UE–Mercosur: Un acuerdo histórico con un punto de partida todavía modesto

Por Raúl García

Socio Fundador y Director

de RG & Asociados - Data Consulting

Con el voto positivo de Italia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue autorizada a firmar el tratado que vinculará al bloque europeo con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En Asunción se especula que la firma podría concretarse la próxima semana, una vez que los textos definitivos sean remitidos por la UE. Resta aún la aprobación del Parlamento Europeo, que deberá pronunciarse en las próximas semanas, en un contexto de eventuales impugnaciones judiciales.

La firma se produce en un escenario de reconfiguración de alianzas globales, marcado por disputas comerciales entre grandes potencias. La Unión Europea busca diversificar socios estratégicos, reducir su dependencia de China y atenuar las incertidumbres derivadas de la relación transatlántica.

Las negociaciones comenzaron oficialmente en 1999, alcanzaron un acuerdo político en 2019 y culminaron en un texto técnico consensuado en 2024. Diferencias finales demoraron la firma hasta la actualidad.

Alcance económico y comercial del acuerdo

La UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 %, beneficiando a cerca del 99 % de las exportaciones agrícolas. El acuerdo impacta sobre un mercado potencial de más de 740 millones de personas. La Comisión Europea estima que las exportaciones europeas hacia América Latina podrían aumentar hasta un 39 %, con oportunidades destacadas para la industria automotriz, la ingeniería mecánica y el sector farmacéutico, mientras que el agro sudamericano aparece como uno de los principales beneficiarios.

El principal foco de resistencia proviene del sector agrícola europeo, que percibe una amenaza competitiva frente a productores del Mercosur, capaces de operar con menores costos.

Francia sostiene que el acuerdo no protege adecuadamente a sus productores, exige equivalencia en estándares ambientales y sanitarios, y reclama cláusulas de salvaguardia efectivas para proteger al mercado interno.

Italia inicialmente compartía esas objeciones, pero modificó su postura luego de que la Comisión Europea propusiera aumentar en 45.000 millones de euros la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028, dentro del Marco Financiero Plurianual 2028–2034. Estos recursos se sumarían a los fondos ya previstos y a una reserva de crisis de 6.300 millones de euros.

España ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, al que considera una palanca económica y geopolítica. Reconoce la necesidad de mitigar impactos sectoriales negativos, pero destaca el potencial de expansión industrial y energética.

Los datos recientes del comercio exterior argentino, publicados por el INDEC, muestran que la Unión Europea, si bien es un socio relevante, todavía representa una porción relativamente acotada del intercambio total. En el Cuadro 1, se puede apreciar que, hasta noviembre de 2025, las exportaciones argentinas hacia la UE alcanzaron USD 914 millones, equivalentes al 11,3 % del total exportado, mientras que las importaciones desde ese bloque sumaron USD 768 millones, el 13,7 % del total. El saldo comercial resultó levemente superavitario para Argentina, con USD 146 millones.

Esta estructura muestra dos aspectos relevantes. En primer lugar, el punto de partida del acuerdo es una relación comercial de escala media, lejos del peso que hoy tienen socios como China o incluso el bloque USMCA. En segundo lugar, esta base relativamente contenida amplifica el potencial de expansión futura: incrementos moderados en volúmenes o en diversificación de productos podrían generar impactos significativos en términos de acceso a mercados, inversión, integración de cadenas de valor y transferencia tecnológica, sin generar desequilibrios macroeconómicos inmediatos.

En este sentido, el acuerdo no solo abre oportunidades para ampliar exportaciones agroindustriales, sino también para profundizar la inserción de manufacturas y servicios con mayor contenido tecnológico, siempre que existan políticas domésticas que mejoren la competitividad sistémica y reduzcan los costos estructurales de producción.

Conclusión

En definitiva, la aprobación del acuerdo UE–Mercosur constituye una ventana estratégica para reposicionar la inserción internacional de la Argentina y de la región. El verdadero impacto no dependerá únicamente del acceso preferencial a mercados, sino de la capacidad doméstica para transformar esa oportunidad en inversión, productividad, diversificación exportadora y mayor integración en cadenas de valor. El acuerdo abre la puerta; el desafío es atravesarla con una agenda interna consistente de competitividad, infraestructura, estabilidad macroeconómica y calidad institucional.