"No alcanza": Jaldo y los gobernadores se miden con Milei en una votación que define mucho más que plata

Javier Milei y los gobernadores mantienen una negociación a todo o nada, que seguramente signará la marcha de la política para el segundo tramo de la gestión libertaria. El primer round del año está pautado por la reforma laboral, subsumida a una discusión meramente tributaria. Ese, quizá, sea un logro del Presidente tras el primer mes de 2026.

Desde diciembre en adelante, poco se habló de los cambios en los regímenes laborales o en los convenios colectivos. Las escasas voces gremiales que se alzaron en contra quedaron opacadas por una discusión fiscal: el impacto que tendrá la ley en las finanzas provinciales. Más allá de que haya sido casual o producto de una estrategia, porque es más fácil negociar entre políticos que con plazas revueltas, lo cierto es que el mileísmo consiguió instalar la idea de que ofreciendo un analgésico a los gobernadores, el proyecto será aprobado en el recinto.

Por el momento, la última semana de enero cerró con puntos suspensivos en la negociación. El jueves, el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil escucharon de boca del ministro del Interior, Diego Santilli, que la apuesta del Presidente es no introducir cambios al dictamen de la reforma laboral firmado en diciembre. El funcionario les pidió apoyo para un temario que también incluye el régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

Específicamente sobre la reforma laboral, el despacho de mayoría prevé una pérdida importante de recursos para las provincias. Hay varios puntos que generan ruido entre los mandatarios, pero el principal es la baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades porque redundará en una caída de los recursos coparticipables. Según un documento de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), en el caso de Tucumán la pérdida estimada sería de $ 86.063 millones anuales. En la Casa de Gobierno, no obstante, estiman que el monto podría ser menor. Más allá de la cifra fina, en este contexto de retracción económica la Provincia no está en condiciones de ceder más recursos.

Por esta razón, los gobernadores vienen planteando la necesidad de escalonar la reducción o establecer mecanismos de compensación, un planteo que el Ejecutivo rechaza incorporar por afuera del texto legislativo. En las últimas horas corrió la versión de que la Casa Rosada podría ofrecer una coparticipación del Impuesto al Cheque. No obstante, cualquier acuerdo debería ser a posterior de la aprobación, a libro cerrado, de la reforma laboral tal cual fue enviada. Eso es, precisamente, lo que genera dudas entre los jefes provinciales.

“No alcanza”, resumió un jaldista que siguió de cerca las conversaciones de estos días con los funcionarios nacionales, consultado sobre las promesas recibidas por los enviados de Milei. La actividad en el Congreso se reanudará este martes, cuando el bloque de La Libertad Avanza en el Senado se reúna para alistar la agenda de sesiones extraordinarias. La intención de Patricia Bullrich es que se vote en la Cámara Alta el miércoles 11; incluso aunque no haya acuerdo con los popes de las provincias.

En paralelo, los gobernadores buscan consensuar una postura común. Hay quienes propician una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, la casa poderosa de los distritos durante el menemismo.

En el mientras tanto, Jaldo activó retratos con sus espadas en el Congreso, para mostrar fortaleza ante la Nación. Los libertarios cuentan con 21 votos propios en el Senado y necesitan 16 más para llegar a la mayoría (37) que les permitan aprobar el proyecto. El macrismo podría aportar tres y -en el mejor de los casos- el radicalismo otros 10, en caso de que Bullrich pueda convencer al “ala dura” de la UCR.

En el mejor de los escenarios, aún requeriría de los votos de los gobernadores. El tucumano exhibió el apoyo de la senadora Beatriz Ávila, y en los próximos días recibirá a la famaillense Sandra Mendoza. Son dos votos que, en este plano de incertidumbre, pueden resultar determinantes para el éxito o el fracaso de LLA en la primera pulseada del año. Por lo pronto, la voluntad jaldista de acordar existe: “seguimos dialogando”, “no hay nada definido” y “hay varias alternativas” son algunas de las frases que utilizan en el primer piso de la Casa de Gobierno para resumir el estado de las negociaciones.

Manos libres

Enero tuvo un voltaje político inusual en Tucumán, con definiciones cuyo impacto aún es difícil de mensurar. Por ejemplo, el desplazamiento de la cúpula cisnerista en la Caja Popular de Ahorros, que encabezaban José Díaz y Darío Amatti.

Al diputado Carlos Cisneros no tomó por sorpresa esa decisión del gobernador, porque era algo que se venía vislumbrando desde hacía meses y que incluso se había conversado. Sin embargo, eso no quita que la medida vaya a tener consecuencias en el mediano plazo dentro del oficialismo. Si bien el bancario se manejó como líbero a lo largo de la gestión e incluso nunca acompañó con su voto en el Congreso la postura dialoguista del bloque Independencia, ahora tiene definitivamente las manos libres porque ya no existe ningún compromiso de por medio. Y eso en el peronismo nunca es una buena noticia para quien gobierna.

Hay un dato que, en medio de la vorágine generado por la movida, pasó prácticamente desapercibido. En la mañana de ese jueves en el que se tomó la determinación de los cambios, Jaldo recibió a la intendenta Rossana Chahla en su despacho. Más allá de las cuestiones de gestión, pusieron demasiada atención en hablar de “ir juntos” en los últimos dos años de mandato. De hecho, a partir de ese encuentro se observa hasta otra predisposición de los funcionarios de ambos estados (provincial y municipal) para abordar problemáticas conjuntas.

No obstante, la capitalina salió de esa reunión sin saber que horas después Jaldo iba a tomar una definición política de alta tensión dentro del PJ, y cuyas esquirlas podrían alcanzarla por su relación con el diputado Cisneros. Casualmente al día siguiente en la Casa de Gobierno, en el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Caja, algunos de los presentes escucharon a la intendenta reprocharle al gobernador por no haberle avisado en esa charla a solas sobre los cambios.

La violencia del agua y la necesidad de un trabajo conjunto dentro del oficialismo dejó de lado las internas y los recelos. Sin embargo, es probable que esas sensaciones se refloten una vez que pase esta emergencia. De hecho, ya hay a la vista un mojón que pueda activar las rencillas. Puntualmente, la Defensoría del Pueblo. El 8 de marzo vence el mandato de Eduardo “Lalo” Cobos como ombudsman, un cargo que debe ser votado por la Legislatura.

El dirigente del este tucumano tiene intenciones de renovar, pero en las últimas horas comenzaron a circular versiones que lo inquietan. De hecho, en Casa de Gobierno cuentan que lo escucharon rezongar porque el gobernador no le habría atendido el teléfono ni respondido los últimos mensajes.

¿Será una señal de cambio o de dudas sobre la conveniencia de su continuidad? El mandatario sabe que aún debe compensar al ex diputado Agustín Fernández, que presidió el bloque Independencia durante los primeros dos años de convivencia con los libertarios. Fue quien esencialmente pagó los costos de haber roto la bancada del peronismo en 2024. Por lo pronto, todos guardan en sus retinas el antecedente de la última elección del defensor del Pueblo: en 2021, la designación de Cobos fue el primer hecho concreto de quiebre entre el jaldismo y el manzurismo, que en aquel entonces promovía la continuidad de Fernando Juri Debo. Un recuerdo que suma morbo a este particular momento del oficialismo.