La jueza Ballesteros presentó un pedido de juicio político contra el ministro fiscal, Edmundo Jiménez

En medio del proceso de remoción al que está siendo sometida en la Legislatura, donde enfrenta acusaciones por maltrato y violencia laboral, la jueza penal María Carolina Ballesteros presentó ayer un pedido de juicio político contra el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez.

La magistrada, en calidad de ciudadana y con el patrocinio de su abogado Gustavo Morales, acusó al ministro fiscal de ejercer el comercio de manera personal a través del a empresa Campos del Sur SRL, integrada en junio de 2023, actividad que es incompatible con la función pública que ejercen las autoridades del Poder Judicial.

Ballesteros presentó como prueba una documentación relacionada con la constitución formal de esa firma comercial, con domicilio en calle Lamadrid 362, de la capital, y dedicada a la cría de ganado bovino. Además, en su presentación, la jueza advirtió que la ley que regula el proceso de enjuiciamiento establece que “el ejercicio del comercio en forma personal” es causal de enjuiciamiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del ministro Fiscal.

Ballesteros plantea que en el Boletín Oficial se puso en conocimiento de la comunidad la modificación del contrato social de Campos del Sur SRL, mediante el trámite en el Expte. N.º 3477/205/2023. Según la presentación, se formalizó un contrato de cesión de 110 cuotas sociales que le pertenecían al socio José Guillermo Gil, las cuales fueron adquiridas en ese acto por el ministro fiscal Jiménez. Se plasmó que el capital social de la firma es de 200 cuotas de un valor de $ 850 cada una, por lo que el funcionario pasó a ser el socio mayoritario. Las otras 90 partes pertenecen al médico Mario Ernesto Vega (h).

“Edmundo Jesús Jiménez despliega un proceder absolutamente indecoroso e inescrupuloso que lesiona severamente la confianza que se le ha otorgado para ejercer dicho rol”, expuso Ballesteros en la denuncia. La magistrada cuestionó que la empresa tenga domicilio constituido en calle Lamadrid 362, inmueble donde funcionó el estudio jurídico del ministro fiscal con anterioridad a la asunción en su cargo y donde actualmente ejerce la profesión de abogada su propia hija.

En el escrito, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, Ballesteros detalló que “a partir del 10/05/2023 el ministro fiscal Edmundo Jiménez comenzó a ejercer el comercio de cría de ganado bovino mediante la adquisición de la cuota social mayoritaria del capital social de la empresa Campos del Sur SRL (55% del capital social”. Y agregó que a partir de entonces “tiene el predominio hegemónico de la cantidad de cuotas sociales para decidir cualquier cuestión en asamblea, elegir autoridades, adoptar decisiones comerciales y la designación del gerente”.

La jueza apuntó a que “en el contrato de cesión, reconducción y modificación del contrato social que fue publicado en el Boletín Oficial N° 30.494 del 22/06/2023 el ministro fiscal no sólo ejerce el comercio, sino que comparece a tal acto jurídico simulando sus condiciones personales e institucionales, en cuanto declara que es abogado y casado”. En este sentido, recordó que Jiménez “no ejerce la profesión, sino que ocupa uno de los cargos de mayor trascendencia institucional de la provincia de Tucumán, cual es su condición de ministro fiscal de la Provincia de Tucumán, titular del Ministerio Público Fiscal y jefe de los fiscales”. Agregó que el magistrado también omitió declarar que es viudo de la ex jueza Susana Sánchez Toranzo.

Grave acusación

En otro párrafo de la denuncia, la juez Ballesteros sostuvo que “Edmundo Jesús ‘Pirincho’ Jiménez no solo ejerce el comercio en la provincia de Tucumán y otras provincias del país, sino que simula y esconde de manera ardidosa su patrimonio, ya que no registra inmuebles a su nombre, no registra vehículos a su nombre y no registra actividad en el sistema financiero del BCRA”. Según Ballesteros, el patrimonio de Jiménez se estaría desviando hacia la actividad comercial de esa empresa “aparentemente muerta, porque se adquirió estando vencido su contrato social y no se encuentra inscripta en la DGR con actividad comercial”. A continuación, aclaró que “a pesar de que no registra inscripción en el impuesto a los ingresos brutos en DGR Tucumán, la sociedad Campos del Sur SRL registra inscripción en el sistema de convenio multilateral, lo que indica que dicha sociedad ha comenzado a realizar actos de comercio en diversas provincias de nuestro país en el que se encuentran adheridas al sistema”.

En consecuencia, la jueza Ballesteros sostuvo que corresponde acusar a Jiménez por la causal de “mala conducta en el ejercicio de sus funciones”, que está contemplada en el artículo 6 inciso 6 supuesto de la Ley Provincial 8198. “Mala conducta de un magistrado significa una grave falta moral demostrativa de la carencia de principios y de sentidos morales, o la ausencia de esa integridad de espíritu, imprescindible para que un funcionario pueda merecer la confianza pública”, expuso en el escrito.

Antecedentes de una relación tormentosa

El contexto de la denuncia dentro del jury

Ballesteros está siendo sometida a un proceso de remoción por mal desempeño a partir de una denuncia promovida por el abogado Mario Leiva Haro, quien acusó a la magistrada de haber ejercido malos tratos, acoso y violencia laboral contra empleados judiciales que tenía a su cargo en 2019, cuando estuvo al frente del Juzgado de la V Nominación de la Capital.

La jueza quedó a merced de lo que decida el Jurado de Enjuiciamiento, que es presidido por la vocal de la Corte Eleonora Rodríguez Campos, sobrina del ministro fiscal Jiménez, quien a su vez es apuntado por el entorno de Ballesteros como uno de los impulsores de la denuncia del abogado Leiva Haro.

El año pasado la jueza Ballesteros había realizado cuestionamientos contra Jiménez y su desempeño en el Poder Judicial. Durante una audiencia virtual realizada el 15 de agosto de 2024, en el marco de una causa por robo, la jueza apuntó contra los funcionarios judiciales de edad más avanzada, incluido el ministro fiscal Jiménez.

“Por una cuestión biológica, a medida que nos vamos haciendo más grandes vamos perdiendo funciones cognitivas y esto es una cuestión natural de la misma biología de la persona. Bueno, sin dejar de contar que tenemos personas que conducen instituciones de gran importancia que tiene un año y dos meses, o dos años más que los juicios de Nüremberg”, expuso Ballesteros en esa audiencia, que quedó registrada en video.

“¿Cuántos años tienen los juicios de Nüremberg? ¿En qué año se hicieron los juicios, señores? A ver si ustedes saben”, preguntó la jueza en plena audiencia. Y ella misma respondió: “Comenzaron en noviembre de 1946. Y quien dirige la cabeza de una de las instituciones más importantes del Poder Judicial tiene un año y dos meses más que los juicios de Nuremberg”, afirmó, en referencia al titular del MPF, Edmundo Jiménez, quien tiene 79 años y lleva una década ocupando ese cargo.

En su exposición sobre la edad de los magistrados, Ballesteros dijo esa vez que “con el paso del tiempo la memoria va fallando”. Tras lo cual realizó una polémica comparación: “Por supuesto que dirigir una institución de este tipo no es como conducir la mesa de Mirtha Legrand un sábado a la noche, conducir una institución no es lo mismo conducir un almuerzo”, expresó.