Pese a las críticas por el rol recaudador y tras 23 años de intervención, Dante Loza es confirmado al frente del IPLA por 60 días más

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N° 1595/7, refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que prorrogó por 60 días, a partir del 21 de junio pasado, la intervención de Dante Loza al frente del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Esta medida, dispuesta en el marco del artículo 12 de la Ley N° 7.243, se suma a una serie de prórrogas consecutivas durante la gestión jaldista, pese a las críticas de legisladores oficialistas y opositores que señalan que el organismo, intervenido desde hace 23 años, se ha convertido en un ente meramente recaudatorio, alejado de su misión original de prevención y asistencia.

El decreto destaca que “la tarea desarrollada por la intervención ha sido satisfactoria, permitiendo que el organismo tenga una más extensa, activa y eficiente presencia en la tarea de control de la venta y suministro de bebidas alcohólicas en la provincia”. Además, subraya que el gobierno está “estudiando la normalización del citado ente, procurándose que en dicha etapa se continúe con la activa y efectiva tarea hasta aquí desarrollada”. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las voces críticas que cuestionan la falta de políticas integrales para abordar el consumo problemático de alcohol, especialmente entre adolescentes.

Un grupo de legisladores, encabezados por la radical Silvia Elías de Pérez y acompañados por las justicialistas Nancy Bulacio, Alejandra Cejas, Paula Galván y el referente de Libres del Sur, Ernesto Gómez Rossi, habían presentado un proyecto para reformar la Ley N° 7.243, que creó el IPLA en 1994. La iniciativa apunta a reconfigurar las funciones del organismo, argumentando que “el IPLA actúa principalmente como ente fiscalizador y recaudador, concentrado en inspecciones y sanciones, relegando sus funciones originarias, quedando de esta manera configurado como un ente totalmente trunco y desnaturalizado”.

Cuestionamientos

El proyecto propone que el IPLA adopte un enfoque integral con énfasis en acciones sanitarias, preventivas y educativas. "El consumo abusivo de alcohol en adolescentes, la proliferación de sustancias psicoactivas en zonas vulnerables, y las adicciones comportamentales vinculadas al juego o al uso de tecnologías, requieren una respuesta estatal multidisciplinaria, territorial y sostenida. Lejos de ello, el IPLA ha quedado ausente de esta agenda pública”, sostienen los fundamentos del proyecto.

La intervención del IPLA, iniciada en 2002 bajo el gobierno de Julio Miranda con Mario Humoller como primer interventor, se estableció como una medida transitoria para garantizar el “normal funcionamiento” del organismo. Sin embargo, tras 23 años de intervención ininterrumpida, los parlamentarios criticaron la falta de transparencia y la ausencia de un directorio representativo, como lo establecía la ley original. “Una estructura institucional orientada exclusivamente a la recaudación, en un contexto de crisis social vinculada al consumo de alcohol, es manifiestamente irrazonable”, sentencia la iniciativa.

Por su parte, Loza defendió la gestión del IPLA, destacando las acciones orientadas a los jóvenes: “Nuestro norte es trabajar mucho sobre la prevención. La concientización en los niños, para que no consuman, y en los que ya lo hacen, que lo hagan de manera moderada”. En este sentido, destacó iniciativas como convenios con el Ministerio de Educación, clubes deportivos, confederaciones y universidades para promover “el camino del deporte, del estudio, de la música, de actividades que te hacen bien en la vida y que te hacen ser una persona destacada el día de mañana”.

Sobre los permisos para el expendio de bebidas alcohólicas, Loza aclaró que no se trata de un impuesto, sino de un permiso con requisitos estrictos: “Lo que otorgamos es un permiso para el expendio de alcohol, no es un impuesto. Un permiso para un local bailable, por ejemplo, cuesta alrededor de $1,5 millones anuales. Ese no es el problema para el empresario. El problema es el costo de luz, gas, personal, y otras cuestiones. Los dueños de los boliches, con las entradas que ellos cobran para asistir a ese evento en una noche, ya pueden pagar el permiso. Yo no estoy en contra de la ganancia, ni muchísimo menos, pero tampoco somos socios”.

La prórroga, que extiende la intervención hasta fines de agosto de 2025, reaviva el debate sobre la necesidad de normalizar el IPLA y reorientar sus recursos hacia políticas de prevención y salud pública, en lugar de priorizar la fiscalización y la recaudación. Mientras el gobierno asegura estar evaluando la normalización, la falta de avances concretos y la persistencia de la intervención mantienen la controversia que hace ruido en los estamentos políticos tanto refractarios al oficialismo como a los propios referentes del peronismo gobernante.