Jaldo redefinió la estructura estatal al integrar plenamente el área de Transporte al Ministerio de Obras e Infraestructura

En un movimiento estratégico para optimizar la gestión estatal y responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía, el Poder Ejecutivo de Tucumán, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, dispuso una reestructuración orgánico-funcional de la administración provincial a través del Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 8/3, firmado este miércoles. La medida, elevada a la Legislatura con el respaldo de los ministros Daniel Abad (Economía), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruíz (Salud), Susana Montaldo (Educación), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social) y Marcelo Nazur (Obras), introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Ministerios N° 8450, reasignando funciones y competencias para fortalecer el accionar del Estado.

El eje central de la reforma radica en la reconfiguración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que pasa a denominarse Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Este cambio incorpora a las competencias ministeriales la gestión del Transporte Público, un área hasta ahora gestionada por la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial, liderada por Vicente Nicastro. Según el decreto, “resulta pertinente modificar la estructura orgánico-funcional del Estado Provincial, a los fines de lograr una mayor efectividad de sus acciones, en orden a lineamientos y políticas públicas que se vienen desarrollando y contribuir a satisfacer en forma oportuna las demandas de la población”. La reasignación de competencias busca “garantizar el efectivo cumplimiento de las tareas que les son inherentes, como también eficientizar el accionar del Estado Provincial, a través de sus distintas dependencias”.

La reestructuración también establece que la Secretaría de Estado de Obras Públicas, dependiente del nuevo Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, asumirá la vinculación funcional con el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS), modificando los instrumentos legales correspondientes. Asimismo, se dispuso que “todos los convenios celebrados y los programas en ejecución pasarán a la órbita de los Ministerios pertinentes, según la asignación de competencias que se les atribuye por el presente”, asegurando la continuidad de las políticas públicas en curso.

Nexos con el Ejecutivo

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Abad, asumirá un rol clave como nexo funcional entre el Poder Ejecutivo y organismos estratégicos como el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). El decreto precisa que “la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) y Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) será a través del Ministerio de Economía y Producción, modificándose los instrumentos legales correspondientes”. Esta medida busca centralizar y optimizar la coordinación de servicios públicos esenciales, fortaleciendo la capacidad de supervisión y gestión del Estado.

La decisión, justificada en la “urgencia con que deben resolverse las situaciones indicadas”, se ampara en las facultades conferidas por el Artículo 101, inciso 2 de la Constitución Provincial, que habilita al Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia. La reforma mantiene inalterable la estructura orgánico-funcional aprobada para el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, pero amplía su alcance para integrar un sector clave como el transporte, en línea con las prioridades de modernización y eficiencia administrativa.