El Ejecutivo tucumano vetó exenciones fiscales a vehículos eléctricos para priorizar el uso de biocombustibles

El Poder Ejecutivo de Tucumán interpuso un veto total al Proyecto aprobado por la Legislatura, que buscaba establecer un régimen de exención y reducción progresiva del Impuesto a los Automotores y Rodados para vehículos eléctricos e híbridos. La decisión, formalizada mediante el Decreto N° 2815/13 y rubricada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se fundamenta principalmente en la incompatibilidad de la iniciativa con la consolidada estrategia provincial de transición energética, basada en el desarrollo y uso intensivo de biocombustibles derivados de la caña de azúcar.

El proyecto de ley en cuestión, sancionado por unanimidad en la sesión legislativa del 18 de septiembre pasado, y cuya autoría corresponde a la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) tenía por objeto "fomentar la producción, comercialización y uso de vehículos eléctricos e híbridos promoviendo el desarrollo de tecnologías de movilidad sustentable en la Provincia de Tucumán". Para lograrlo, la normativa preveía un esquema de beneficios fiscales: una exención total del "impuesto a la patente" durante los dos primeros años desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor, seguida de una reducción gradual del 60%, 40%, y 20% entre el tercer y quinto año, para luego proceder al pago total a partir del sexto año.

El informe de la Secretaría de Estado de Producción, clave en la determinación del veto, si bien reconoce "la relevancia de las iniciativas que persiguen la incorporación de tecnologías de movilidad más limpias", advierte sobre la necesidad de un "análisis prudente sobre la pertinencia de trasladar este modelo eléctrico al escenario provincial".

Recurso estratégico

El Ejecutivo remarcó que la estrategia tucumana ya está "fuertemente orientada hacia una vía alternativa de transición energética", apoyada en la expansión de los biocombustibles, con la caña de azúcar como "recurso productivo estratégico".

La Ley Provincial N° 9766, sancionada en 2024, declaró de Interés Provincial la promoción de biocombustibles y bioenergía. Esta normativa, según el decreto del veto, fijó lineamientos que entran en franca colisión con la movilidad eléctrica.

El Gobierno fundamenta su posición citando la necesidad de aplicar la "utilización generalizada y masiva de los biocombustibles en el ámbito provincial", abarcando flotas clave como: "Los vehículos automotores de bajo y mediano porte pertenecientes a las flotas del sector público provincial y de municipios y comunas adherentes, tanto propios como de terceros que presten servicios públicos; las actividades vinculadas a la contratación de bienes, servicios y obras públicas; los servicios de transporte escolar, taxis, remises y actividades análogas; el transporte vinculado a la recolección y disposición final de residuos y toda otra actividad que la Autoridad de Aplicación considere conveniente incorporar".

La orientación hacia los biocombustibles no es solo una elección ambiental, sino un imperativo económico: Tucumán es el "mayor productor de bioetanol de la República Argentina", con ocho de los 14 ingenios azucareros en actividad que cuentan con destilerías, lo que permite una producción anual superior a "500 millones de litros de bioetanol, consolidando a Tucumán como pilar en el abastecimiento energético del país". En consecuencia, esta política "no solo es ambientalmente coherente, sino también productivamente estratégica para nuestra Provincia, ya que permite sostener empleo, valor agregado y desarrollo local", sostiene el instrumento legal refrendado por el Primer Mandatario.

El Secretario de Estado de Producción, Eduardo Castro (foto inferior), concluyó que el proyecto de ley vetado "colisiona con el marco normativo provincial vigente". La coexistencia de un régimen de incentivos a la movilidad eléctrica, "desvinculado de la estructura productiva y energética provincial," con la Ley N° 9766 —que orienta obligatoriamente la transición hacia los biocombustibles—, "generaría contradicciones jurídicas, superposición de regímenes y riesgos de desarticulación en las políticas públicas".

Además, se advirtió sobre el impacto presupuestario de las exenciones: "la eventual asignación de beneficios fiscales al sector eléctrico implicaría un desvío de recursos que podrían, en cambio, fortalecer la cadena de valor de los biocombustibles, que ya cuenta con una infraestructura instalada, con normativa específica y con un arraigo histórico en la economía tucumana".

En definitiva, aunque se reconoció la "buenas intenciones que inspiran el proyecto bajo examen", el veto se justificó porque su contenido es "incompatible con las disposiciones legales provinciales vigentes, con el mandato político expresado en la Ley N° 9766 y con la estrategia política de transición energética que la Provincia de Tucumán viene consolidando".

Deficiencias técnicas y jurídicas

Sumado al conflicto estratégico, la Dirección General de Rentas (DGR) presentó un informe crucial identificando carencias técnicas y jurídicas que harían "inviable la aplicación del beneficio" fiscal. El organismo recaudador señaló omisiones fundamentales en la redacción:

• La norma "omite aclarar si debe tratarse de vehículos cero kilómetros y/o usados".

• Tampoco precisa "si la mencionada inscripción debe efectuase en Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor situados exclusivamente en la Provincia de Tucumán, o bien en cualquier Registro del país".

Adicionalmente, la DGR observó que el artículo 2° del proyecto contenía una "incorrecta denominación del gravamen al referirse al 'impuesto a la patente'," aspecto considerado no menor tratándose de una norma de exención o reducción de la carga tributaria, la cual es de "interpretación literal y restrictiva". La DGR enfatizó que estas observaciones no pueden ser subsanadas por el Poder Ejecutivo mediante reglamentación sin incurrir en exceso reglamentario.

El veto, en ejercicio de la facultad conferida por el Art. 71° de la Constitución Provincial, se configura como el segundo interpuesto por el Poder Ejecutivo a un proyecto emanado de la banca opositora Valores para Tucumán, integrada por la legisladora radical. El anterior proyecto vetado había sido el que proponía la creación de un Cuerpo de guardaparques provincial.

"Con ese veto, frenó la posibilidad de apostar a un aire más limpio, a la innovación y a la movilidad sustentable. Y en la provincia que lidera el ranking de smog del país, eso no es un lujo: es una urgencia. No es la primera vez: todo lo que sea medio ambiente, Jaldo lo veta. Los tucumanos merecemos gobernantes que piensen en el mañana, no que lo bloqueen. Porque el futuro no se veta". (Silvia Elías)