CRISIS INSTITUCIONAL
El Gobierno por DNU pone en funciones al interventor del municipio de Alberdi
Los detalles de la intervención tras una crisis institucional vinculada al narcotráfico y denuncias penales contra funcionarios municipales.
Por Tendencia de noticias
En una decisión sin precedentes recientes, el Gobierno de Tucumán decretó la intervención total del municipio de Juan Bautista Alberdi, incluyendo tanto al Ejecutivo local como al Concejo Deliberante. La medida fue dispuesta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y refrendado por sus ministros, en respuesta a “graves hechos que han puesto en crisis el orden institucional y la seguridad de la comunidad”. Este domingo, el interventor designado, Guillermo Alfredo Norry, prestó juramento acompañado por funcionarios del gabinete provincial y autoridades judiciales y policiales.
El detonante de la intervención fue una sucesión de denuncias penales que involucran directamente a funcionarios municipales con actividades ligadas al narcotráfico y otros delitos conexos. El DNU detalla que la comunidad de Alberdi viene siendo víctima de hechos reiterados de venta de estupefacientes y que las autoridades locales “han incumplido con sus deberes”, generando una ruptura entre el Estado y sus ciudadanos. La situación se agravó luego de la viralización de un audio que implicaría a miembros del Ejecutivo municipal en maniobras delictivas.
El Gobierno argumentó que la intervención es necesaria por “la imposibilidad de las autoridades actuales de ejercer normalmente sus funciones”, además de señalar que la crisis impacta gravemente en el orden público y las buenas costumbres de los vecinos. El contador Norry asume la tarea de restablecer la institucionalidad local, y además será responsable de organizar elecciones para completar los mandatos en curso, según lo establecen la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades.
La intervención fue notificada a la Honorable Legislatura de Tucumán para su tratamiento, en tanto que el decreto será publicado en el Boletín Oficial. La medida lleva la firma de los ministros de Gobierno, Economía, Educación, Seguridad, Interior, Obras Públicas y Desarrollo Social, y marca un fuerte mensaje político del Ejecutivo frente a los vínculos entre estructuras municipales y el narcotráfico.
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