Multas por $93,7 millones: ARCA notificó a 52 tucumanos por mercadería extranjera ilegal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa a 52 residentes de Tucumán, notificándolos por la presunta tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero destinada a actividades comerciales o industriales, según se desprende de la publicación oficial en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta medida, que afecta a individuos con expedientes abiertos entre 2018 y 2023, implica una sanción económica de considerable magnitud, con un total de multas que alcanzan los $25,9 millones, cuyos montos individuales oscilan entre $17.000 y $11 millones por persona. A esta cifra se suma un cargo tributario por importación estimado en USD 49.139, que, al tipo de cambio oficial vigente el 4 de septiembre pasado, equivale a aproximadamente $67,8 millones. En conjunto, la deuda neta que enfrentan los involucrados asciende a $93,7 millones, una carga financiera que genera expectativa y preocupación en el ámbito local.

La notificación, firmada por el Administrador Divisional de la Aduana de Tucumán, Osvaldo Javier Acosta, detalla un procedimiento formal y riguroso. En el texto oficial se establece: “Se notifica a los interesados para que en el perentorio término de diez (10) días de notificados, tomen intervención en autos, presenten su defensa y ofrezcan todas las pruebas conducentes de que intentaren valerse en un mismo escrito y acompañar la documental que obren en su poder; bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes al no comparecer”. Esta disposición impone a los notificados la obligación de actuar con celeridad para evitar ser considerados en situación de rebeldía, un paso que podría agravar su situación legal.

El procedimiento aduanero exige, además, que los involucrados constituyan un domicilio legal dentro del radio urbano de la Aduana de Tucumán, ubicada en calle San Martín Nros. 608/610, 3er. y 4to. Piso, o utilicen los medios electrónicos establecidos por la normativa. De no hacerlo, se les asignará de oficio la sede de la Administración como lugar de notificación. Asimismo, se requiere el patrocinio de un abogado inscripto en la Matrícula Federal, y en caso de representación por terceros, estos deberán acreditar su personería, añadiendo una capa de complejidad al proceso defensivo.

Alternativas y decomiso

La notificación también abre una vía para mitigar las consecuencias. El texto señala: “Por último, se les hace saber que, si dentro del plazo conferido para contestar la vista efectúa el pago voluntario del mínimo de la multa por la infracción imputada y hacen abandono de la mercadería secuestrada a favor del fisco, en caso de corresponder, se declarará extinguida la acción penal y no se registrará el antecedente como lo prevén los arts. 930 y 932 de la Ley 22415”. Esta alternativa ofrece a los afectados la posibilidad de resolver el conflicto evitando antecedentes penales, siempre que cumplan con el abandono de los bienes y el pago mínimo de la sanción.

En paralelo, ARCA informó sobre las obligaciones tributarias derivadas de la importación, notificando a los involucrados de acuerdo con el art. 1103 de la Ley 22415. Además, se advierte que, de ser pertinente, se procederá de inmediato a la destinación aduanera de la mercadería involucrada —mediante subasta, donación o destrucción—, conforme a los arts. 439 y 448 del Código Aduanero y la Ley 25603. Esta medida subraya la determinación de la agencia de avanzar con la resolución del caso, afectando directamente los bienes en cuestión.

El caso, que abarca un período de cinco años, refleja un esfuerzo sostenido de las autoridades aduaneras por controlar el ingreso y manejo irregular de productos extranjeros en la provincia. La magnitud de las multas y la deuda tributaria, combinada con los plazos perentorios y las exigencias legales, coloca a los 52 notificados ante un desafío significativo, tanto financiero como procesal, en un contexto donde la transparencia en las operaciones comerciales sigue siendo un eje de fiscalización prioritario para el Estado argentino.