REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO
La Justicia suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional
La jueza Martina Forns frenó cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025 que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad, atendiendo una cautelar del gremio SEVINA. La medida prohíbe al gobierno de Milei realizar reubicaciones, traslados o cesantías, preservando el statu quo hasta resolver el fondo del asunto, en base a normas constitucionales y convenios de la OIT.
Por Tendencia de noticias
La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Martina Forns suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio SEVINA.
La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de "ejecutar cualquier acto administrativo, que derive" del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El gobierno de Javier Milei no podrá disponer "reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".
"Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", afirmó la sentencia.
La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia".
Forns no se pronunció sobre el planteo para declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 461 porque para ello es necesario un "estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba, que en modo alguno podrían resolverse con los elementos hasta ahora incorporados".
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