A la espera del inicio en la licitación para la Ruta 9, el gobierno decidió extender la intervención de Corredores Viales

El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, decidió prorrogar la intervención de Corredores Viales S.A. hasta completar su proceso de privatización y posterior disolución, según lo dispuesto por el Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Esta medida, que extiende la intervención iniciada en abril, busca consolidar un plan de acción para renegociar contratos, optimizar la gestión y garantizar una transición eficiente hacia un modelo de concesión de obra pública por peaje, autorizado por la Ley Bases y el Decreto 97/2025.

El Ejecutivo justificó la prórroga al señalar que “resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores”. Además, destacó que “la complejidad de estos asuntos exige para su resolución de un plazo mayor al período que fuera inicialmente estimado para la Intervención”, requiriendo un tiempo suficiente para abordar tareas clave como la auditoría, la reestructuración organizativa y la preparación para la privatización.

La interventora designada, Anastasia María de los Ángeles Adem, continuará al frente del proceso, con la responsabilidad de realizar auditorías sobre el estado de los corredores viales y la gestión de la empresa, evaluar su situación financiera y organizativa, y elaborar un plan de reformulación. El decreto reveló que, durante la intervención, se identificaron “falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”. En respuesta, se implementaron medidas como un nuevo organigrama, reglamentos de compras y contrataciones, pliegos de bases y condiciones, y la creación de un Comité de Inversiones para mejorar la transparencia y eficiencia de la empresa.

Rutas que atraviesan la provincia

En paralelo, vale recordar que Tucumán fue escenario de una audiencia pública días pasados que marcó el inicio de la Etapa III del nuevo esquema de concesiones viales, abarcando más de 3.900 kilómetros de rutas en once provincias, incluyendo tramos clave como la Ruta Nacional 9 (Santiago del Estero-Salta) y la Ruta A016 (San Miguel de Tucumán-Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo). Este plan, que prioriza la inversión privada para modernizar la infraestructura vial, establece que no se cobrará peaje hasta garantizar un estándar de transitabilidad segura, con obras de rehabilitación que incluyen la eliminación de baches, el calce de banquinas, señalización completa y luminarias óptimas. “Durante el primer año, la concesionaria estará obligada a ejecutar todas las obras de rehabilitación sin cobrarle un peso a los usuarios”, aseguraron desde el gobierno nacional.

El tramo noroeste de la Ruta 9, con 596,52 kilómetros, mantendrá las plazas de peaje en La Florida y Molle Yaco sin modificaciones ni incrementos sin la autorización respectiva. Las obras, que contemplan la recuperación de calzadas, limpieza de banquinas y refuerzos estructurales, comenzarán a fines de 2025 tras una licitación pública prevista para agosto o septiembre. La concesión, con una duración de 15 años, estará sujeta a auditorías permanentes para garantizar transparencia y cumplimiento.

El objetivo de estas reformas es revitalizar la red vial nacional, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial, beneficiando a los usuarios y promoviendo el desarrollo regional. Sin embargo, la transición hacia la privatización de Corredores Viales, junto con las mejoras en infraestructura, plantea desafíos operativos y financieros que el Gobierno busca abordar con esta intervención extendida.