Un proyecto de ley del PJ pone en jaque la hegemonía histórica del Banco Macro como agente financiero provincial

El legislador peronista Roberto Moreno, con el respaldo de sus pares de bancada Patricia Lizárraga, Roque Argañaraz, Jesús Marcelo Herrera y Mario Leito, presentó un proyecto de ley que tiene como eje central quebrar la hegemonía histórica del Banco Macro como único receptor de los salarios estatales. La iniciativa busca garantizar que todos los agentes de la Administración Pública Provincial, organismos autárquicos, comunas y municipios que adhieran puedan decidir libremente dónde percibir sus haberes. De ser aprobada, la norma pondría fin a décadas de exclusividad bancaria, promoviendo la "competencia bancaria, la inclusión financiera, la simplificación administrativa y la modernización del sistema de acreditación salarial".

El cuerpo del proyecto es taxativo al establecer que los trabajadores deben tener el control sobre sus ingresos. En su Artículo 1°, la propuesta define que su objeto es "garantizar a los agentes de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada el derecho a la libre elección de la entidad financiera en la cual percibir sus haberes". Para operativizar este derecho, el Artículo 2° dispone que la acreditación podrá realizarse tanto en cuentas bancarias tradicionales identificadas con CBU como en cuentas de pago interoperables mediante CVU, ajustándose a las normativas vigentes del Banco Central.

Uno de los puntos más disruptivos del proyecto es la prohibición explícita de acuerdos monopólicos. Según el Artículo 3°, "ningún organismo comprendido en la presente ley podrá imponer restricciones, condicionamientos, requisitos adicionales o prácticas administrativas que limiten, dificulten o impidan el ejercicio del derecho reconocido". En la misma línea, el texto subraya que "ningún convenio celebrado entre el Estado Provincial y entidades financieras podrá establecer cláusulas de exclusividad que afecten la libertad de elección bancaria de los trabajadores".

Moreno fundamenta su propuesta en la existencia de barreras que hoy impiden a los empleados públicos cambiar de banco con facilidad. En los fundamentos del proyecto se señala que, aunque existen mecanismos nacionales de portabilidad, en la práctica tucumana "persisten múltiples obstáculos administrativos y operativos que dificultan el pleno ejercicio de dicho derecho por parte de empleados públicos provinciales y municipales".

La crítica hacia el sistema vigente es contundente, describiéndolo como un esquema rígido que beneficia la concentración financiera: "En numerosos casos, los trabajadores continúan sujetos a esquemas de acreditación concentrados en determinadas entidades financieras debido a prácticas burocráticas, sistemas administrativos rígidos, falta de digitalización o ausencia de mecanismos claros y accesibles para solicitar el cambio de entidad bancaria". Ante esto, el proyecto busca asegurar no solo la libre elección, sino también la "digitalización de procedimientos" y la "transparencia en los convenios celebrados entre el Estado y entidades financieras".

Una hegemonía de tres décadas

La relación de exclusividad que el proyecto busca disolver tiene raíces profundas que se remontan a mediados de los años noventa. Según registros oficiales, el vínculo exclusivo se originó mediante un convenio de prestación de servicios celebrado el 8 de julio de 1996 entre el Superior Gobierno de la Provincia y el entonces Banco del Tucumán S.A., aprobado bajo el Decreto N° 1226/3(MP). En aquel instrumento, el Artículo 4° ya determinaba la "obligatoriedad de mantener como agente financiero exclusivo para la provincia a la referida institución bancaria".

A lo largo de los años, la entidad cambió de manos y denominación, pero mantuvo su estatus privilegiado. Tras varias prórrogas, como la establecida en la Ley N° 8311, la relación se consolidó definitivamente el 15 de octubre de 2019, cuando se concretó la fusión operativa entre el Banco del Tucumán S.A. y el Banco Macro S.A.. A partir de ese momento, el Banco Macro comenzó a actuar formalmente como "sociedad continuadora del Banco del Tucumán S.A.", asumiendo todos los derechos y obligaciones del convenio original de 1996, manteniendo la exclusividad que el actual proyecto de ley del PJ pretende ahora eliminar para devolverle la potestad de elección al trabajador.