En medio de una profunda crisis en el transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán, un duro cruce se generó entre la Intendencia capitalina y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).
Días atrás, los empresarios enviaron una carta formal a la intendenta Rossana Chahla, en la que expresaron su “preocupación” por la crítica situación del sector y advirtieron sobre una posible paralización del servicio en el corto plazo.
“Tal como le anticipáramos en nuestra última audiencia en el mes pasado, la situación lejos de mejorar se profundizó a niveles críticos y lamentables que nos colocan en situación de extrema emergencia”, señaló la nota firmada por el presidente de AETAT, Daniel Orell.
Entre los factores que agravan la crisis, los empresarios mencionaron la caída de la demanda, el deterioro económico general, el crecimiento de medios alternativos de transporte —legales e ilegales—, y la falta de políticas públicas de transporte a lo largo de los últimos 15 años. Además, aunque aclararon que no solicitarán un aumento de tarifa (actualmente en $950), propusieron que se avance hacia un modelo de pago por kilómetro recorrido, similar al de ciudades como Salta, Mendoza y Córdoba.
Frente a este planteo, la respuesta desde el municipio no se hizo esperar, y fue contundente.
Alejandro Sangenis, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y funcionario de confianza de la intendenta Chahla, cuestionó duramente a los empresarios del sector.
“Reaparecieron los muertos vivos, millonarios que viven de subsidios y unidades nuevas gratis, sometiendo a la población más sufrida a interminables esperas e inseguridad por restringir las frecuencias”, disparó Sangenis. Y agregó: “Si son tan capaces, que vayan a competir en Salta, Mendoza y Córdoba. No se debe permitir que se transformen en poder dentro del Estado. La gente los repudia y hay que ponerlos en su lugar”.
La reacción del funcionario generó sorpresa en algunos sectores, dada la gravedad de las declaraciones, y dejó en evidencia la creciente tensión entre el municipio y los responsables del transporte público.
Por el momento, no se ha confirmado una nueva reunión entre las partes, pero el conflicto pone en jaque la continuidad del servicio urbano en la capital tucumana, y plantea la urgencia de una reformulación integral del sistema de transporte.