Opositores impulsan la intervención de Las Cejas tras las causas judiciales contra la comisionada Contreras

Legisladores provinciales de la oposición, junto al Diputado Nacional Roberto Sánchez (UCR), presentarán este lunes un pedido formal de intervención de la Comuna Rural de Las Cejas, en el departamento Cruz Alta. El anuncio se realizará durante una conferencia de prensa en la que expondrán los fundamentos de la solicitud.

El planteo político surge en el contexto del proceso judicial que enfrenta la comisionada Cristina Mabel Contreras, quien desde 2024 tiene su causa elevada a juicio, según reveló días atrás Tendencia de Noticias. La funcionaria está acusada de haber implementado un mecanismo de apropiación indebida de fondos públicos y de los salarios de empleados comunales.

La resolución firmada por el juez Raúl Armando Cardozo, del Juzgado de

Instrucción Conclusional II, la elevación a juicio corresponde a la causa N° 30315/2018, en la que Contreras está imputada por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y estafa, en concurso ideal.

El requerimiento fiscal sostiene que Contreras habría condicionado la continuidad laboral de empleados comunales a la entrega parcial o total de sus salarios, bajo el argumento de que los recursos debían “compartirse con el resto del personal”. De acuerdo con la acusación, los montos apropiados superarían los $500.000 en total.

Además, la investigación incluye la supuesta utilización de tarjetas de débito pertenecientes a empleados para realizar extracciones en cajeros automáticos sin su autorización. Entre las pruebas incorporadas, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinó que Contreras fue registrada por las cámaras del banco realizando las operaciones.

Durante su declaración indagatoria, la comisionada negó los hechos y sostuvo que todo se trata de una “maniobra política” en su contra. Afirmó que los denunciantes habían sido contratados por períodos determinados y que, al no ser renovados sus vínculos laborales, decidieron acusarla falsamente.

Pese a su defensa, el juez Cardozo resolvió en septiembre de 2024 rechazar los planteos de nulidad y sobreseimiento, y dispuso la elevación de la causa a Juicio Oral y Público, que aún no se ha concretado.

El pedido de intervención que presentará la UCR buscará que el Gobierno provincial disponga el reemplazo de las autoridades comunales mientras avanza el proceso judicial. Desde el radicalismo señalaron que los hechos denunciados “afectan la institucionalidad y la transparencia” en el manejo de los recursos públicos.

La conferencia de prensa está prevista para la mañana del lunes, donde los legisladores brindarán más detalles sobre el alcance del pedido y los pasos a seguir.