
El Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), a cargo de Ricardo Ascárate, resolvió hacer efectivo el empleo de fondos recaudados mediante un cargo específico por eficiencia energética, destinado a financiar obras de alumbrado público en diversas comunas rurales de la provincia. La medida, plasmada en la Resolución 1000/25, involucra un monto total que supera los $1.446 millones, con ejecución a cargo de la concesionaria EDET SA.
La decisión se enmarca en el Programa de Eficiencia Energética creado por la Resolución ERSEPT N° 645/20, complementado por las normativas N° 837/23 y N° 689/25. En sus considerandos, la resolución detalla que "mediante la Resolución ERSEPT N° 645/20 se creó el 'cargo por eficiencia energética', afectado específicamente a la financiación de programas, proyectos y obras que permitan la mejora en la prestación del servicio eléctrico, el uso racional de la energía y la optimización de la infraestructura existente". Asimismo, la Resolución N° 837/23 "se procedió a la reglamentación complementaria del mencionado régimen, posibilitándose la implementación de proyectos de interés público vinculados al uso eficiente de la energía", estableciendo "el mecanismo de facturación, recaudación y administración del programa, obligándose a la concesionaria –EDET SA- a mantener disponible para uso inmediato, en caso de ser necesario, el 50% de los fondos de Eficiencia Energética".
La Resolución N° 872/25, por su parte, "dispuso la implementación y ejecución del programa de eficiencia energética en zonas y barrios vulnerables de la provincia de Tucumán". Entre los objetivos estratégicos provinciales, se destaca "la ampliación, modernización y mejora del sistema de alumbrado público, por cuanto constituye un componente esencial de la calidad de vida urbana y rural como también, un logro en las diferentes dimensiones que presenta la eficiencia energética".
Plan de obras
El análisis técnico y económico incorporado en el expediente concluye que "resulta procedente la utilización de los fondos recaudados a través del cargo mencionado para financiar obras de alumbrado público en jurisdicciones que así lo requieran y que fueran aprobadas por el ERSEPT, todo bajo la ejecución y responsabilidad de la concesionaria EDET SA". Estos proyectos "contribuyen al proceso de reconversión tecnológico que posibilita eficiencia en la prestación del servicio público a cargo de las mencionadas entidades y produce externalidades positivas en el medio ambiente, seguridad en la vía pública, el valor del servicio, etc.".
EDET cumplió con la remisión de información sobre "la administración y cuantía de los fondos recaudados y disponibles a través del cargo específico", alineándose con las previsiones de la Resolución N° 837/23. Los fondos por "Consumo en exceso" en los cuadros tarifarios "se encuentran disponibles para su uso inmediato". El expediente incluye los proyectos de obras de alumbrado en las Comunas, con EDET responsable de "la ejecución –conforme a las obras propuestas- constando en las presentes actuaciones el presupuesto, la programación, ejecución, inspección y rendición de cuentas efectuada por la concesionaria". En consecuencia, el ERSEPT "autoriza la detracción del monto total del fondo de eficiencia energética creado, siendo los montos resultantes de los presupuestos aprobados. Obras de alumbrado público ejecutadas, conforme lo considerado anteriormente". El dictamen legal N° 1037 de la Gerencia Legal avaló el acto, sin objeciones.
El resolutorio establece en su Anexo los presupuestos por comuna: Santa Ana ($133.338.150,82), El Chañar ($111.384.201,21), Alto Verde ($99.382.617,93), Atahona ($89.430.251,6), Chicligasta ($66.793.156,99), Amberes ($140.066.563,91), San Andrés ($144.526.236,91), Amaicha del Valle ($64.143.360,82), Capitán Cáceres ($47.900.441,49), Huasapampa ($114.605.713,59), San Pedro de Colalao ($77.584.762,28), El Mojón ($147.714.964,29), Colalao del Valle ($106.300.128,54) y Villa Belgrano ($102.832.297,22), sumando un total de $1.446.002.847,60.
La intervención del ERSEPT se sustenta en el Decreto-Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 3/1 y N° 4/1, ratificado por Ley 9577. Esta iniciativa busca potenciar la eficiencia energética y la calidad de vida en áreas rurales, mediante una reconversión tecnológica que genera beneficios ambientales y de seguridad pública.