Penúltima sesión del Digesto: fortalecer la lucha contra las adicciones y el cuidado ambiental, los ejes sobresalientes

La Legislatura de Tucumán celebró la penúltima sesión destinada a avanzar en el Digesto Jurídico Provincial, un ambicioso proyecto que busca consolidar, ordenar y sistematizar las normas legales vigentes en la provincia. Este proceso, iniciado en marzo de 2024 bajo la presidencia de la legisladora Carolina Vargas Aignasse en la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, tiene como objetivo principal facilitar el acceso, la consulta y la comprensión del marco legal para ciudadanos, profesionales del derecho y autoridades.

Desde la última consolidación normativa en 2009, liderada por el parlamentario (mandato cumplido) José Cúneo Vergés, el universo normativo provincial se había tornado desordenado y complejo. Con un estimado de 4.600 leyes vigentes, se proyecta depurar unas 3.000, dejando aproximadamente 1.500 normas activas.

La sesión abordó el trabajo de varias comisiones permanentes, destacándose los aportes de Asuntos Constitucionales; Legislación General; Educación; MERCOSUR, Integración Regional y Relaciones Internacionales; Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones; Juventud; y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Asuntos Constitucionales: prudencia en la depuración normativa

La vicepresidenta de dicho cuerpo, Carolina Vargas Aignasse, destacó la complejidad del trabajo realizado y la necesidad de un enfoque prudente en la depuración de normas. “La pandemia y pospandemia tuvieron un gran adelantamiento con la digitalización en el Poder Judicial, con la modernización realizada en estas oficinas y la creación de las oficinas de gestión judicial. También está regulada la materia de juicio por jurados ciudadanos en la ley 9.119, que seguimos discutiendo sobre su implementación. Además, la ley 7.104, que establece el registro de deudores alimentarios, es sumamente importante”, afirmó Vargas Aignasse.

La legisladora señaló que, de 44 leyes que aprueban tratados y convenios interjurisdiccionales, la Comisión de Digesto recomendó inicialmente la caducidad de varias por considerar que habían cumplido su objeto. Sin embargo, tras un análisis minucioso se decidió sostener varias normas por falta de respaldo documental. “La falta de digitalización de ciertos años nos llevó a adoptar un criterio de prudencia. Las recomendaciones de la Comisión que nos propone son muy buenas, pero hemos decidido sostener normas por falta de documentación, para trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo en la consolidación anual”, explicó.

El legislador Walter Berarducci, de la Comisión de Digesto, resaltó la trascendencia institucional de las normas analizadas: “Hemos receptado la recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales para mantener vigentes convenios y tratados con efectos jurídicos actuales. Este trabajo minucioso nos permitirá, con la consolidación anual, ir depurando leyes en conjunto con el Ejecutivo”.

Legislación General: un legado para la seguridad jurídica

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, subrayó la importancia histórica del proyecto: “Depurar, ordenar y consolidar más de 4.800 leyes es una tarea trascendente para darle seguridad y calidad a nuestro ordenamiento jurídico”. La Comisión recomendó declarar caducas las leyes 3.642, 9.405 (juicios por suscripción de planes de ahorro), 9.468 (afectación del inmueble destinado a la construcción del Complejo Penitenciario Benjamín Paz) y 9.672 (relacionada con autorizaciones para construcciones del IPV), y consolidar las leyes 5.994 (ejercicio de la profesión de Arquitecto), 7.692 (ordenamiento y publicidad de las leyes provinciales), 7.902 (ejercicio profesional de ingeniero y técnico universitario), 9.039 (adhesión a ley nacional sobre bomberos voluntarios) y 9.390 (prohibición de la eutanasia y sacrificio de perros y gatos).

El legislador Roque Álvarez, de la Comisión de Digesto, respaldó las recomendaciones: “Aceptaremos el dictamen de Legislación General en las categorías procesal civil, comercial, laboral y administrativa, para una mejor convivencia y claridad normativa”.

Educación: complejidad en el ordenamiento

La Comisión de Educación, presidida por Aldo Salomón, analizó 243 leyes, proponiendo tras un exhaustivo análisis declarar 57 caducas, 162 vigentes, 17 derogadas y 7 consolidadas. “La cantidad de leyes analizadas habla de la importancia de la educación como pilar fundamental para el desarrollo de Tucumán. La Ley Provincial de Educación 8.391, sancionada en 2010, es un marco legal clave que adapta el sistema educativo a las necesidades de la provincia”, afirmó Salomón. Entre las normas destacadas, la ley 9.320 incorpora temáticas como la Causa Malvinas y la lectura como motor de desarrollo, mientras que la ley 9.676 institucionaliza la educación emocional para promover el bienestar de los estudiantes. Sin embargo, el ordenamiento del Estatuto Docente presentó desafíos.

Vargas Aignasse, desde la Comisión de Digesto, explicó: “Propusimos renumerar artículos para emprolijar normas, pero el Ministerio de Educación y la propia Comisión se opusieron, ya que el uso y costumbre de los artículos actuales es clave para trámites cotidianos. También reconsideramos la caducidad de leyes que asignan nombres a escuelas, ya que, aunque técnicamente cumplieron su objeto, son un respaldo institucional importante”. La Comisión de Digesto aceptó todas las modificaciones propuestas por Educación, destacando el aporte del Ministerio y la Fiscalía de Estado.

MERCOSUR, Integración Regional y Relaciones Internacionales: Consolidar el futuro regional

El legislador Eduardo Verón Guerra destacó el contexto del MERCOSUR: “Desde el Tratado de Asunción de 1991, el MERCOSUR es una esperanza para América Latina, aunque enfrenta trabas. Consolidamos la ley 2.577, un tratado entre Tucumán y la Nación para dar relevancia a municipalidades y comunas en el comercio regional”. La Comisión recomendó caducar leyes como la 6.615, 6.900, 7.149 y 8.146, relacionadas con acuerdos de integración regional, y consolidar la ley 8.157.

Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones: normas para proteger vidas

La presidenta de la Comisión, Nancy Bulacio, enfatizó el impacto humano del Digesto: “Este no es un simple ordenamiento normativo, es un hito político y democrático. Desde nuestra Comisión, analizamos 17 leyes, manteniendo vigentes 12 y consolidando 2, como la 6.274 y la 8.986 sobre juego responsable, y la adhesión a la ley 26.052 de narcomenudeo, que ha permitido más de 1.500 causas en Tucumán”. El legislador Alejandro Figueroa, integrante de ese cuerpo de trabajo, destacó normas clave como la 9.828 sobre juego responsable: “Esta ley regula actividades de juego para prevenir y tratar la ludopatía, un tema de salud pública”. La ley 9.786, que instituye la Semana Provincial de Prevención de Consumos Problemáticos y Ludopatía, fue resaltada por el legislador Alberto Olea (Digesto): “Este es un tema que constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad, los trastornos debido al uso de alcohol y de otras sustancias psicoactivas como las drogas ilícitas o los psicofármacos de prescripción médica son un problema creciente en términos epidemiológicos y con un gran impacto social y contribuye de manera importante a la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura", indicó el peronista.

En esta misma línea, señaló que el problema del consumo de estupefacientes "ejerce impactos negativos sobre la salud de las personas, sobre la dinámica económica y social y sobre las normas que rigen el tejido social, por lo tanto, su abordaje debe ser necesariamente intersectorial y multidisciplinario". Al respecto, destacó que la Cámara legisló sobre distintas leyes que abordan este problema desde una mirada integral y en distintos ámbitos generando herramientas para la promoción y la prevención del consumo de drogas, por ejemplo a través de la ley 8.910 la cual instituye el 26 de junio como Día provincial de la lucha contra el uso indebido y tráfico de droga; la ley 9.089 que establece la necesidad de campañas informativas sobre los riesgos de consumo de droga; la ley 9.677 creando el programa de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas destinado a estudiantes de todos niveles; la ley 9.104 que crea el programa de tratamiento de reinserción de personas con consumo problemáticos dentro de institutos penales de la provincia

Olea hizo hincapié en la ley 9.786 sancionada en junio del año 2024 por la cual nuestra provincia instituyó la semana provincial de prevención de consumo problemáticos y ludopatía, "esta norma es un paso más en la lucha contra uno de los flagelos sociales más complejos y dolorosos de nuestra época, esta ley no se limita a un gesto simbólico sino pretende aumentar el énfasis que merece esta problemática pues nuestra provincia, como el resto del país, enfrenta una realidad alarmante con el consumo problemático de drogas ilegales, el abuso de alcohol, el uso indebido de psicofármacos y la ludopatía afecta a jóvenes, adultos y familias enteras, causando sufrimiento, violencia e inseguridad, problemas de salud física y mental y desintegración social”. Ante lo expuesto, la Comisión de Digesto aceptó todas las sugerencias propuestas.

Juventud: voces de las nuevas generaciones

El vicepresidente de la Comisión de Juventud, Walter Herrera, subrayó el compromiso con las nuevas generaciones y resaltó que se trata de la última comisión creada e incorporada al reglamento de la Legislatura: “Este Digesto es un acto de soberanía legislativa para garantizar derechos y construir un futuro equitativo”. El secretario de dicha comisión, Agustín Romano Norri propuso derogar la ley 7.172 (garantizar la protección integral de la juventud en el ejercicio y goce de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Leyes de la Nación y Leyes de esta Provincia) y consolidar la 8.133, que adhiere al Consejo Federal de la Juventud: “Es una declaración política para dar protagonismo a los jóvenes y fomentar su participación”. La Comisión de Digesto aceptó estas recomendaciones.

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: el 25% del territorio tucumano protegido

La legisladora Silvia Elías de Pérez destacó el rol pionero de Tucumán en legislación ambiental: “Esta Legislatura creó el primer parque provincial, La Florida, y hoy protege el 25% del territorio con normas específicas”. La Comisión analizó 73 leyes, manteniendo vigentes 31, consolidando 29, derogando 2 y declarando caducas 11. La parlamentaria Adriana Najar resaltó normas como la 5.192, que protege el agua: "esta norma prohíbe que la industria azucarera vierta residuos en ríos y arroyos, una práctica que durante años contaminó nuestras fuentes de agua y dañó la biodiversidad"; la 9.392, que adhiere a la Ley Yolanda para capacitación ambiental obligatoria.

Najar, también hizo referencia a la ley 7.801 "que protege una de las zonas más hermosas y emblemáticas de Tucumán, como son los Valles Calchaquíes, esta ley los declara área protegida, lo que significa que se limite el avance de actividades que puedan dañar su paisaje, su fauna, su flora y su inmenso valor cultural. Este lugar es sagrado para nuestra identidad y merece ser cuidado", una norma clave si se tiene en cuenta la grave problemática que atraviesa la provincia con los sucesivos hechos de usurpaciones ilegales de tierras fiscales, fundamentalmente en la zona de los Valles.

Hugo Ledesma destacó la ley 6.292 de áreas protegidas "que busca proteger los recursos naturales como bosque ríos y animales, regulando actividades como desmontes y el uso de suelo con pendiente"; y la 8.304 de ordenamiento territorial de bosques nativos. Walter Berarducci, desde la Comisión de Digesto, celebró: “Saber que un cuarto de Tucumán está protegido es el puntapié inicial para enfrentar la crisis ambiental global”.

Carolina Vargas Aignasse cerró la sesión destacando el esfuerzo colectivo: “Este es un trabajo de los 49 legisladores, sus equipos y el personal de la Legislatura, sin distinción partidaria. No es solo un ordenamiento normativo, es un legado para mejorar la relación del Poder Legislativo con la comunidad”. Este proceso, que continuará mañana con el análisis de leyes especiales, tales como: Ley de Ministerios; Ley Orgánica de Tribunales; Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros; Código Tributario y Ley Orgánica del Subsidio de Salud, para, de esa forma, completar el estudio de todas las normas y avanzar con la sanción del Digesto final para ordenar el plexo normativo tucumano de una manera clara, accesible y al servicio de los ciudadanos.