La jueza Julieta Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en el marco de la causa que investiga la realización de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, lo cual derivó en la nulidad del proceso judicial.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo de la investigación en San Isidro, sostienen en un escrito de 42 páginas —al que accedió la Agencia Noticias Argentinas— que existen elementos suficientes para imputar a la magistrada por los mencionados delitos.
En el documento, los fiscales afirman que “de las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”.
Según los fiscales, Makintach habría aceptado una propuesta comercial presentada por María Lía Vidal Alemán, con la expectativa de obtener beneficios económicos directos a futuro. Además, ambas habrían acordado que Juan Manuel D’Emilio se ocupara de la producción del proyecto audiovisual, mientras que la jueza se encargaría de facilitar aspectos clave desde su posición dentro del tribunal.
Entre otras acciones, Makintach se habría comprometido a habilitar locaciones dentro del edificio de los Tribunales de San Isidro, permitir el registro de imágenes desde el interior de la sala de audiencias donde se desarrollaba el juicio, y asumir el rol de presidenta del tribunal para lograr un mayor protagonismo frente a las cámaras.
La imputación se sostiene sobre el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y diversas declaraciones testimoniales, que permitieron reconstruir el grado de participación de la magistrada en el entramado del proyecto audiovisual, inicialmente titulado “Justicia Divina”.
Frente a estos hechos, los fiscales solicitaron que se inicie el proceso de juicio político y desafuero de la jueza para poder avanzar con su declaración indagatoria.
En declaraciones , Darío Saldaño, abogado de Makintach, adelantó que pedirá la nulidad del requerimiento fiscal. Señaló que su defendida está sorprendida por lo que calificó como “la actuación desprolija e ilegal de los fiscales”, y denunció además una posible “manipulación de la evidencia”.
Saldaño también anticipó que en los próximos días presentará una denuncia por espionaje ilegal ante la Justicia Federal, ya que —según expresó— el teléfono de la magistrada habría sido intervenido.
Por su parte, el abogado Rodolfo Baqué manifestó estar conforme con el avance de la causa, aunque pedirá que el pedido de imputación se extienda también a Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.