POR OCUPACIÓN INDEBIDA
Torres ilegales: fuerte denuncia contra el ENRE, el Estado y TRANSNOA
El Club Banco Provincia presentó una demanda contra el Estado Nacional, el ENRE y la empresa TRANSNOA por la instalación ilegal de torres de alta tensión en su predio de Los Pocitos. La denuncia apunta a la falta de estudios de impacto ambiental, el riesgo para la salud de los socios —especialmente niños y jóvenes— y el uso no autorizado de tierras privadas. Exigen una indemnización y el soterramiento urgente de la línea eléctrica.
Por José Romero Silva
En el corazón de Los Pocitos, el Club Banco Provincia mantiene un reclamo que va más allá de lo deportivo: exige justicia ambiental, respeto por la salud y la propiedad comunitaria. En una acción judicial sin precedentes en la región, la institución demandó al Estado Nacional, al ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y a la empresa TRANSNOA S.A., por la presencia de dos torres de alta tensión instaladas ilegalmente en su predio hace más de tres décadas.
La demanda, presentada por el presidente del club, Carlos Cisneros, y su vicepresidente, Bruno Sogno, con el patrocinio del exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y la abogada Patricia Neme, no se limita a reclamar una compensación económica. También exige una solución de fondo: el soterramiento de la línea eléctrica que atraviesa el espacio, como forma de resarcir los daños y eliminar el riesgo persistente.
Según Neme, “estas torres no cuentan con estudios de impacto ambiental, ni aptitud técnica ni legal. La contaminación que generan es grave e incalculable”. Las torres fueron instaladas sin consulta, sin aviso, sin audiencia pública y sin los controles básicos exigidos por ley. Lo que empezó como una ocupación silenciosa del espacio privado, se convirtió con el tiempo en una amenaza latente para socios, trabajadores y especialmente niños y jóvenes que utilizan las instalaciones recreativas del club.
Además del daño patrimonial, el impacto sobre la salud es uno de los ejes centrales del reclamo. La abogada advirtió que “existen antecedentes en la provincia que demuestran que este tipo de torres emiten PCB, un compuesto altamente tóxico que puede generar efectos irreversibles en la salud de las personas expuestas”.
El predio, que alguna vez fue un lugar de encuentro y recreación, hoy está atravesado por una infraestructura que no solo interrumpe la actividad del club, sino que también transforma un espacio comunitario en una zona de riesgo.
“Lo que estamos reclamando es justo. Esta situación perjudica enormemente el medioambiente y la salud de la comunidad. Es momento de sentar un precedente legal”, expresó Neme al sitio Enterate.
TRANSNOA, como empresa concesionaria del servicio de transporte eléctrico en el NOA, opera bajo contrato estatal y, según la presentación judicial, no puede desentenderse de su responsabilidad. El reclamo también apunta al Estado, que por acción u omisión permitió durante décadas esta situación irregular. Los demandantes, además, solicitan que la Justicia impida al Estado recurrir a la ley de consolidación de deudas para evitar el pago de la indemnización, con el fin de garantizar una reparación efectiva.
Este caso podría transformarse en jurisprudencia. No solo por lo que representa para el club, sino por lo que revela sobre un patrón de impunidad y desregulación en la instalación de infraestructuras críticas en todo el país. “No se trata solo de este club. Estamos frente a una advertencia que vale para muchas otras comunidades invisibilizadas”, concluyó la abogada.
Mientras tanto, en Los Pocitos, las torres siguen ahí. Altas, metálicas, indiferentes. Pero esta vez, la comunidad no guarda silencio.
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