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AVANZA LA CAUSA

El Tribunal rechazó la oferta de empresarios para evitar el juicio por los cuadernos de las coimas

Lo resolvió el tribunal oral, que ratificó el inicio del juicio el 6 de noviembre. El monto ofrecido fue de unos 15 millones de dólares. Están acusados de pagarle coimas al gobierno de Cristina Kirchner a cambio de licitaciones de obras públicas.

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06 oct, 2025 04:50 p. m. Actualizado: 06 oct, 2025 04:53 p. m. AR
El Tribunal rechazó la oferta de empresarios para evitar el juicio por los cuadernos de las coimas

Foto de La Nación

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes la propuesta de 50 empresarios que ofrecieron pagar cerca de 15 millones de dólares como resarcimiento económico a cambio de ser desvinculados del proceso judicial por la causa de los cuadernos de las coimas, en la que la expresidenta Cristina Kirchner figura como principal acusada por delitos de corrupción.


La decisión fue adoptada por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, quienes confirmaron que el juicio comenzará el próximo 6 de noviembre, en formato virtual.


Los magistrados respaldaron la postura de la fiscal de juicio, Fabiana León, quien se opuso a las propuestas económicas al considerar que se trata de un caso de gran corrupción, cuyas consecuencias afectan bienes jurídicos colectivos como la probidad, la transparencia y el orden público, los cuales no pueden ser compensados con dinero.


La oferta, que sumaba un total de 16.591 millones de pesos y 3,6 millones de dólares adicionales, fue presentada por decenas de empresarios y exfuncionarios, con el objetivo de acceder a un mecanismo de "reparación integral del daño" que les permitiera evitar el juicio.


Sin embargo, el Tribunal resolvió que estos planteos no pueden prosperar, ya que, además de la oposición del Ministerio Público Fiscal, los delitos investigados son de carácter imprescriptible y de naturaleza supraindividual, es decir, afectan a toda la sociedad y al funcionamiento del Estado.


En ese sentido, los jueces advirtieron que aceptar estas ofertas equivaldría a “abrir un mercado de impunidad” que solo beneficiaría a quienes tienen recursos para pagar, violando así el principio de igualdad ante la ley.



Los acusados y el alcance de la causa



Entre los empresarios que hicieron la oferta figuran Cristóbal López, Fabián De Sousa, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, y Juan Carlos De Goycoechea, entre otros. También se sumaron algunos exfuncionarios kirchneristas como Juan Manuel Abal Medina y Hugo Martín Larraburu.


El Tribunal dejó en claro que, en este caso, la participación de funcionarios públicos en la estructura delictiva impide aplicar mecanismos de extinción penal. “Los hechos imputados solo pudieron concretarse con la colaboración entre empresarios y funcionarios”, señalaron los jueces.


Un juicio con fuerte carga institucional


La investigación se originó a partir de una publicación del diario La Nación, que reveló el sistema de recaudación ilegal montado desde el Ministerio de Planificación Federal, y que fue documentado en ocho cuadernos por Oscar Centeno, exchofer del funcionario Roberto Baratta. Esos cuadernos se convirtieron en una prueba clave en la causa.



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La fiscal León calificó el expediente como un “caso paradigmático de corrupción estructural”, y sostuvo que no existe una víctima individual a la que se pueda indemnizar, lo que imposibilita cualquier acuerdo económico como salida judicial.

El juez Castelli, por su parte, recordó que los hechos podrían ser considerados un “atentado contra el sistema democrático”, dado su nivel de gravedad, y que según la Constitución Nacional, los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento son imprescriptibles.


El debate oral y público comenzará el 6 de noviembre y se desarrollará de manera virtual, una vez por semana durante cuatro horas, hasta fin de año. A partir de 2026, se agregará un segundo día de audiencias por semana.



La causa tiene más de 100 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, varios de los cuales declararon como arrepentidos, admitiendo haber pagado o recibido sobornos para mantener contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.


Cristina Kirchner, hoy con arresto domiciliario tras ser condenada en otra causa por corrupción, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación sistemática de sobornos, lo que la convierte en una de las principales protagonistas del juicio más relevante en materia de corrupción en la historia reciente del país.

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