Nación ratificó la sanción y remoción del titular de dos Registros Automotores en Tucumán por defraudación en $25 millones

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 545/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, ratificó la sanción de remoción del contador público Raúl Arturo Jiménez Iguacel, quien fuera titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Tucumán N° 6 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Tucumán Letra “A”. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desestimó los recursos de reconsideración y jerárquico presentados por Jiménez Iguacel contra la Resolución del Ministerio de Justicia Nº 145/24, que lo halló responsable de irregularidades administrativas con un perjuicio fiscal de $24,7 millones.

Según el decreto, se le imputaron 53 cargos por irregularidades en los trámites bajo su responsabilidad, concluyendo que su desempeño incurrió en “faltas graves y negligencia”. “La decisión ministerial recurrida se entiende debidamente fundamentada, en función de encontrarse precedida por un sumario administrativo llevado a cabo conforme a derecho, bajo el régimen del Decreto Nº 644/89”, señala el texto oficial.

Jiménez Iguacel argumentó que la sanción le generaba un “grave perjuicio” al afectar su única fuente de ingresos, calificó la medida de “irrazonable” y solicitó su nulidad, alegando que no se consideraron sus dificultades económicas ni su disposición a saldar la deuda. También propuso renunciar a uno de los registros para mantener el otro. Sin embargo, el decreto desestimó estos planteos, destacando que “la impugnación ensayada por el recurrente carece sustancialmente de argumentos que ameriten conmover la sanción instrumentada”. Además, se subrayó que “la magnitud del incumplimiento no responde a conductas aisladas, a sumas derivadas de errores de cálculo o de alguna coyuntura excepcional, sino lisa y llanamente a la retención indebida de fondos públicos”.

El documento oficial también refutó los justificativos del exfuncionario sobre la insuficiencia económica de los registros: “El sumariado declaró que la justificación de su proceder está en la situación económica, que los ingresos son insuficientes para afrontar los gastos de funcionamiento de los Registros, principalmente porque al tener dos Seccionales a cargo la rentabilidad por trámite es menor según la normativa aplicable, además que esas dificultades se intensificaron desde la pandemia”. No obstante, el decreto argumenta que “de aceptarse los justificativos esgrimidos, debería estarse ante un panorama terminal de incumplimiento por parte de la totalidad de los Registros Seccionales del país, a raíz de la emergencia suscitada con el Covid-19 o la situación económico-financiera general del país, supuesto que se encuentra muy lejos de haberse verificado en la realidad”.

La resolución también calificó como “extemporáneo, inapropiado e improcedente” el intento de Jiménez Iguacel de proponer la división de los registros o la renuncia a uno de ellos para regularizar los pagos. Además, se destacó que los fondos provenientes de usuarios, como impuestos de sellos o infracciones, no pueden destinarse a otro fin que no sea su depósito al erario provincial, según el régimen aplicable a los encargados de registros.

Denuncia penal

Cabe recordar que ambos registros fueron clausurados por el Gobierno a fines de enero de 2025, como parte de una reforma impulsada por la gestión libertaria. Al anunciar la medida, el ministro Cúneo Libarona criticó duramente el sistema registral: “Durante décadas, los Registros Automotores fueron el eje de un sistema diseñado por la casta para exprimir a los ciudadanos. Nos quitaron la libertad de elegir y fuimos víctimas de sus costos abusivos”. Es dable señalar también que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios formuló una denuncia penal ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán.

Con esta decisión, se agota la vía administrativa para Jiménez Iguacel, quien podrá iniciar acciones judiciales dentro de los 180 días hábiles desde la notificación del decreto. El Gobierno reafirma así su postura de combatir irregularidades en la gestión de los registros automotores, en línea con su objetivo de optimizar la administración pública.