Los Sosa, un caso atípico que eclipsa las irregularidades en otras comunas de Tucumán

Los controles sobre la utilización de recursos públicos en las comunas rurales de Tucumán representan un capítulo emblemático de las tensiones inherentes a la administración descentralizada en contextos de escasa institucionalidad, donde la dispersión territorial se conjuga con mecanismos de fiscalización precarios para generar un caldo de cultivo propicio para la opacidad y las irregularidades. En esta geografía fragmentada —donde 93 comunas gestionan fondos provinciales con autonomía relativa pero bajo un manto de rendiciones que, en la práctica, se convierten en laberintos contables—, el Tribunal de Cuentas (TC) emerge no solo como ente regulador, sino como termómetro de una crisis sistémica que trasciende lo puntual y revela grietas profundas en el diseño mismo del "federalismo provincial".

En este marco, el reciente Acuerdo 4871 del TC —emitido bajo las firmas de su presidente, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricchi y Marcelo Vidal— data de un sumario a juicio de cuentas contra las autoridades de la Comuna Rural de Los Sosa, por una suma que, con más de $808 millones, no solo asombra por su magnitud, sino que concentra el 88% de los fondos no regularizados acumulados en 50 comunas escrutadas hasta septiembre de 2025, como lo informara en su momento Tendencia de Noticias.

El expediente N° 2809-270-RCCR-25, que sirve de base al acuerdo, deriva de un proceso iniciado con el Acuerdo Nº 4707 del 21 de octubre de 2025, mediante el cual se dispuso "la sustanciación de un Sumario de Cuentas en el ámbito de la Comuna Rural de Los Sosa, en razón de la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 2621 (Bimestre 5º del año 2024), por la suma de $808.656.808,19". En sus considerandos, el documento detalla que, según un informe de la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, las autoridades responsables durante ese período fueron José Albarracín, en carácter de Comisionado Comunal, y Ezequiel Rubén Graneros, como Secretario Habilitado. "Del examen de las actuaciones se determina que el Comprobante de Observación aludido no se encuentra regularizado en su totalidad, debiendo haber sido subsanados por quienes eran responsables por haber dispuesto, ejecutado o intervenido en la administración de fondos de la Comuna Rural de Los Sosa", concluye la instrucción.

El delegado comunal de Los Sosa, José Albarracín junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

Por ello, el Tribunal resuelve "dar por concluido el Sumario de Cuentas" e Inmediatamente "iniciar Juicio de Cuentas" a las personas aludidas. Finalmente, el Artículo 3° designa como instructor al Abogado Fiscal Dr. Maximiliano Molina, "con todas las facultades y obligaciones de Ley".

Lo que resulta particularmente llamativo —y alarmante— de esta resolución es la desproporción de la cifra involucrada, que eleva a Los Sosa a un estatus anómalo en el panorama de irregularidades comunales. Hacia la segunda quincena de septiembre de 2025, el propio Tribunal de Cuentas había dictaminado un total de 94 Acuerdos que culminaron con la clausura de Juicios de Cuentas iniciados contra diversas Comunas Rurales de la provincia. Estos fallos, a los que accedió nuestro medio, declararon patrimonialmente responsables tanto a Delegados Comunales y Secretarios Habilitados que ejercieron funciones en períodos anteriores como a funcionarios actualmente en ejercicio, abarcando un monto total de $917,6 millones correspondientes a fondos no regularizados, algunos de los cuales datan desde el año 2016. En los Acuerdos emitidos, el TC "declara la procedencia" de los Recursos Ordinarios de Revisión presentados contra los funcionarios implicados, con el objetivo de imputar el monto del Cargo Fiscal conforme a los considerandos establecidos por la entidad de control.

Las investigaciones del TC abarcaron un total de 50 comunas rurales, lo que representa el 53,76% de las 93 que se distribuyen a lo largo del territorio tucumano. Entre las comunas con mayores montos adeudados destacan El Manantial, con $151,1 millones correspondientes al 6° bimestre de 2020; Villa de Leales, con $136 millones del 3° bimestre de 2023; y Los Sosa, con $123,8 millones relativos del 1° al 3° bimestre de 2018. Estas tres jurisdicciones, por sí solas, acumulan $410,9 millones, equivalentes al 44,77% del total de los recursos puestos bajo escrutinio por el TC. En el otro extremo, la comuna de Gastona se destaca por registrar el menor monto adeudado, con un juicio de cuentas finalizado por apenas $13.387, correspondiente al 3° bimestre de 2018. Este contraste pone en evidencia las marcadas disparidades en la magnitud de las irregularidades detectadas. Así, el nuevo cargo por $808 millones en Los Sosa no solo agrava el historial de la comuna —que ya figuraba entre las más endeudadas—, sino que, de consolidarse, superaría con creces el agregado de las otras 49 entidades, concentrando el 88% de los $917,6 millones en una sola jurisdicción y planteando interrogantes sobre la concentración de fondos y la efectividad de los mecanismos de prevención.

Advertencias previas

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de advertencias emitidas por el Tribunal de Cuentas en su revisión de la Cuenta de Inversión 2024, específicamente en lo que respecta al control sobre las Comunas Rurales. El TC adviertió que las mismas no solo operan sin las herramientas adecuadas, sino que la propia Ley de Presupuesto 2024 (Ley 9.735, artículo 9) dispuso una suspensión clave que afecta su control. Dicho artículo señala expresamente: "Suspéndese mientras permanezca vigente el presente Presupuesto, la aplicación de la Ley Nº 7123 y lo dispuesto en la Ley Nº 6970 -Administración Financiera (y sus modificatorias) respecto al Presupuesto de Recursos y Gastos de las Comunas Rurales". El órgano de control subraya que, en materia contable, la situación es alarmante: las comunas rurales llevan sus movimientos y/u operaciones en "registros contables precarios, sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa y oportuna". Ante esta carencia estructural, el Tribunal "concierne advertir a la Contaduría General de la Provincia, como órgano rector del sistema de contabilidad en el ámbito del Sector Público Provincial, la estricta aplicación de lo dispuesto en los artículos 102 y subsiguientes de la Ley de Administración Financiera". Desde la perspectiva presupuestaria, el informe remarca que la suspensión normativa provoca que las Comunas Rurales "no cuentan con los respectivos créditos presupuestarios asignados a los efectos de la correcta ejecución de sus recursos, con los límites legales pertinentes".