En medio del cierre de Vialidad, Tucumán lidera el ránking de rutas nacionales en mal estado

Argentina enfrenta una preocupante situación en su red vial, donde la mitad de los caminos nacionales no se encuentra en buen estado, según un relevamiento oficial. En 2024, la inseguridad vial se cobró un promedio de diez vidas diarias, con el 29% de los accidentes fatales ocurriendo en rutas nacionales y el 25% en rutas provinciales. Choques, colisiones, despistes y vuelcos representaron el 78% de estos siniestros, evidenciando la urgencia de abordar el mantenimiento de la infraestructura vial. En este contexto, la reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por el gobierno de Javier Milei, oficializada mediante el Decreto encendió las alarmas sobre el futuro de las rutas y los empleos asociados.

El cierre de Vialidad Nacional implica una reestructuración profunda del sistema vial argentino. Sus funciones, que incluyen la planificación, construcción y mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas, serán transferidas al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este cambio, según el vocero presidencial Manuel Adorni, busca “eficientizar la gestión pública” y combatir la corrupción, pero generó críticas por su impacto en el federalismo y la seguridad vial. En Tucumán, el legislador Walter Berarducci presentó un proyecto de resolución que rechaza el decreto, argumentando que “su dictado impacta de forma directa en el federalismo, con consecuencias negativas para la transparencia institucional” y que la DNV, creada en 1932, “es un organismo que trabaja articuladamente con las provincias” y cuya supresión “representa una violación a la división de poderes”.

En este contexto, Tucumán encabeza el ranking de provincias con el mayor porcentaje de rutas nacionales en mal estado. Según el relevamiento de la propia Vialidad Nacional, de los 185,4 kilómetros evaluados en la provincia —un tercio del total de sus rutas nacionales—, el 60% fue calificado como “malo”. La gobernación de Osvaldo Jaldo responsabilizó tanto a la gestión nacional anterior como a la actual por el deterioro, aclarando que la provincia solo asumirá la responsabilidad de las rutas provinciales. El Mandatario recordó que Tucumán cuenta con 600 kilómetros de rutas nacionales, y subrayó que "algunas han sido concesionadas a través de peaje". “Nosotros tenemos rutas muy importantes como la 9, la 157 y la 38, y claro que nos interesa saber cuál va a ser la decisión del Gobierno Nacional. Hay rutas que hay que reconstruir, otras que hay que terminar y otras que hay que mantener”, afirmó.

“Hay provincias que aceptaron el traspaso con los recursos correspondientes. Tucumán no. Tenemos más kilómetros de rutas provinciales, secundarias y terciarias, que son las que conectan nuestras economías regionales. Por eso priorizamos atenderlas, para eso tenemos presupuesto. Pero no tenemos para mantener las rutas nacionales, que son de exclusiva responsabilidad del Gobierno Nacional”, había indicado Jaldo enfáticamente.

A nivel nacional, Vialidad Nacional evaluó 19.171,3 kilómetros de los casi 40.000 que componen la red vial, determinando que el 47,5% está en buen estado, el 29% en mal estado y el 23,5% en condiciones regulares. Además de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires presentan altos porcentajes de rutas en mal estado, con 53,6% y 51,7% respectivamente.

El impacto laboral del cierre de Vialidad Nacional es otro punto crítico. La DNV cuenta con 5.184 empleados, de los cuales 190 están en Tucumán. Gabriel Acosta, secretario sindical del Personal de Vialidad Nacional en la provincia, advirtió que el cierre pone en riesgo los puestos de trabajo a nivel nacional, afectando tareas esenciales como bacheo, señalización, control de materiales, señalamiento, calzado de banquinas, despeje de badenes y el retiro de vehículos accidentados. El gobierno prevé reubicar a parte del personal en nuevas dependencias económicas o en servicios tercerizados, pero aquellos no reubicados enfrentarán un esquema de indemnizaciones o posibles sanciones por irregularidades laborales, según lo establecido en la Ley Bases. Además, el patrimonio de Vialidad, incluyendo maquinaria e inmuebles, será transferido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y su presupuesto de más de 456.000 millones de pesos pasará al Ministerio de Economía.

Múltiples perjuicios

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló que la falta de infraestructura vial genera pérdidas significativas. Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, destacó que el mal estado de las rutas impide el uso masivo de bitrenes, camiones que podrían transportar un 75% más de carga, reduciendo costos y prolongando la vida útil de las calzadas. “En gran parte del país la infraestructura actual no está preparada para este tipo de vehículos”, señaló.

Berarducci, en su proyecto de resolución, subrayó que la disolución “provoca como consecuencia inmediata que quedaría sin mantenimiento, reparación ni mejoras, los casi 40.000 kilómetros de red vial con el perjuicio que ello implica tanto en la transitabilidad, conectividad, movilidad, tanto de personas como de materias primas que hacen al desarrollo comercial del país”. Mientras tanto, el gobierno nacional insistió en que el mantenimiento que venía realizando Vialidad Nacional cubría entre el 30% y el 40% de las rutas con fondos propios, destacando los trabajos llevados a cabo en Tucumán en la Ruta 65, de 126 km, parcialmente pavimentada, que conecta el oeste de nuestra provincia y el este de la provincia de Catamarca. Une el empalme con la Ruta Nacional 38 en Concepción con la ciudad catamarqueña de Andalgalá. La ruta se encuentra pavimentada entre los empalmes con la ruta nacional 38 y la provincial 48, en las localidades de Concepción y Alpachiri respectivamente. Aunque el recorte presupuestario del 5,6% en 2024 respecto a 2023 reflejó una reducción en la inversión.

La disolución de Vialidad Nacional, sumada al crítico estado de las rutas, especialmente en Tucumán, plantea un escenario de incertidumbre para la seguridad vial, el desarrollo económico y la estabilidad laboral, mientras el debate sobre el rol del Estado en la infraestructura vial se intensifica.