Noticias Argentinas confirmo que los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 16 de noviembre para votar en el referendo constitucional impulsado por el Gobierno, según lo autorizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país sudamericano.
El organismo electoral informó, mediante un comunicado, que definió la fecha del referendo durante una sesión extraordinaria, en la cual aprobó el calendario electoral, las directrices, el plan operativo y el presupuesto para los comicios, que asciende a 59,7 millones de dólares.
El CNE también aprobó la matriz de riesgos y el plan de contingencia para el referendo, que implica reformas a la Constitución, en el marco del proceso electoral iniciado el pasado 19 de septiembre.
Los votantes deberán pronunciarse con un “Sí” o un “No” ante dos preguntas que recibieron el aval de la Corte Constitucional. Estas están relacionadas con:
Eliminar la obligación del Estado de entregar recursos del presupuesto a organizaciones políticas.
Eliminar la prohibición para el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador.
La prohibición expresa del establecimiento de bases militares extranjeras en el país fue incluida en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007–2017).
Dicha restricción motivó la salida de tropas estadounidenses de la Base Aérea Eloy Alfaro, ubicada en la ciudad portuaria de Manta (oeste), donde operaba un Centro de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos destinado al control antidrogas en la región.
El CNE añadió que se aprobará también el cálculo del límite del gasto electoral, es decir, el monto máximo que podrán utilizar las organizaciones políticas y sociales para actividades de promoción, excluyendo la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y espacios publicitarios.
El monto autorizado para cada opción, tanto por el “Sí” como por el “No”, será de 2,7 millones de dólares.
“Con estas resoluciones, el CNE reafirma su compromiso con la transparencia del proceso electoral, el fortalecimiento de la democracia y la garantía de la participación ciudadana en las decisiones del país”, señaló el organismo.