En 2024, la inseguridad alimentaria afectó al 35,5% de los niños y adolescentes en Argentina, un incremento significativo frente al 32% registrado en 2023, según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA). El informe, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social, destacó que este porcentaje marcó uno de los picos más altos en la serie histórica, solo superado por el 37% de 2020, durante la pandemia. A pesar de las medidas del gobierno de Javier Milei, como el ajuste por encima de la inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, cerca de 4,3 millones de jóvenes no accedieron a una alimentación adecuada el año pasado.
El informe señaló que la inseguridad alimentaria severa, que implica niños y adolescentes que pasan hambre, también creció, pasando del 14% en 2023 al 16% en 2024, frente al 15% registrado durante la cuarentena por Covid-19. Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, responsables del estudio, explicaron que este indicador no se equipara directamente con la pobreza medida por ingresos del Indec, que alcanzó un 66,1% en menores de 0 a 14 años en el primer semestre de 2024, para luego descender al 51,9% en el segundo semestre. Sin embargo, refleja un deterioro en las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.“La AUH más la TA (Tarjeta Alimentar) tuvo un efecto protector frente a la IA (inseguridad alimentaria), especialmente en contextos críticos. Si bien los hogares que la reciben son más vulnerables estructuralmente, el análisis con modelos de efectos fijos muestra que la AUH+TA reduce significativamente la IA”, precisaron los expertos de la UCA. Tuñón destacó el impacto positivo de estas políticas: “El informe reflejó cómo la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo muestran durante este año (2024), por primera vez en la serie que hacemos, un efecto positivo. Aunque, por supuesto, es insuficiente, pero positivo estadísticamente, cosa que no había ocurrido en momentos anteriores”.
El aumento de la inseguridad alimentaria se relaciona con cambios en los patrones de gasto de los hogares, donde las familias priorizan el pago de servicios públicos en detrimento de la calidad o cantidad de alimentos. “Hay un cambio en la canasta de los consumos de los hogares en términos de los valores de esa canasta, y en ese marco creo que la percepción que tienen los hogares es de que el dinero que tienen no les alcanza o no les alcanza para tener los mismos estándares de vida que tenían antes”, explicó Tuñón en declaraciones al diario La Nación. Este fenómeno se agravó en hogares con jefes de hogar con empleos precarios, inactivos o en condiciones de pobreza, así como en familias monoparentales o numerosas.
El estudio identificó que la inseguridad alimentaria alcanzó niveles alarmantes en ciertos grupos: un 40% en hogares con jefes inactivos, un 51% en aquellos con subempleo o trabajos precarios, un 49% en hogares pobres y un 43% en familias monoparentales. “La IA afecta de modo particular a hogares pobres, con jefes con inserción laboral precaria, monoparentales y numerosos (cinco o más miembros). El empleo es el factor más decisivo”, señaló la UCA, destacando que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentó mayores niveles de inseguridad alimentaria que el interior urbano del país.
Tuñón enfatizó la importancia del empleo en este contexto: “Lo que se observa y que es muy relevante es cómo se incrementó la inseguridad alimentaria en los hogares en los que los adultos de referencia tienen una inserción informal y muy precarizada en el mundo del trabajo. En la serie, prácticamente se duplicó la propensión a que niños en hogares de trabajadores informales experimenten situaciones de inseguridad alimentaria”. La experta subrayó que el empleo de los adultos es un factor clave para explicar este fenómeno.Por otro lado, el gobierno de Milei, que asumió en 2023 enfrentando un déficit fiscal, inflación superior al 200% y escasez de dólares, implementó un ajuste económico que impactó en las condiciones de vida. A pesar de ello, un informe reciente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente del Ministerio de Capital Humano, proyectó una reducción de la pobreza al 31,7% en el primer trimestre de 2025, lo que implicaría que unos 11 millones de personas habrían salido de la pobreza en un año, con la indigencia cayendo del 20,2% al 7,3%. Estas proyecciones, respaldadas por estimaciones de la UCA (31,8%), la Universidad Torcuato Di Tella (32%), el Cedlas (31,1%) y ExQuanti (32,1%), no especificaron datos sobre la situación de niños y adolescentes en este período.
A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, el informe de la UCA pone en evidencia que la inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío crítico, especialmente para los sectores más vulnerables, donde las políticas de asistencia, aunque positivas, no logran revertir por completo el impacto de las condiciones socioeconómicas adversas.