Luego del reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que obliga a la Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF por la expropiación de 2012, el economista y consultor Sebastián Maril criticó duramente la estrategia legal adoptada por el país. En declaraciones radiales, aseguró que esta situación es consecuencia de una “acumulación de errores” cometidos a lo largo de los años y remarcó que “la Argentina no cumple con los fallos internacionales”, lo que debilita su posición ante el mundo y limita sus chances de atraer inversiones.
Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los mayores especialistas en el caso, consideró que la postura del Estado argentino durante el proceso judicial fue ineficaz y contradictoria. Comento que “mientras se reclama deferencia a la justicia estadounidense, se evita cumplir con las sentencias firmes”,citando directamente el duro reproche que hizo la jueza Preska en su resolución. Además, anticipó que podrían surgir nuevas medidas adversas por demandas pendientes en distintos tribunales internacionales. En ese sentido, mencionó posibles embargos en países como Luxemburgo, Irlanda, Australia y el Reino Unido, y advirtió que el caso del Banco Central podría escalar bajo la figura de “alter ego”, permitiendo que se avance sobre bienes del Estado argentino en el exterior.
Si bien reconoció avances del gobierno de Javier Milei en materia económica y política, Maril criticó que no se hayan implementado cambios en la estrategia jurídica internacional. Sostuvo que, sin una reforma profunda en este aspecto, seguirán los fallos desfavorables y el riesgo de embargos sobre activos nacionales. También explicó que un eventual acuerdo con el fondo Burford requeriría aval del Congreso, algo poco probable en el corto plazo, y que dilatar el cumplimiento del fallo hasta agotar todas las apelaciones podría llevar el desenlace del conflicto a las puertas de un nuevo proceso electoral.
Para el consultor, el Estado argentino enfrenta una encrucijada delicada: por un lado, intenta dar señales de seguridad jurídica para seducir capitales, pero al mismo tiempo exhibe un historial de incumplimientos judiciales que lo deja mal parado en la escena internacional. El caso YPF no es sólo un tema legal, advirtió Maril, sino también político y reputacional.
“Ningún gobierno quiere tener que pagar 20.000 millones de dólares en plena campaña de reelección”, concluyó.