Biocombustibles: en el Senado se frena el "motor del desarrollo" y se demora el tratamiento de una ley clave

El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda sesionó ayer para debatir las modificaciones al marco regulatorio de la industria de biocombustibles, con foco en los proyectos impulsados por la Liga de Provincias Bioenergéticas (entre las que se encuentra Tucumán), y otros pertenecientes a las senadoras Alejandra Vigo (Unidad Federal) y la tucumana Beatriz Ávila (Por la Justicia Social). Tras escuchar a las principales voces de la cadena de valor, no se logró alcanzar el consenso necesario para emitir un dictamen que permita el tratamiento de las normas en el recinto de la Cámara Alta. Por esta razón, se decidió pasar a un cuarto intermedio de 15 días, demorando aún más una legislación clave para el sector energético y agroindustrial del país.

La jornada de debate reflejó la profunda división que existe entre los actores involucrados. Por un lado, la industria azucarera y maicera (a través de Jorge Feijóo, presidente de Centro Azucarero Argentino -CAA-) defendió vigorosamente el proyecto de la Liga, argumentando beneficios en la sustitución de importaciones, el ahorro de divisas y la factibilidad técnica de cortes mayores. Por otro lado, el sector hidrocarburífero (Daniel Ciaffone, Cámara Argentina de la Energía) y la industria automotriz (Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores) manifestaron su rechazo frontal, alertando sobre los costos ineficientes del sistema actual, la falta de previsibilidad técnica y el riesgo de aislamiento internacional y pérdida de exportaciones que implicarían los cortes obligatorios propuestos.

Un tercer sector, el de las PYMEs elaboradoras de biodiesel (Federico Martelli), si bien es afín a la promoción de biocombustibles, se opuso al articulado, asegurando que la redacción actual viola la seguridad jurídica y condena a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, concentrando la producción en una sola provincia.

Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional (representado por el subsecretario de Combustibles Líquidos, Horacio Veller) reconoció que la ley actual está "completamente agotada", pero advirtió que los proyectos en discusión carecen de consenso suficiente y generarían un impacto fiscal y un aumento de hasta 10% en el precio del surtidor. El Ejecutivo presentó una propuesta alternativa de consenso que plantea una transición gradual hacia cortes mayores (a partir de 2027) y una mayor libertad de mercado (a partir de 2032).

Feijóo, quien manifestó que "el bioetanol es uno y está unido sea de caña o sea de maíz", expresó el apoyo decidido al proyecto de la Liga, señalando que el cambio normativo urge para reemplazar el actual sistema de cupo por empresa y precio fijo estatal por "unas licitaciones competitivas transparentes por volumen y por precio que tengan un tope en la paridad importación para garantizar la competitividad en el mercado".

Asimismo, defendió el aumento de corte del 12% al 15% propuesto, refutando las objeciones técnicas: "No es verdad que no haya países con el 15%, Estados Unidos tiene el 15% y California es el último estado en hace un mes en normalizar ese porcentaje que no produce ningún problema en los autos. No soy un técnico mecánico pero me remito a que este año 3 millones de argentinos veranearon en Brasil y sus autos cargaron 27% de corte en la nafta y que yo sepa no hubo ninguna hecatombe vehicular en el tránsito a Brasil".

Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino.

Paralelamente, destacó el ahorro de divisas que genera el bioetanol, al señalar que la capacidad de las refinerías opera al máximo y requiere importar naftas. Detalló que "en lo que va de 2025, el bioetanol evitó importaciones de nafta por 400 millones de dólares".

Respecto al costo fiscal, un punto central de la crítica del Ejecutivo, Feijóo indicó que existe un mecanismo propuesto por su cámara para evitarlo: "Hemos entregado el año pasado, en noviembre, a la Secretaría de Energía un procedimiento administrativo para que, por una simple resolución de la ARCA se distribuya en la porción fósil que queda en la mezcla el impuesto que por litro perciben, de manera tal que los aumentos de corte previstos en este proyecto de ley se hacen sin impacto fiscal, sin impacto en el precio al consumidor y sin impacto para las petroleras".

El subsecretario Veller, tras reconocer que la única coincidencia en el sector es que "la ley actual está completamente agotada", expuso la visión del Poder Ejecutivo, señalando que los proyectos en discusión "no tienen suficiente consenso". Veller advirtió sobre el impacto económico de los incrementos de corte propuestos (hasta 15% o 18%): "En condiciones de paridad importación, el precio del biodiesésel por ejemplo es hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil, sin tomar en cuenta el poder calorífico. El resultado de la propuesta de llevarlo al 18% significaría, en el caso del biodiesésel, un incremento de hasta 10% en el precio de surtidor de manera inmediata y este incremento tendría correlato directo en el encarecimiento de la logística del transporte de bienes de consumo e industriales, es decir, afecta a toda la economía".

En cuanto al impacto fiscal, explicó que proviene de la "disminución de los ingresos por los derechos de exportación de la materia prima que se utiliza y por la exención impositiva". El funcionario mileísta cuantificó este impacto: "por cada 1% incremental en el incremento de corte, el impacto fiscal asciende a 55 millones de dólares por año, en el caso del biodiesésel y 9 millones de dólares por año en el caso del bioetanol".

Horacio Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación.

Veller presentó la propuesta alternativa del Ejecutivo, desarrollada junto a la Liga Bioenergética, buscando un "equilibrio". Las principales líneas son:

1. Certidumbre y plazos: Incrementar el corte recién en 2027 (bioetanol de 12% a 15%; biodiesel de 7,5% a 10%), para minimizar el impacto en el corto plazo.

2. Transición gradual: Implementar una transición de 6 años (hasta 2031) hacia un mercado libre en 2032, reduciendo los cupos gradualmente.

3. Licitaciones y precios: Aplicar licitaciones públicas con paridad de importación como precio máximo durante la transición.

4. Apertura a refinerías: Permitir el coprocesamiento de materia prima no fósil en refinerías de forma gradual a partir de 2027, hasta alcanzar el 3% en 2031.

5. Flexibilización regional: Ratificar "la posibilidad expresa de efectuar incrementos voluntarios de corte en aquellas jurisdicciones donde se considere estratégico para desarrollo regional".

Por su parte, Martelli manifestó un "claro rechazo al avance de la ley propuesta por la Liga de Provincias Bioenergéticas tal y como fue planteada". Si bien celebró el consenso alcanzado en el plano del bioetanol, criticó duramente la sección de biodiesel, argumentando que conduce a la "concentración de la producción de biodiesésel en una sola provincia que es Santa Fe", en detrimento de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.

El director de la Cámara de PYMES elaboradoras de Biocombustibles, cuyas empresas representan el 60% del biodiesel destinado al mercado interno, sostuvo que la ley viola la seguridad jurídica al cambiar las reglas a mitad de camino, siendo que el régimen actual vence en 2030. Alertó sobre las consecuencias: "Esta ley condena a la quiebra a una parte importante de las pymes y a otra parte importante las condena a la supervivencia".

Martelli explicó que el problema reside en permitir el ingreso de las compañías integradas (grandes exportadoras) al mercado interno sin proteger el cupo de las pymes: "Hay una pérdida de 300.000 toneladas que pasan de las compañías pymes a las compañías integradas". Además, cuestionó la viabilidad del mecanismo de licitaciones propuesto para el volumen excedente, al indicar que las pymes más alejadas del puerto de Rosario quedan en desventaja debido al costo diferencial del flete, asegurando que "probablemente el 60, 70 y 80% de las licitaciones las ganan las compañías que tienen mayor competitividad por precio diferencial de distancia al puerto".

Federico Martelli, director de la Cámara de PYMES elaboradoras de Biocombustibles.

Martelli concluyó detallando la concentración productiva: "de aprobarse esta ley 1.028.000 toneladas van a pasar a producirse en la provincia de Santa Fe y solo 211.000 toneladas van a quedar para Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis De este modo, Santa Fe pasa de producir actualmente el 40% a producir el 82%".

Ciaffone, en representación del sector hidrocarburífero (exploración, producción, refinación y comercialización), se opuso a mantener el actual sistema, que ya le ha costado a la Argentina "16.000 millones de dólares para el fisco industria y consumidores desde su entrada en vigor".

El representante argumentó que el marco regulatorio no es libre ni competitivo, sino "completamente discrecional", y acusó al proyecto de la Liga y de la senadora Vigo de intentar "mantener cerrado el mercado de producción de biocombustibles impidiendo la libertad de inversión, la libertad de participación y la libertad de comercialización interna y externa para sostener un régimen costoso para todos los argentinos, ineficiente y desleal".

La Cámara Argentina de la Energía exigió eliminar la "insólita prohibición actual a la industria de hidrocarburos para la inversión y participación en la industria de biocombustibles sin exclusión de ningún tipo", y recordó que el régimen actual se creó antes del desarrollo de Vaca Muerta, cuando el precio del barril duplicaba el actual.

Daniel Ciaffone, Cámara Argentina de la Energía.

En cuanto a las propuestas de corte, señaló que "el proyecto plantea aumentos crecientes del corte de biodiesésel, actualmente de 7 y 5% a 15%, lo cual no es aceptable debido a las limitaciones logísticas del sistema actual y a consideraciones técnicas en cuanto a límites de aplicabilidad en zonas frías, sin dejar de mencionar además el impacto negativo incremental desde el punto de vista de la recaudación fiscal y del perjuicio económico para el consumidor".

Ciaffone propuso reemplazar el sistema de precios y volúmenes regulados "por la libre negociación entre productoras de biocombustibles y productores y comercializadores de combustibles", en lugar del "mecanismo de licitaciones imperfecto que propone el proyecto en cuestión".

El vocero de ADEFA, asociación que agrupa a 13 fabricantes y representa a un sector altamente exportador (60% de lo producido se exporta), ratificó que desde la industria "no podemos acompañar los proyectos en análisis". Rodríguez Canedo enfatizó que el principal problema es la imprevisibilidad generada por la propuesta de que "a mayor oferta de insumo mayor sea el corte", una experiencia sin antecedentes mundiales.

Detalló que cambiar los cortes obliga a las terminales a realizar ajustes de 3 a 5 años, "como referencia, la Unión Europea tardó 11 años en pasar de E5 a E10". Respecto a los cortes propuestos (15% o 18%), sentenció: "La verdad que son dos cortes que no existen en ningún lugar del mundo, con lo cual serían cortes específicamente para la Argentina. Esto, desde la industria, nos aislaría porque el 60% de lo que nosotros producimos lo exportamos".

Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo Asociación Fábricas de Automotores.

ADEFA advirtió que estos cortes pondrían en riesgo el 60% de la producción exportable, ya que los principales destinos (como Brasil, que tiene hasta 27% de etanol, y otros países Latinoamérica, que tienen 0%) no utilizan estos niveles.

Adicionalmente, criticó la inclusión de kits de conversión, ya que la industria no puede avalar un sistema que anula las garantías de los vehículos. Argumentó que el etanol es corrosivo y los cambios en el corte requieren modificaciones en autopartes: "sabemos perfectamente que cualquier cambio en los cortes no solo requiere la calibración en los motores sino los cambios en autopartes. El etanol es corrosivo y genera deterioro en los aros de pistón, en los inyectores, en las válvulas, en el taque de combustible, por eso todo ello que les menciono hay que modificarlo".

Finalmente, solicitó que cualquier cambio debe surgir del consenso, brindando a la industria automotriz y autopartista un tiempo de adaptación no menor a "tres a cinco a 5 años".

Al finalizar, la senadora Vigo se pronunció a favor de "sacar un solo dictamen común y poder realizar cambios respecto de los cortes, los tiempos y las etapas que plantea el proyecto", y les solicitó a los representantes de los sectores presentes que planteen las propuestas que creyeran pertinentes para poder trabajarlas en la marco de la comisión.

Ezequiel Atauche (LLA, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda) afirmó que "estos proyectos son muy importantes y afectan a muchas provincias. Es necesario elaborar una ley que contemple tanto a los pequeños productores como al resto de la industria". En este sentido, indicó que "debido a la voluntad generalizada de generar un único dictamen, solicitaremos al Gobierno que nos acerque su proyecto para poder elaborar un solo dictamen, que también incorpore las propuestas de la senadora Vigo y otros senadores, a fin de tratarlo en una próxima reunión plenaria y avanzar hacia su aprobación". El próximo encuentro quedó acordado para dentro de dos semanas.