EN LA MIRA. Jaldo, junto a la delegada comunal, Cristina Contreras.
Referentes pertenecientes al Frente Unidos por Tucumán formalizaron un pedido de intervención inmediata para la Comuna Rural de Las Cejas, motivado por una serie de graves denuncias de corrupción que incluyen el uso de fondos públicos para construcciones privadas y el manejo discrecional de recursos. Los dirigentes políticos hicieron hincapié en la necesidad de apartar a la actual responsable, Cristina Contreras (foto inferior), mientras cursa la investigación, al alegar que su permanencia dificulta la búsqueda de pruebas y expone a los testigos.
Entre las principales objeciones planteadas se encuentran denuncias de que a trabajadores de la comuna rural les "retenían la tarjeta por la cual cobraban y que en ese cobro le retenían dinero". Además, se mencionó que personal de la comuna realizaba "trabajos particulares" para la familia que está a cargo del gobierno comunal. Las acusaciones más recientes se centran en el presunto uso de dinero público y materiales de construcción obtenidos a nombre de la comuna para construir propiedades particulares, tanto en la misma localidad como en El Cadillal.
El diputado nacional Roberto Sánchez, y candidato a revalidar su banca en las elecciones venideras, argumentó que la permanencia de Contreras es incompatible con una investigación transparente: "Nosotros pedimos la intervención inmediata de la comuna porque no se puede hacer una investigación cuando está presente la principal responsable o la principal persona que está denunciada".
Sánchez también señaló la responsabilidad institucional del Ejecutivo en la falta de control: "el principal responsable es el el gobierno, es el Ministerio del Interior porque es quien otorga los recursos a los delegados comunales y, por consiguiente, tiene que tener lo que es la rendición de cuentas". Asimismo, cuestionó la calidad de la misma, al indicar que "parece que llevan las cuentas como un papel de almacenero, y eso no puede ser".
Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez enfatizó la gravedad de la situación, contextualizándola en la lucha contra la malversación de fondos: "la corrupción mata. La corrupción deja a los argentinos sin salud, sin rutas y a los tucumanos en particular también". Respecto a Las Cejas, la radical indicó que ya se han recorrido todas las instancias, mencionando denuncias penales y que el Tribunal de Cuentas "nos está diciendo que manejan los fondos de una manera discrecional e iniciando un juicio de cuentas".
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la oposición es la intimidación a quienes brindan testimonio de lo sucedido en el lugar. Elías de Pérez aseguró que "hemos tenido todos los legisladores visitas de las distintas personas de Las Cejas en donde nos están diciendo que están apretando a los testigos. Entonces esta es la provincia al revés: a los testigos se los aprieta, a los testigos se los allana". Por ello, concluyó que la acción presentada busca "el pedido de intervención y el llamado a una nueva elección en Las Cejas".
Desde el espacio político, se insistió en que lo acontecido en la zona en cuestión no es un "caso aislado", sino una muestra de la falta de rendición de cuentas en las comunas rurales, una situación que, según la oposición, se da porque estas entidades "no rinden cuentas".
"Robar no es político"
En tanto, el parlamentario José Cano remarcó que las comunas rurales forman parte directa del Ejecutivo Provincial y que no ha sido infrecuente que se utilicen "como mecanismo para desviar fondos públicos". Cano fue enfático al señalar la incompatibilidad de Contreras con su cargo: "no puede la delegada comunal seguir al frente de la comuna este por un principio fundamental cuando hay una investigación y una denuncia porque lo que se trata es de buscar las pruebas que ya son públicas". En este sentido, agregó que la funcionaria "no puede seguir al frente de la comuna porque claramente puede eliminar pruebas".
Ante la posibilidad de que el gobierno provincial califique el pedido como una movida política, Cano respondió con contundencia: "Si robar plata en una comuna, sacar plata y pedirle facturas a los corralones para construirse viviendas en las zonas exclusivas de Tucumán es político, entonces, la verdad, que no tendría razón de ser este la división de poderes ni que exista el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Robar no es político, venga de donde venga".
El proceso para la intervención, una vez presentada la iniciativa por mesa de entrada de la Cámara, deberá pasar a una comisión para su tratamiento antes de ser elevado al recinto legislativo para su tratamiento.