Sin estrategia de recompensas, el silencio gana

Este año se cumplen veinte años de dos hechos judiciales que conmocionaron a Tucumán y que aún hoy siguen dejando heridas abiertas: la desaparición de la docente Beatriz Argañaraz y el asesinato de Paulina Lebbos, ambos ocurridos en 2006. Dos historias atravesadas por el dolor, la verdad incompleta y una pregunta que persiste: ¿por qué, después de tanto tiempo, todavía no se sabe todo?.

En el caso de Beatriz Argañaraz es imprescindible realizar una aclaración central: dos exnovicias y compañeras de trabajo fueron juzgadas y condenadas por su homicidio. Sin embargo, su cuerpo nunca fue hallado y, según determinó la Justicia, las responsables jamás revelaron qué hicieron con él. Esa ausencia deja una verdad incompleta y prolonga, hasta hoy, el dolor y la incertidumbre de su familia.

El caso de Paulina Lebbos es aún más brutal. A casi dos décadas de su asesinato, todavía no hay condenas firmes para los autores del crimen ni para todos los responsables del encubrimiento. Personas que saben qué pasó y siguen callando. Personas que no viven en la clandestinidad, sino integradas a la vida cotidiana, protegidas por el paso del tiempo y por un sistema que nunca terminó de buscar con decisión.

Para sumarle más heridas al cuerpo ya sin vida de Paulina, la Justicia continúa ultrajando su memoria con juicios abreviados en los que los fiscales —supuestos buscadores de la verdad— terminan avalando acuerdos que benefician a personas que deberían ser investigadas a fondo y sentadas en el banquillo de los acusados. Basta con admitir que mintieron y pronunciar un “sí, admito”, como se escuchó días atrás a Virginia Mercado o como ocurrió el año pasado con el comisario Francisco Picón, para acceder a estos mecanismos.

Así, el dolor de la familia vuelve a ser ignorado y se profundiza ante la indiferencia de un sector de la sociedad que no se manifiesta frente a quienes se amparan en estos beneficios, a los que no todos deberían acceder y mucho menos bajo el argumento de la “economía procesal”. Como lo expresó el padre de Paulina, se trata de “verdaderos pasaportes hacia la impunidad”.

En materia de recompensas, el caso Lebbos es ilustrativo de la falta de continuidad estatal. La única recompensa provincial vigente fue dispuesta por la Resolución N° 142-E/2017 del Ministerio de Seguridad, que incrementó a $500.000 la suma ofrecida para aportar datos sobre el crimen de Paulina Lebbos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de febrero de 2017 y notificada a la Fiscalía correspondiente. Antes y después de eso, no hubo actualizaciones ni una política sostenida desde la provincia.

Cabe recordar que en agosto de 2006 el Estado pagó una recompensa a los hermanos Sergio y Marcelo Goitea, quienes aportaron los datos que permitieron dar con el cuerpo de Paulina. Fue una medida puntual, reactiva, que no se tradujo luego en un esquema permanente de incentivos para romper el pacto de silencio que rodea al caso.

Actualmente, es el Gobierno nacional el que mantiene vigente una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita identificar a los autores del crimen de Paulina Lebbos. Un dato que expone, una vez más, la ausencia de una política provincial firme frente a delitos de extrema gravedad.

Otro caso que estremeció a Tucumán y al país fue la desaparición de Marita Verón, ocurrida en abril de 2002. Desde agosto de 2023, el Gobierno nacional ofrece una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten datos útiles sobre su paradero o sobre los responsables y encubridores de su desaparición. La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a pedido del titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Un ejemplo de cómo, cuando hay decisión política, el Estado puede sostener herramientas concretas en el tiempo.

La comparación con otros casos provinciales resulta elocuente. Beatriz Argañaraz, desaparecida en términos materiales desde hace diecinueve años, tiene una recompensa de apenas $150.000. Mariana González, desaparecida desde 2014, $50.000. Daniana Garnica, $30.000. Gabriela del Carmen Moreno, $1.000.000. Duilio Fernández, desaparecido desde 1996, $2.000.000. En el caso de la desaparición de Milagros Avellaneda y su bebé Benicio Coronel $10.000.000. Montos, en lagunos casos, que el paso del tiempo y la inflación volvieron casi simbólicos.

Hoy Tucumán no cuenta con un sistema automático y transparente que, ante una desaparición o un crimen sin resolver, active recompensas actualizables ni garantice una difusión inmediata y obligatoria. Tampoco existe una norma que comprometa a los medios que reciben pauta oficial a publicar estas búsquedas como un servicio público esencial, y no como una decisión discrecional atravesada por intereses políticos.

Como antecedente cercano, en 2024 el Gobierno de Santiago del Estero creó por decreto un Programa de Recompensas destinado a incentivar la colaboración ciudadana en la investigación de delitos graves y en la búsqueda de prófugos. La medida se enmarcó en la política criminal provincial y prevé el pago de compensaciones económicas a quienes aporten información útil para esclarecer homicidios, abusos, secuestros u otros hechos de alta complejidad, con intervención del Ministerio Público Fiscal y bajo resguardo de la identidad de los informantes.

El sistema cuenta con asignación presupuestaria, establece que los montos se fijan según la gravedad del caso y obliga a difundir públicamente cada ofrecimiento a través de medios y plataformas oficiales. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Gobierno y Seguridad, que administra el programa y ejecuta los pagos, mientras que la reserva de identidad y la evaluación judicial del aporte buscan garantizar tanto la eficacia investigativa como la protección de quienes colaboren.

Hablamos de personas desaparecidas en democracia. De víctimas de asesinatos cuyos responsables siguen amparados en el silencio. La tierra no se los tragó: alguien sabe qué pasó.

Y mientras el Estado no decida ponerle un valor real a la verdad, deje de facilitar atajos judiciales que premian el silencio y asuma que buscar a los responsables es una obligación indelegable, la impunidad seguirá siendo el negocio más barato del poder.