En lugar de "congelar" internas, un decreto de Jaldo "desfrizó" una vieja disputa en el peronismo

Travesura, picardía, confusión o mala interpretación. Como fuere, lo cierto es que el decreto del gobernador Osvaldo Jaldo mediante el que se congelan ingresos al Estado tucumano dejó helados a los referentes de los otros poderes del Estado. En particular, a los de la Legislatura, que se dieron con la sorpresa cuando el DNU ingresó formalmente a la Cámara. Casualmente, un día después del Día de los Santos Inocentes.

Con el argumento de sostener el equilibrio fiscal, el Poder Ejecutivo provincial oficializó un fuerte ajuste del gasto público que comenzó a regir el 1 de enero de 2026 y que se extenderá por dos años. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 11/3, firmado el 23 de diciembre por el gobernador, y comunicado el lunes 29 a la Legislatura. El eje central de la norma apunta a un congelamiento casi total de nuevas incorporaciones de personal en la Administración Pública Provincial y a la adopción de mecanismos extraordinarios para el manejo de recursos, en el marco de la emergencia económica y social vigente.

Las disposiciones alcanzan no sólo a la administración central, sino también a los entes autárquicos, descentralizados y a aquellos organismos que, aun con autonomía financiera, requieran asistencia del Tesoro provincial. Además, invita a los demás poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Publico Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa y a los municipios a adherir a las disposiciones.

La medida, que regirá por dos años, puede ser prorrogable en caso de que así lo decida el Poder Ejecutivo. Es decir, ningún poder del Estado ni organismo podrá designar nuevo personal hasta que finalice el mandato actual y, lógicamente, hasta que transcurran las elecciones de renovación de autoridades de 2027.

Como es de esperar, habrá adhesión tácita (por el paso del tiempo) a la disposición por parte de la Legislatura. Sin embargo, esto no implica que haya acompañamiento a lo resuelto por Jaldo. Puntualmente, por las dudas que genera el artículo quinto del decreto.

“Establécese que, en la Administración Centralizada como en los Organismos Descentralizados y Autárquicos que consolidan en el Presupuesto General de la Provincia, las etapas correspondientes a la Aprobación del Compromiso y del Ordenado, será responsabilidad exclusiva de los respectivos Servicios Administrativos Financieros (SAF), debiendo Contaduría General de la Provincia ejercer el control interno y previo como órgano rector del Sistema de Contabilidad, aprobando el gasto en el Sistema de Administración Financiera y Control de la Provincia”, plantea ese artículo.

En el edificio de avenida Sarmiento y Muñecas recuerdan que el vicegobernador, Miguel Acevedo, fue ministro del Interior durante la gestión de Juan Manzur. En consecuencia, conoce el entramado normativo que regula los manejos financieros de los municipios pero, fundamentalmente, de las 93 comunas rurales.

Desde el alperovichismo, cada Presupuesto provincial que es aprobado contiene la suspensión de la aplicación de la Ley de Administración Financiera respecto al Presupuesto de Recursos y Gastos de las Comunas Rurales. Es decir, no tienen la obligación de elaborar un cálculo de gastos e ingresos anual. El asunto, además, viene siendo foco de los reclamos opositores y, en la sesión de diciembre en la que se aprobó el Presupuesto provincial para 2026, motivó el rechazo de un sector de estas bancadas.

En el recinto, los parlamentarios enfrentados al Gobierno citaron advertencias del Tribunal de Cuentas sobre esta cuestión. Recordaron que en el informe sobre la última Cuenta de Inversión -aprobado por el órgano de control, vale aclarar- se plantea que las comunas operan bajo un vacío legal que impide su control efectivo y que mantienen registros contables "precarios" que no generan información confiable.

Más allá de estos planteos de técnica contable, hay un elemento político que encendió alertas dentro de la Cámara. A criterio de legisladores del interior y de viejos conocedores de los manejos presupuestarios, el artículo quinto del decreto firmado por el Gobierno deja una ventana abierta para que un sector del Estado quede al margen de la prohibición de designar nuevo personal, o al menos de las adscripciones y comisiones. Y esa área está bajo la órbita del Ministerio del Interior: las comunas rurales. Al menos, es la advertencia que formulan en los pasillos del Poder Legislativo y que alimenta, con cierto gozo, un ala del propio Poder Ejecutivo.

Otros parlamentarios entienden que esta interpretación colisiona con lo que establece el artículo primero: “Dispónese que los organismos del Poder Ejecutivo, sus entes Autárquicos, Descentralizados, y aquellos que, aun con autonomía financiera, requieran aportes y/o asistencias para afrontar el pago de haberes y/o gastos de funcionamiento, deberán abstenerse de efectuar nuevas designaciones de en cualquier condición de revista, y de celebrar contrataciones bajo relación de empleo público”. Es decir, las comunas reciben asistencia mensual para el pago de sueldos, con lo cual no deberían estar liberadas de contratar personal.

Picardía, ambigüedad y la interna que se viene

Con una redacción cuanto menos vidriosa, según admitieron al menos tres especialistas consultados por esta columna, el malestar político quedó garantizado. Y permitió que el oficialismo abra 2026 con especulaciones renovadas sobre la verdadera disputa que atravesará al peronismo durante los próximos meses.

Porque nadie duda de que Jaldo irá en busca de su reelección en 2027, pero todos coinciden en que está abierta la pelea por resolver quién completará la fórmula. Lógicamente, el actual mandatario no se ha expresado al respecto y no lo hará a lo largo de este año, pero en la Casa de Gobierno hay quienes aseguran que la relación con el vicegobernador Acevedo quedó deteriorada. En concreto, los motivos se incrementaron a partir de la negativa del presidente de la Cámara de encabezar la lista de candidatos a diputado nacional del frente Tucumán Primero. Además, esas mismas fuentes destacan que las diferencias por el manejo de los tiempos en lo referido a la reforma electoral potenciaron el distanciamiento.

Por el lado del ex ministro del Interior anticipan que la prioridad es la gestión y que, si cada uno mantiene la cordura y la prudencia, se puede llegar al final del mandato en armonía y con posibilidades de repetir el binomio. El papel que jueguen el manzurismo y los sectores disidentes al jaldismo puede ser determinante para la resolución de esta interna.

No obstante, hay otra situación que genera tensión: los movimientos del actual titular del Interior y hombre fuerte del jaldismo, Darío Monteros. Entre el bandeño y Acevedo nunca hubo una relación fluida, porque siempre se midieron como rivales en el manejo territorial de municipios y de comunas. Ese recelo se incrementó a partir de la apuesta del vicegobernador para establecer límites a los acoples e ir hacia un sistema electoral que contemple la Boleta Única Electrónica. Monteros fue uno de los que encabezó la resistencia del interior, junto al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.

Además, en el oficialismo alertan que el ministro fue empoderado tras los comicios de octubre. Ese ímpetu se tradujo en una mayor exposición política de su espacio: la diputada Gladys Medina preside el bloque Independencia en la Cámara Baja y recorre la Capital y el interior con mayor frecuencia. ¿Se está gestando una lucha intestina para ver quién secunda a Jaldo en 2027? Hay un elemento objetivo dentro de todas estas subjetividades: el peso del interior fue clave para apuntalar la última victoria electoral de Jaldo. De los 175.597 votos que obtuvo el frente Tucumán Primero fuera de la Capital, 68.254 (el 39%) fueron recolectados en municipios y 107.343 (el 61%) en las 93 comunas rurales.

Siguiendo en la línea de las especulaciones, en la Legislatura están convencidos de que Jaldo apuró este decreto para limitar el margen de maniobra de Acevedo en el período preelectoral. En especial, recuerdan que el vicegobernador, durante el asado de despedida del actual diputado Javier Noguera, lanzó una advertencia a los legisladores presentes: a partir de esta segunda mitad de mandato, se termina “la doble ventanilla”. En otras palabras, se acaba la tolerancia con aquellos legisladores mimados por la Casa de Gobierno y por la Legislatura. Todo indica que, a partir de 2026, en el oficialismo ya no habrá medias tintas: o se está con uno, o se está con el otro.