La oposición con un mensaje claro a Jaldo: "Queremos que la intervención vaya a fondo, con transparencia, no a limpiar o esconder"

En una conferencia de prensa cargada de críticas y demandas, legisladores de la oposición en Tucumán alzaron su voz para abordar la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, decretada por el gobernador Osvaldo Jaldo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida, que suspende al Ejecutivo local y al Concejo Deliberante, responde a una crisis institucional desatada por audios virales que exponen presuntos vínculos entre funcionarios municipales, narcotráfico y prácticas corruptas, como la compra de votos con drogas.

Los legisladores, encabezados por el diputado nacional Roberto Sánchez y los parlamentarios provinciales José Cano, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Manuel Courel, Raquel Nievas y Alfredo Toscano, denunciaron que llevaban años alertando sobre esta situación, sin respuesta de las autoridades provinciales hasta ahora.

La intervención, oficializada este domingo con la jura del contador Guillermo Alfredo Norry como interventor, busca restablecer la institucionalidad en Alberdi, un municipio que, según el DNU, enfrenta “graves hechos que han puesto en crisis el orden institucional y la seguridad de la comunidad”. El decreto señala la “imposibilidad de las autoridades actuales de ejercer normalmente sus funciones” y destaca reiterados casos de venta de estupefacientes, así como el incumplimiento de deberes por parte de las autoridades locales. Sin embargo, los legisladores opositores advierten que la intervención no debe ser una medida cosmética y exigen la creación de una comisión especial en la Legislatura para supervisar el proceso y garantizar que se desmantele la red de corrupción enquistada en el municipio.

Denuncias de larga data ignoradas

El diputado Sánchez (UCR) fue contundente al señalar que las denuncias sobre la situación en Alberdi no son nuevas. “Lamentablemente, tuvo que viralizarse un audio para que se tomaran medidas. Desde 2023, y antes también, veníamos denunciando que en Alberdi se cambiaban votos por droga. Lo dijimos en el Juzgado Federal, con videos y fotos como pruebas. Nos llamaban ‘denunciantes seriales’, pero el tiempo nos dio la razón”, afirmó Sánchez. El legislador nacional recordó que en aquellos videos se mencionaban nombres de funcionarios municipales, incluido el intendente, y se evidenciaba la presencia de mafias y corrupción en el municipio.

Por su parte, José Cano (Radicalismo Federal), profundizó en el contexto de anomia institucional que, según afirmó, reina en Alberdi desde hace décadas. “Desde 2006, cuando era legislador, presenté denuncias por irregularidades en el municipio, como cheques y documentación hallados en allanamientos. En 2013 denunciamos vínculos con el narcotráfico, y en 2023, un video viral mostró la connivencia entre el poder político y el narcotráfico. Uno de los nombres que dimos entonces está preso por un doble homicidio en Orán, vinculado al narcotráfico. Esto ameritaba la intervención hace tiempo”, sentenció Cano. El parlamentario también señaló un reciente secuestro de un kilo de cocaína y la detención de un individuo mencionado en las denuncias previas.

Elías de Pérez (Valores por Tucumán), justamente nacida en Alberdi, expresó su indignación por el deterioro de su ciudad natal y llamó a garantizar que la intervención no sea una “puesta en escena”. “Queremos que Alberdi vuelva a ser la ciudad que conocí, donde crecí. No buscamos fotos ni hechos políticos, sino que el interventor vaya a fondo, con transparencia, y no a limpiar o esconder. Por eso presentamos un pedido de conformación de una comisión especial en la Legislatura para seguir de cerca esta intervención”, afirmó. Además, exigió una sesión inmediata para tratar el tema, subrayando que “esto no puede esperar” y debe tener “toda la fuerza de ley que la Constitución necesita”.

Temor en la Ciudad

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) amplió el alcance de las críticas, señalando que el problema trasciende Alberdi y refleja un “desmanejo total” en los municipios del interior. “Hablamos de sistemas feudales, de falta de control y de impunidad. No solo es Alberdi; hay casos con cheques millonarios retirados por ventanilla en otros municipios. Esto no puede agotarse en una intervención superficial”, declaró. Courel también destacó el rol de los concejales opositores de Alberdi, como Luis Díaz Augier y Adolfo Chavero, quienes, según afirmó, enfrentan persecución por denunciar estos hechos.

Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán), exmédica ginecóloga del hospital de Alberdi durante 20 años, hizo hincapié en el clima de temor que viven los ciudadanos. “Los alberdianos tienen miedo hasta de manifestarse debido al nepotismo que reina hace años. He visto extravíos de niños, violaciones y secuestros. Ese audio viral muestra una confianza alarmante entre el intendente y quienes dialogan. ¿Son amigos? ¿Son socios? Eso debe investigarse”, afirmó Nievas, quien también cuestionó la inacción judicial ante denuncias previas.

Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), por su parte, criticó la falta de alternancia en el poder, señalando que el municipio lleva 22 años gobernado por la misma familia. “El intendente estuvo 12 años, luego su esposa (la legisladora Sandra Figueroa) ocho, y ahora dos más. Esto genera corrupción y nepotismo. La intervención es solo el principio; hay que investigar a fondo quiénes son los responsables del narcotráfico y la corrupción”, expresó. Romano Norri también mencionó el sistema de acoples electorales como un factor que perpetúa estas prácticas y lamentó la reacción tardía del gobierno provincial.

Finalmente, Alfredo Toscano (Compromiso por Tucumán) calificó la situación como “una página triste para Tucumán” y llamó a combatir no solo el narcotráfico, sino también la prostitución y la inseguridad en Alberdi. “No es ninguna novedad. Lo venían diciendo los alberdianos y nuestro espacio político. El oficialismo no puede hacerse el desentendido. Queremos que gente decente gobierne Alberdi y que los ciudadanos vivan en paz”, afirmó, anticipando una propuesta electoral opositora para las elecciones del 26 de octubre.

Un llamado a la acción y la transparencia

La intervención de Alberdi, con la designación de Norry como interventor, marca un punto de inflexión en una crisis que, según los legisladores, podría haberse evitado con una acción más oportuna. El DNU, que será tratado en la Legislatura y publicado en el Boletín Oficial, busca restablecer el orden institucional y organizar elecciones para completar los mandatos en curso. Sin embargo, la oposición insiste en que el proceso debe ir más allá de una medida administrativa. “Acá lo que hay que desentrañar es la connivencia entre la política, la droga y la falta de actuación judicial en tiempo real”, sentenció Cano.

Con un municipio sumido en la anomia y una comunidad marcada por el miedo, la intervención de Alberdi se presenta como un desafío crucial para el gobierno de Jaldo. La oposición, mientras tanto, promete no bajar la guardia y seguir exigiendo que se haga justicia, en un contexto donde la confianza en las instituciones está profundamente erosionada.