Con los empresarios del transporte como los "malos de la película", la Legislatura avaló la compra directa de colectivos

Finalmente, la Legislatura de Tucumán dio su aval al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia enviado por el gobierno de Osvaldo Jaldo para la adquisición por contratación directa de unidades 0 kilómetros destinadas al servicio de transporte público interurbano y rural. Se estima, de acuerdo a versiones oficiales, que la cantidad de ómnibus serán 100 con un gasto previsto, aproximadamente, de $16 mil millones, con el objetivo de buscar una solución a la crisis que afecta al sector desde hace varios años y que tiene a los usuarios como los principales perjudicados por una prestación defectuosa del servicio de movilidad urbana.

Durante el debate, que insumió casi cinco horas, la oposición alzó su voz para cuestionar la poca claridad del decreto, justamente en lo referido a cantidades de colectivos y monto a erogar por parte del Estado tucumano, a lo que se sumaron objeciones tendientes a poner sobre el tapete la modalidad de adquisición de los ómnibus, ya que se obvia a la licitación pública, pero, sobre todo, los mayores cuestionamientos estuvieron focalizados en quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esta compra: los empresarios del transporte automotor tucumano.

Paralelamente, en el recinto también quedó flotando que la cuestión en tratamiento obedecía, a su vez, a una interna en el propio partido gobernante, que enfrentaría al Primer Mandatario provincial con la intendenta de la Capital, Rossana Chahla. Es decir, una sesión que, en este tema, estuvo maracada por varias aristas, que van desde lo legal, lo económico, lo social y lo político.

El primero en tomar la palabra fue el miembro informante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, su presidente Carlos Gallia, quien defendió la validez y necesidad del instrumento que se envió para su aprobación. "La emergencia pública del transporte urbano de pasajeros y la crisis económica han exacerbado los problemas existentes en nuestro sistema de transporte, llevándolo a un punto de inflexión que requiere una intervención urgente y decidida", fueron los argumentos iniciales del parlamentario justicialista para justificar el DNU.

Seguidamente, sostuvo que el proceso de contratación directa resulta pertinente en este caso, puesto que se "evitan los largos procesos burocráticos de una licitación, esto es crucial para responder a la emergencia actual y evitar el colapso del sistema de transporte". Agregó que el Ejecutivo provincial dispuso de un proceso de cotejo de precios de por lo menos tres oferentes y "proponemos que se establezcan mecanismos de control y de auditoría rigurosos para garantizar que el proceso sea transparente y que los recursos se utilicen de manera eficiente y responsable".

Al respecto, Gallia resaltó el envío de un nuevo decreto complementario donde se especifica la conformación de una comisión de preadjudicación que llevará a cabo el análisis de admisibilidad de los presupuestos elevados, cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos referidos y elaborará el cuadro comparativo de ofertas.

Seguidamente, quien tomó la palabra fue Manuel Courel, que firmó un dictamen en minoría y adelantó su voto negativo al dictamen mayoritario avalando el DNU. En su alocución hizo hincapié sobre el millonario gasto que efectivizará el Gobierno y objetó a los empresario por su capacidad de devolver en plazos determinados el monto de cada una de las unidades que se les adjudicará. "No nos olvidemos que son los mismos empresarios a los que desde hace 4 años ya los estamos subsidiando con más de $31 mil millones y los ómnibus siguen siendo una desgracia, sin aire, no cumpliendo las frecuencias, tampoco respetando los recorridos", señaló.

En este sentido, Courel cuestionó que la Provincia aún no haya implementado beneficios de la tarjeta SUBE, que permite el subsidio a la demanda directamente. "Nos estamos perdiendo más de $9 mil millones que envía la Nación para subsidiar a los propios usuarios y no a los empresarios". Al tiempo de alertar finalmente, que de aprobarse la norma, la misma podría ser judicializada.

Por su parte, Claudio Viña (Nueva Fuerza) calificó al DNU de "pobre y hasta dudoso, que requirió de millones de aclaraciones por parte de los funcionarios provinciales". Si bien reconoció que es necesario actuar con premura para mejorar el servicio de transporte público, insistió en las formas en las que se trató el tema y los actores involucrados. "El lado malo de todo esto es cómo vamos a comprar los colectivos porque no está definido. Y lo peor es a quiénes se los vamos a dar, que son los empresarios, los malos de la película. Ellos mismos se definen como fundidos e inviables para pagar sueldos y los costos de mantenimiento de las unidades, que en las actuales condiciones no pueden seguir adelante. Entonces, estamos comprando antes de saber si lo pueden pagar. Y lo más irónico es que, si lo hacen, lo van a pagar con el mismo subsidio que el propio Estado les está dando".

Indicó, además, que le llama la atención que los empresarios no hayan solicitado los colectivos, sino siempre pidieron remesas por parte del Gobierno. "No sea cosa que tengamos que poner una colectiveria en la Casa de Gobierno, porque hablaría de un pésimo negocio con dinero del Estado", ironizó. Más allá de las críticas, Viña dijo que, por última vez, votará en positivo una norma tratada de esta manera.

"Circo intervencionista"

En tanto, el radical José Seleme sostuvo que no apoyaría la aprobación del decreto, más allá que el estado de situación del sector refleje una crisis terminal "como consecuencia de una mala administración del empresariado, quienes se enriquecen a costa del Estado, provocando que el sistema llegue a un estado insostenible". "Los subsidios han sido sinónimos de corrupción, se perdió el sentido empresarial de las firmas prestadoras del servicio, se levantan todo el día pensando en cómo obtener más subsidios . Cuando lo que en verdad se tiene que subsidiar es directamente a la demanda", protestó.

Por su parte, el republicano Ricardo Bussi cuestionó desde un primer momento el accionar del Gobierno al enviar este decreto al Parlamento local. "Ahora resulta que tenemos un gobernador que se muestra libertario en la Nación pero intervencionista y populista en Tucumán. Porque el subsidio que el gobierno provincial gira mes a mes a los empresarios privados no es para los usuarios, es para la sostenibilidad del negocio de los empresarios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo esta distorsión?", se preguntó.

Le exigió al Mandatario soluciones concretas a la problemáticas del transporte y no "parches con la plata de los tucumanos". "Nos encontramos ante un conflicto severo del sistema de transporte que no va a solucionarse con 100 colectivos. Debería el Gobernador contarles a los ciudadanos de a pie cómo van a hacer los empresarios para devolver la plata de esos colectivos. Con aumento de boleto por supuesto. Revisen todos los subsidios que el Gobernador les dio a los dueños de colectivos, quienes dicen que no les alcanza. Entonces ¿Cómo harán para pagar estas nuevas unidades? ¡Recuerden que todo este circo intervencionista alguien lo paga!", exclamó Bussi, adelantando su voto en rechazo del DNU.

El justicialista Carlos Najar indicó que las críticas de la oposición lo que buscaban eran "condicionar a las empresas que se presenten en el cotejo de precios. Las críticas salen de los que no usan el transporte público, porque el que lo usa sabe que con esta medida estamos garantizando la frecuencia y el estado de las unidades, algo fundamental para mejorar el transporte".

Otra referente de la Unión Cívica Radical, Silvia Elías de Pérez también lanzó sus dardos por la manera en que el Ejecutivo pretende acceder a los colectivos, dejando de lado la licitación pública. "Cumplir las leyes no es burocracia, es lo básico que hace a la transparencia de los fondos, cuyos dueños son los tucumanos. El Gobierno licita desde computadoras hasta papel higiénico, no hay ninguna causa que justifique apartarse ahora de esto". Seguidamente, cuestionó que no se haya especificado un plazo para la devolcuión del dinero por parte de los empresarios: "estamos votando algo a ciegas, es una cosa de locos", reclamó.

José Cano calificó al DNU de "precario" al tiempo de recordar que los empresarios a quienes se les destinarán los ómnibus "fueron denostados por el propio oficialismo. Son ineficientes para el manejo de transporte público pero eficientes en inversiones inmobiliarias millonarias , comprando campos y edificios. Ese patrimonio, del Estado, lo tienen puesto en muchos otros lugares", aseguró. Puntualizó también que, con este proyecto, no se está avanzando en "una revolución del transporte" y exigió más controles por parte del Estado.

¿Todo por una interna?

Llamativa fue la defensa del oficialista José Orellana, quien dejó entrever cierta discordancia entre las necesidades en materia de movilidad que aquejan a toda la provincia. "Hay que garantizar que esto no sea una arbitrariedad política del Ejecutivo, hay que legislar para todos los tucumanos y para todas las secciones. No ví a empresarios que digan 'quiero micros', y saben por qué: porque ya no recibirán dinero, sino descuentos para pagar esos colectivos, a partir de ahora".

Su par de bancada, Gerónimo Vargas Aignasse, defendió la medida al sostener que "tenemos un DNU adecuado a la doctrina y en el marco de la Constitución, y estamos pensando en los usuarios, que vienen viajando como ganado en camión".

Otro de los radicales en el recinto, Agustín Romano Norri dijo que presentó un proyecto de ley que espera sea tratado con el objeto de conformar una comisión de control sobre los subsidios que se le entregan a los empresarios del sector automotor provincial a quienes vinculó políticamente con el partido gobernante local. "Estamos pagando favores políticos, porque en la luneta de los coches aparecen varios de aquí. Lo que hace el Gobierno es defender a una nueva unidad básica de la provincia, que es AETAT", disparó.

Luego, aseguró que el Ejecutivo "está discriminando al 40% de los tucumanos" por el hecho de que las unidades a comprar serán destinadas sólo para el servicio rural e interurbano y puso en contexto una disputa entre Jaldo y Chahla "para ver quien compra más colectivos. Estamos viendo una cuestión interna del peronismo que la terminan pagando los tucumanos". "Sólo mejoraremos el 10% del servicio y encima están actuando de una manera improlija", les espetó a los parlamentarios oficialistas.

El alfarista Walter Berarducci, detalló que, en 6 años, los subsidios para el transporte pasaron de $20 millones a $3000 mil millones, 165 veces más y remarcó la capacitad de pago de las unidades por parte del sector empresarial. "¿Qué va a pasar cuando se les descuenten los subsidios para afrontar el costo de los colectivos nuevos? ¿Con qué van a pagar los sueldos, el combustible. O vamos a seguir gastando en un servicio deficitario y fuera de control desde hace años?", se preguntó molesto.

Para Carolina Vargas Aignasse "la decisión del Gobernador (al enviar este DNU) se asienta en el enorme perjuicio del usuario", recalcó al justificar su voto positivo. Sin embargo, reconoció que "nos queda una inquietante sensación porque salimos a solucionar parcialmente un problema profundo".

Finalmente, quien tomó la posta fue el presidente de la bancada justicialista, Roque Tobías Álvarez, quien defendió el tratamiento del decreto y la contratación directa de las unidades al sostener que "le hacemos el gambito a la licitación porque hay que darles una respuesta a la gente". Aseguró que "no les estamos regalando nada (a los empresarios), porque es a título oneroso previo cumplimiento de requisitos como que la concesión esté al día, por ejemplo". Así también, adujo que en el instrumento legal no figura monto alguno que deberá erogar el Estado porque "si demoramos la compra no nos alcanza la plata que podamos poner en el decreto, por eso no dice nada sobre los valores, porque no sabemos el tiempo que demandará la compra".

Seguidamente, afirmó que aquellos empresarios "que no puedan devolver la plata, no tendrán créditos ni ómnibus". Insistió en que la entrega de las unidades se llevará a cabo conforme "la situación jurídica, económica y financiera de las empresas. No es al libre albedrío, hay límites marcados", concluyó.

Al momento de la votación, que se llevó a cabo de manera nominal, 35 fueron los votos que avalaron el DNU, mientras que 9 parlamentarios se manifestaron en contra.

Presentan nuevos colectivos

En relación al sistema de transporte, como había adelantado TDN, este jueves a las 9.00 horas, AETAT llevará a cabo la presentación de unidades 0 kilómetro y otras renovadas que se incorporarán a la flota de coches que prestan servicio en toda la provincia de Tucumán. El evento se realizará en el Parque 9 de Julio y contará con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo.