José Fernández Codazzi
La Cámara Federal de Corrientes ratificó la elevación a juicio oral de José Fernández Codazzi, exinterventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor en Esquina, investigado por el delito de peculado. El abogado, que ganó notoriedad mediática por haber representado a Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024, enfrenta acusaciones vinculadas a una causa iniciada en 2018, cuando una auditoría detectó irregularidades en la percepción y administración de fondos públicos.
Según el expediente citado por Infobae, Fernández Codazzi habría cobrado dinero por más de 425 trámites sin cumplir con los requisitos normativos y sin rendir los montos recaudados. La investigación apunta a un desvío de fondos y a una deuda impaga con el fisco provincial de $591.302, además de otros gastos acumulados por servicios postales y formularios. La propia auditoría determinó que los hechos generaron un perjuicio patrimonial al Estado.
En primera instancia, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo le imputó abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y peculado. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones declaró prescriptos los dos primeros delitos, manteniendo únicamente el de peculado, tipificado en el artículo 261 del Código Penal. Como medida preventiva, se dispuso un embargo de $1.000.000 sobre los bienes del acusado.
El tribunal compuesto por los camaristas Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo resolvió que el exinterventor enfrente el juicio sin prisión preventiva, al no contar con antecedentes penales ni representar riesgo procesal. La causa no guarda relación con la desaparición de Loan, aunque la exposición mediática de Fernández Codazzi durante ese caso lo colocó en el centro de la atención pública.
En las próximas semanas, la justicia federal definirá el cronograma de audiencias y la citación de testigos para esclarecer el manejo de fondos públicos en la sede del Registro de la Propiedad del Automotor de Esquina. El fallo final podría derivar en sanciones económicas y eventuales condenas penales.