
Continúan ingresando por mesa de entrada de la Cámara iniciativas tendientes a realizar cambios en el sistema electoral tucumano que apunten a brindar mayor transparencia, control y confianza en los ciudadanos al momento de ingresar al cuarto oscuro, algo que, a las claras, no se postula como cotidiano en los últimos años debido al deplorable método de votación —en todos sus aspectos y niveles— con el que cuenta Tucumán. Esta persistente oleada de proyectos refleja no solo una respuesta legislativa a las recurrentes denuncias de irregularidades, sino también un reconocimiento implícito de las fisuras estructurales que erosionan la fe pública en los comicios provinciales. En este contexto, las principales autoridades de la provincia, tanto el gobernador Osvaldo Jaldo como el presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, se mostraron dispuestos a que estas reformas estén sancionadas este año, priorizando un debate acelerado que podría culminar en modificaciones antes de las próximas elecciones en 2027.
El último proyecto en sumarse a esta agenda es el presentado por el legislador Ernesto Gómez Gómez Rossi, referente de Libres del Sur —agrupación aliada al oficialismo provincial—, que apunta directamente a evitar el doble sufragio por parte de los fiscales de mesa. La iniciativa modifica el artículo 31 de la ley 7876, estableciendo requisitos más estrictos para estos actores clave en el control electoral.

De acuerdo con el texto del proyecto, el artículo 31 quedaría redactado de la siguiente manera: "Los fiscales o fiscales generales deberán saber leer y escribir y ser electores de la sección, municipio o comuna en que pretenden actuar, según corresponda. No podrán votar en la mesa en que actúen si no se encontraren inscriptos en ella, todo elector debe votar en la mesa en la cual se encuentre inscripto de acuerdo con el padrón definitivo. Queda expresamente prohibido la realización de agregados y/o incorporación de electores en la hoja del registro".
En los fundamentos, Gómez Rossi enfatizó la necesidad de erradicar prácticas que alimentan la desconfianza: "Es sabido que en la Provincia de Tucumán grandes sectores de la población desconfían del sistema electoral y de su marco normativo, elección tras elección son numerosos los planteos que cuestionan la transparencia en cuanto al desarrollo de los comicios". El parlamentario argumenta que, como órgano de la democracia, la Legislatura tiene "la obligación de realizar las reformas necesarias en nuestra ley electoral buscando generar la confianza y la seguridad en nuestros ciudadanos de que las leyes de la provincia no habilitan la realización de trampas tendientes a obtener ventajas en la elección de nuestros representantes".
Planteo central
El núcleo de la propuesta radica en cerrar una laguna que permite el doble voto. Según los motivos expuestos, "esta modificación busca garantizar que cada ciudadano emita un solo voto, cerrando la posibilidad del doble sufragio que puede llegar a inclinar la balanza a favor de alguna de las listas en contienda". Gómez Rossi detalló el mecanismo actual que habilita la irregularidad: "Esta posibilidad de defraudar a la ley puede producirse con la actual redacción del artículo, ya que habilita a los fiscales de mesa y generales a agregarse en el padrón de la mesa en la que actúan, pudiendo luego ser reemplazados y dirigirse a votar en la mesa que les corresponde de acuerdo a su inscripción y donde figuran en el padrón".
En resumen, como cierra el legislador en sus fundamentos, "mediante esta reforma se busca evitar la posible emisión de un doble sufragio por parte de aquellas personas que cumplen el rol de fiscal o fiscal general, transparentando el desarrollo del acto electoral, eliminando la posibilidad de defraudar el espíritu y sentido de la ley". La iniciativa, al prohibir explícitamente agregados en el registro, refuerza el principio de un voto por elector, especialmente crítico en elecciones definidas por márgenes estrechos.
Este proyecto se inscribe en un patrón más amplio de reformas que, impulsadas en su mayoría por la oposición pero también emanadas desde la bancada oficialista, buscan sanear un sistema electoral marcado por acusaciones históricas de manipulación e irregularidades. La disposición de Jaldo y Acevedo, luego de los comicios del domingo pasado, en avanzar con la sanción de la reforma política este año sugiere un consenso político para fortalecer el marco normativo, aunque el impacto real dependerá de su implementación efectiva en las urnas.