Si me callan, no te sirvo

“Si me callan, no te sirvo”, fue el nombre de una recordada campaña del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), lanzada el 7 de junio de 2013. Aquella iniciativa, acompañada por un comunicado con diez “¡Basta!”, denunciaba los intentos de censura y hostigamiento a la prensa. Diez años después, esas palabras siguen tan vigentes como entonces.

Anoche, en la apertura del 20° Congreso de FOPEA, el periodista Jorge Fernández Díaz abrió la jornada con una lúcida reflexión sobre el oficio. “Los nuevos comunismos de derecha y de izquierda nos quieren ubicar en el lugar de un oficio maldito”, dijo. Y celebró que así fuera con una frase contundente: “No queremos ser un periodismo previsible, domesticado y gris, sino un oficio maldito, un oficio que sea una verdadera maldición para los que mandan o para los que miran para otro lado”.

Mientras esas palabras resonaban ante un auditorio colmado de periodistas, en la Universidad Torcuato Di Tella, en Tucumán un juez imponía un bozal legal a todo un medio de comunicación. No a un periodista en particular, sino a una empresa de cable, Compañía de Circuitos Cerrados (CCC), responsable de retransmitir numerosos canales.

La medida, solicitada por el fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero, con aval del jefe de los fiscales Edmundo “Pirincho” Jiménez, tendrá una vigencia de seis meses. La insólita resolución del juez Lucas Alfredo Taboada ordena a Gustavo Olarte, director de CCC, y a su equipo periodístico cesar de inmediato cualquier contenido que “injurie, desacredite o distorsione” la actuación de fiscales y jueces provinciales.

El fallo incluso dispone que se comunique la decisión al ENACOM, para su “control y supervisión administrativa”. Un mecanismo de vigilancia impropio de una democracia moderna.

Traducido: si algún canal transmitido por CCC, como Enterate Play, que viene abordando temas judiciales sensibles, critica a un juez o fiscal, el responsable sería el dueño del cable. Así de absurdo es este acto de censura previa.

El juez Taboada sostuvo que esos programas no representan un “ejercicio democrático del control ciudadano”, sino un “intento de constreñir” la labor de los funcionarios judiciales. En otras palabras, opinar sobre el Poder Judicial ahora es considerado una amenaza.

Pero el verdadero problema no es un fallo en sí, sino el precedente peligroso que representa. Porque lo que está en juego no es una disputa personal ni un caso judicial

aislado: es el derecho de todos a saber, a cuestionar, a exigir rendición de cuentas, inclusive a la Justicia.

Los fiscales y jueces son empleados públicos, sostenidos con los impuestos de la ciudadanía. Sus actos deben poder ser analizados y, si la situación lo amerita, criticados y señalados.

Este fallo, impulsado por quienes deberían garantizar la justicia, pretende blindar a una casta que no quiere ser observada. Una casta con sueldos millonarios, con fueros de impunidad, con un poder que se ejerce sin control político ni social.

Y aquí radica otro punto clave: los legisladores, que son quienes tienen en sus manos el poder de controlar, interpelar o incluso sancionar a jueces y fiscales, pero han elegido el silencio. Algunos por conveniencia, otros por cobardía. Y así, mientras miran hacia otro lado, el Poder Judicial avanza sin contrapesos, administrando impunidad y censura a discreción.

Cuando la Legislatura no cumple su función de control, el periodismo se convierte en la última trinchera.

Por eso las palabras de Fernández Díaz cobran en Tucumán una dimensión especial: Sí, somos un oficio maldito. Pero maldito para los que le temen a la verdad.

Y también por eso vuelve a tener sentido aquella consigna de FOPEA: “Si me callan, no te sirvo.”

Es momento de decir basta.

De exigir que quienes deben velar por la libertad de prensa estén a la altura.
De recordar que una Justicia que silencia a la prensa no protege instituciones: las debilita.

Ampararse en supuestos delitos para silenciar voces críticas es censura previa.

El escrutinio público no es un delito, es un derecho.

Pretender acallar periodistas por informar u opinar es inconcebible en democracia.

La resolución del juez Lucas Taboada, a pedido de Edmundo “Pirincho” Jiménez, no solo es un exceso judicial: es una afrenta directa a la libertad de expresión y a la democracia misma. Y cuando la Justicia decide callar a la prensa, no defiende el Estado de Derecho: lo entierra. Porque un poder que teme las preguntas no busca justicia, busca silencio. Y el silencio, en democracia, es siempre complicidad.