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
La investigación administrativa, se originó a partir de un requerimiento del fiscal, quien solicitó el entrecruzamiento de datos de empleados públicos con el padrón de beneficiarios de Potenciar Trabajo, un programa destinado a desocupados y trabajadores precarizados. Según la resolución del Ministerio de Educación, “la conducta de la agente resulta reprochable por constituir un comportamiento incompatible con los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico vigente para los empleados públicos”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, consideró que una sanción expulsiva sería “excesiva” y que la cesantía podría generar “una situación de vulnerabilidad social y económica” para la agente, quien ya había sido dada de baja del programa social.
La gestión del gobernador Osvaldo Jaldo había trabajado en la revisión de 1.135 agentes públicos señalados por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Agustín Chit, aunque la Provincia sostiene que solo 956 casos corresponden a su jurisdicción, de los cuales 700 permanecen activos tras la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel). “La primera tarea consistió en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones responsables, para realizar un descargo de su situación, y a partir de allí, se ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial”, había explicado, en marzo del año pasado, el entonces secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Julio Saguir. Los sumarios, que incluyen casos en la Administración Centralizada, Siprosa, el Instituto Provincial de la Vivienda, Tucumán Turismo y el Ente de Infraestructura Comunitaria, están “prontos a concluir con recomendaciones de bajas", aseguraba Saguir.
Pese a estas declaraciones, la sanción a Espeche, que solo implicó una suspensión de 30 días conforme al Art. 32º inc. 2) de la Ley N° 5473 (Estatuto del Empleado Público Provincial), puede generar cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas. El Tribunal de Cuentas, en su acuerdo con las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (presidente y vocales, respectivamente), advirtió al Ministerio de Educación que debe adjuntar la notificación de la resolución y el recibo de sueldo de la agente con los días de suspensión, y ordenó al Contador Fiscal General verificar el cumplimiento de estas disposiciones.